La publicación este jueves en el BOE de la subida pendiente del 0,5% de 2024 no ha sido suficiente para calmar el malestar entre los empleados públicos. Para los principales sindicatos, la medida llega tarde y es insuficiente. Así, tanto CSIF como CCOO y UGT han elevado la presión sobre Óscar López, ministro de Función Pública, para reabrir la negociación del próximo marco salarial, el teletrabajo, la jornada de 35 horas y otras cuestiones clave.
Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha formalizado una demanda de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por el retraso acumulado de cinco años en la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).
Por su parte, las tres federaciones del Área Pública de CCOO y UGT han acordado un calendario de movilizaciones ante “los incumplimientos de la Administración con las personas trabajadoras en el empleo público”. La primera concentración tendrá lugar el martes 8 de julio frente al Ministerio de Hacienda, bajo el lema ‘Es la hora. #Cumple lo pactado’.
Temas pendientes
“La medida es tardía y claramente insuficiente [en alusión a la subida del 0,5%]”, afirmaron Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, y Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, en rueda de prensa. “Hacemos un llamamiento a todas las personas trabajadoras del empleo público para que secunden esta concentración”, añadieron. En este sentido, reclamaron que el inmediato cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Entre las cuestiones pendientes, los sindicatos señalan la necesidad de aplicar la jornada de 35 horas semanales, culminar los procesos de estabilización y regular la jubilación parcial para el personal laboral y estatutario. También reclaman la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al Marco Español de Cualificaciones, el desarrollo de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, el refuerzo de la atención presencial, la digitalización en zonas despobladas, la creación de empleo neto, el rejuvenecimiento de las plantillas y mejoras en la carrera profesional.
Teletrabajo
Por su parte, CSIF denuncia que “la implantación del teletrabajo lleva cinco años de retraso”. El sindicato recuerda que en abril de 2021 firmó el acuerdo de desarrollo de esta modalidad y que en diciembre de ese mismo año presentó alegaciones en la consulta pública, sin avances desde entonces. Esta organización considera que se trata de un incumplimiento de una obligación legal recogida en el real decreto de 2020, que fijaba un plazo de seis meses para su desarrollo.
Además, critica el bloqueo de otras medidas incluidas en los proyectos de ley de Función Pública paralizados en el Congreso, como la evaluación del desempeño, la movilidad, la jubilación parcial o la carrera profesional. “Función Pública está haciendo dejación de funciones”, afirma.
Mesa del negociación
En paralelo, CSIF reclamó también la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para abordar el nuevo acuerdo salarial. “El Gobierno da instrucciones en el BOE para el abono del 0,5%, tras las presiones de CSIF: esta subida llega tarde y es insuficiente porque seguimos con los sueldos congelados y llevamos perdido un 8 % desde el anterior acuerdo salarial”, denunció.
El Ministerio de Hacienda publicó hoy la resolución en la que dicta las instrucciones para aplicar el incremento con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. El aumento se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y deberá abonarse en la nómina de julio, salvo problemas técnicos o administrativos, en cuyo caso se hará efectivo en la siguiente posible. Esta subida se aplicará mediante una paga de atrasos y será consolidable.
Resolución de Hacienda
La resolución detalla el procedimiento de liquidación para personal funcionario, estatutario, laboral, altos cargos y directivos, incluyendo cambios de destino, bajas del servicio activo o fallecimiento del empleado. Para el personal laboral sin convenio o con regulación específica, se aplicará lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Aunque la resolución se dirige al personal del sector público estatal, la subida del 0,5% se aplicará también al personal de comunidades autónomas y entidades locales.
En total, más de tres millones de empleados públicos verán reflejado este aumento, que deriva del acuerdo marco para la Administración del siglo XXI firmado por el Gobierno con CCOO y UGT para el periodo 2022-2024.
Revalorización
Con esta subida adicional, los salarios públicos habrán crecido un 2,5% en 2024 (2% fijo más 0,5% vinculado al IPC). El IPCA acumulado de 2022 (5,5%), 2023 (3,3%) y 2024 (2,8%) ha superado el 8% que activaba esta cláusula. La revalorización total en el periodo 2022-2024 será del 9,5%, o hasta del 9,8% en términos reales, al ser consolidable.
