Yolanda Díaz dejó pasar dos años desde que Pablo Iglesias la señaló como sucesora (marzo de 2021), hasta que asumió públicamente el liderazgo de la izquierda alternativa (abril de 2023) de cara a las siguientes elecciones generales. Entre medias, Díaz cohabitó en el Gobierno con Irene Montero e Ione Belarra, entonces ministras, y fue blanco de los dardos de Podemos desde que presentó su proyecto político, Sumar, en julio de 2022.
Cuando no han pasado tres años desde su proclamación en el polideportivo Magariños, la vicepresidenta segunda ve moverse el terreno bajo sus pies, de nuevo sin aclarar su futuro político. Esto es, si aspira o no a ser candidata de un espacio muy erosionado (el CIS de este viernes les resta otro medio punto), en las elecciones que el ala socialista del Ejecutivo no contempla antes de 2027.
En su partido, Movimiento Sumar, dicen que aún no toca hablar de nombres, pero distintos dirigentes reconocen que hoy no hay ninguna figura con opciones reales de disputarle este rol. “Falta mucho”, insisten.
El ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, Pablo Bustinduy, es el dirigente que suena desde hace meses como potencial sucesor. Y, según media docena de interlocutores con mando en plaza, siempre se ha autodescartado. También lo hizo, abiertamente, en una entrevista en Eldiario.es.
A la espera de que Díaz muestre sus cartas -para lo que han ido incrementando la presión-, dirigentes tanto de Izquierda Unida como de Más Madrid, llevan tiempo deslizando que es hora de superar las siglas con las que concurrieron el 23-J de 2023.
Las dos formaciones, junto con Los Comunes y Movimiento Sumar, han multiplicado los contactos para explorar su candidatura conjunta a las próximas generales. Además de para asentar un espacio compartido de toma de decisiones políticas. “Se darán las conversaciones sobre la forma, aunque lo importante no son los nombres o las organizaciones, sino el fondo y el para qué estamos aquí”, inciden fuentes del partido de Díaz.
Los plazos en los que creen que deben decidir varían sensiblemente para las distintas formaciones: algunos no ven la necesidad de apretar al máximo el acelerador estos días, y no anticipan avances de gran trascendencia antes de marzo. Antonio Maíllo, líder de IU y candidato a las elecciones andaluzas, previstas para mediados de año, lleva tiempo urgiendo a dar estos debates. Acaba de volver a hacerlo.
Maíllo fue quien copó los focos el viernes, con su borrador de informe político que presenta este sábado ante la dirección de su partido. En concreto, el texto plantea que la unión de estas fuerzas para los próximos comicios debe fraguarse “bajo el paraguas de un nombre diferente a la de las organizaciones parte, para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte”. Esto es, dejando a un lado la marca Sumar.
Sumar, “tal y como lo conocemos ahora”, “no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un gobierno de PP y Vox”, apunta Maíllo. La exigencia de una nueva marca para distinguirse el partido de Díaz (Movimiento Sumar, con escasa implementación territorial), del conjunto del espacio, Sumar, no es nueva.
IU lleva tiempo exigiendo un cambio de siglas. En este momento político, sin embargo, tanto la coalición de Maíllo como fuentes de Más Madrid apuestan por enterrar esta denominación y forjar nuevas siglas. En el partido de Mónica García entienden que esta marca está “quemada”.
Y, en opinión de la coalición de Maíllo, hay que “acelerar la posibilidad de acuerdo entre organizaciones y empezar a trabajar para incorporar a más organizaciones, con un método democrático de funcionamiento”. Aquí alude, sin citarles, a Podemos, con quienes concurrieron en Extremadura.
No pactaron con los morados de cara a las elecciones aragonesas , en las que la izquierda se ha dividido en tres: Izquierda Unida y Sumar; Podemos y Alianza Verde y la Chunta Aragonesista, que concurrirá en solitario (aunque en el Congreso su diputado, Jorge Pueyo, opera bajo el paraguas del grupo Sumar).
Podemos, que ya ha designado a Irene Montero como precandidata a las generales, ha dejado claro que no concurrirá junto a Díaz. El rechazo es recíproco, y se extiende a fuerzas como Más Madrid. Pese a ello, la vicepresidenta segunda inició 2025 tendiéndoles la mano, y ha vuelto a hacerlo esta misma semana, cuando reclamó unidad para “ganar las elecciones y el país”. Para infundir “esperanza, no sólo ganar a la extrema derecha”, afirmó en La Cafetera (Radiocable). “No nos peleemos por chorradas”, exigió.
Han pasado casi 9 meses desde que Iglesias, que goza de gran predicamento en sus filas, dio a Sumar por “políticamente muerto”; los morados abandonaron el grupo Sumar en diciembre de 2023, y hoy no albergan la menor intención de sentarse a negociar con Díaz. En su espacio político son plenamente conscientes de cómo les penalizará acudir divididos a las urnas, pero esto no impide que Podemos no participe en las conversaciones. Ni está, ni se le espera.
La batalla por la vivienda y el pulso fallido con Sánchez
El viernes, Artículo14 adelantó que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pulsará el lunes el botón de la convocatoria electoral. Todo apunta a que, de nuevo, la izquierda alternativa concurrirá en dos listas este marzo, en un momento de extrema debilidad.
Díaz ultima estos días la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Lo hace con negociación a la interna, para indexar las subidas del SMI a los precios de los contratos públicos, y con la esperanza de lograr algo de oxígeno político en la que es una de sus horas más bajas.
El lunes, cuando Sánchez anunció las bonificaciones del 100% del IRPF para los caseros que no incrementen los precios en los nuevos contratos de alquiler, la vicepresidenta transmitió su enfado a La Moncloa.
Le indignó no haber sido avisada con más que unos minutos de antelación, cuando las negociaciones con sus socios para prorrogar por ley estos contratos aún no habían concluido -había encuentros agendados-. Y, especialmente, encendió a su espacio que el ala socialista haya optado por los “regalos fiscales” a los caseros para intentar que no escalen aún más los precios.
En las filas del socio mayoritario en el Gobierno ha sorprendido lo “cerrados” que están sus socios, y el jueves se abrieron a algunos cambios para intentar taponar una herida que puede seguir sangrando durante semanas, hasta que el real decreto ley llegue a votación en el Congreso.
Fuentes del Ejecutivo critican que Díaz y sus ministros no respeten las “competencias” que ostenta el Ministerio de Vivienda, mientras la acusan de haber desvelado el importe del SMI en rueda de prensa, sin avisar previamente de que iba a hacerlo. Díaz se ha hecho con esta bandera porque la mesa de diálogo social que cada año aborda esta subida depende de su Ministerio, aunque Sánchez siempre participa en la firma del acuerdo, en La Moncloa.
Los casos de supuesto acoso sexual en el PSOE, así como las novedades sobre la presunta corrupción de exdirigentes socialistas, sumieron al Ejecutivo en el caos y la depresión en diciembre. Díaz lleva desde entonces exigiendo una crisis de Gobierno, que en sus filas anticipaban en enero, y que en Moncloa insisten no contemplar: “No va a ocurrir”.
Al menos, en lo que se refiere a vivienda, hay unidad en su espacio. Y creen que el PSOE “se ha equivocado”, para quedar retratado como un partido que prefiere proteger a los propietarios, en vez de cubrir a los inquilinos.
Sin embargo, la parálisis legislativa, que se explica por la ruptura con Junts y con las sucesivas convocatorias electorales, desgasta particularmente al socio minoritario. En paralelo, las fuerzas que integran el espacio van mostrando sus cartas en estas semanas, mientras Díaz guarda las propias.
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