El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley para “la mejora de la gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación“. La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, fue remitida al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El objetivo principal consiste, según la versión de Moncloa, en adaptar el ordenamiento jurídico español a los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065, sobre servicios digitales, y 2024/1083, sobre libertad de los medios de comunicación.
Uno de los aspectos clave de la futura norma es la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- como coordinador de servicios digitales en España. Con esta atribución, la CNMC asume competencias de supervisión, control, inspección y sanción sobre los servicios digitales intermediarios, es decir, aquellas plataformas que facilitan el acceso a contenidos digitales, la transmisión de datos o la conexión entre usuarios y proveedores de servicios o bienes en línea.
La normativa establece que la CNMC velaría por el cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales por parte de estos proveedores. Entre las obligaciones contempladas se incluyeron la creación de canales eficaces para denunciar contenidos ilícitos, el incremento de la transparencia en los algoritmos de recomendación y la publicidad, la protección de consumidores en contratos online, así como la garantía de un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en el entorno digital.
Asimismo, se introduce un “régimen sancionador riguroso”, que contempla multas de hasta el 6 % del volumen de negocio anual global del infractor en casos de infracciones muy graves. Esta herramienta se diseña, según el Ejecutivo, para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por la normativa europea, y para ofrecer un entorno digital más seguro y fiable tanto para consumidores como para empresas.
Además, la futura ley modifica la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, para adecuarla al nuevo marco legal. Por otro lado, se modifica también la Ley 13/2022, de Comunicación Audiovisual, que pasa a denominarse Ley General de Comunicación Audiovisual y de Medios de Comunicación, ampliando su ámbito de aplicación a los prestadores de servicios de prensa.
Control de medios
Dentro de estas reformas, el Gobierno establece la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación públicos, dependiente de la CNMC. En él, los medios de ámbito estatal deben inscribirse y mantener actualizada información clave sobre su estructura de propiedad -es decir, quienes son sus editores-, los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad institucional y los ingresos percibidos por publicidad procedente de autoridades o entidades públicas extranjeras.
Según fuentes de Moncloa, este registro debe ser de libre acceso y se concibe como un instrumento de transparencia destinado a fortalecer la confianza ciudadana y empresarial. También se prevé la creación de registros autonómicos coordinados con el estatal, donde se inscribirían los medios de comunicación de ámbito regional.
El proyecto también atribuye a la CNMC nuevas competencias para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático en operaciones de concentración empresarial en el sector de los medios. Para ello, se contempla la elaboración de un procedimiento reglamentario específico y el fortalecimiento de su estructura organizativa mediante la creación de dos nuevas direcciones, la Dirección de Servicios Digitales y la Dirección de Medios de Comunicación.
En paralelo, se determina que la Agencia Española de Protección de Datos asumirá la supervisión de la prohibición de prácticas como la publicidad basada en categorías especiales de datos personales -como ideología, religión u orientación sexual- y la elaboración de perfiles de menores con fines publicitarios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transformación Digital, Óscar López, destacó que se trataba de una ley con un impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos. Subrayó que la norma ofrecía herramientas concretas para luchar contra las campañas de desinformación, el discurso de odio y los ataques al pluralismo informativo. El ministro añadió que el texto debía garantizar el respeto a las competencias autonómicas en materia de medios y que la inscripción en el registro, aunque no constitutiva, podría condicionar la recepción de publicidad institucional.
Finalmente, el ministro insistió en que esta norma completaba el “triple escudo de protección digital” junto con los reglamentos europeos de Inteligencia Artificial y de Servicios Digitales. Con ella, el Ejecutivo consideró haber dado un paso fundamental hacia un ecosistema digital más democrático, seguro, transparente y alineado con los valores del Estado de derecho y la pluralidad informativa en el espacio europeo.