Las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido este viernes para hacer balance del parón histórico de tres días a lo largo de esta semana. Y han lanzado un comunicado a los medios de comunicación, en el que se anuncia la suspensión de la huelga, pero con una advertencia incluida: “Si la situación persiste sin cambios sustanciales retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento”.
Las cinco asociaciones: AF -Asociación de Fiscales-, APM -Asociación Profesional de la Magistratura-, AJFV -Asociación Judicial Francisco de Vitoria- FJI -Foro Judicial Independiente- y la APIF -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-, han concluido, tras una reunión para evaluar el proceso de movilización, que suspenden la huelga. Eso sí, no de forma permanente.
Las conclusiones de la huelga
La conclusión compartida es clara: “La respuesta ha sido firme, legítima y unitaria, y ha fortalecido nuestras posiciones”, aseguran.
Y los motivos que esgrimen para suspenderla son los siguientes:
Los requisitos legales establecidos en la normativa vigente. Conforme al artículo 4 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, toda convocatoria de huelga que afecten a servicios públicos debe ser comunicada con al menos 10 días naturales de antelación tanto a la autoridad laboral como al empleador, lo que impone un marco temporal rígido que impide reacciones inmediatas o espontáneas sin menoscabar la legalidad de la medida.
El mes de julio. Aseguran que el porcentaje de compañeros que empiezan sus vacaciones crece de manera exponencial. “Esta realidad tiene implicaciones prácticas decisivas”, aducen.
La obtención de datos. El hecho de que comiencen las ausencias por vacaciones, afirman que “dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos”, lo que provoca “distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización”.
Parón ineficaz. Afirman que “la afección efectiva al funcionamiento del servicio público de Justicia se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad”, por lo que “queda diluida hasta el punto de resultar ineficaz”.
En esta consideración de que la huelga perdería “todo impacto institucional”, y “generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio”, han decidido reactivar su jornada laboral.
No obstante, afirman, el comité de huelga mantendrá “su actividad con sentido estratégico, responsabilidad y unidad de acción, en una situación de vigilancia permanente y plena disponibilidad operativa”, en aras de activar inmediatamente nuevas medidas de conflicto colectivo cuando concurran las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia.
Un seguimiento “continuo”
Así, aseveran que las asociaciones realizarán un seguimiento “riguroso y continuo” de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo, evaluando el contenido de las enmiendas introducidas y su impacto real en la independencia judicial, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en los principios constitucionales que inspiran el acceso a ambas carreras.
Unas reformas “sin justificación alguna”
Las asociaciones insisten en los motivos que les han movido a convocar las movilizaciones, unas reformas que, aseguran, se han tramitado por vía de urgencia “sin justificación alguna”, y que suponen “un grave retroceso en los derechos profesionales de ambas carreras, en la independencia judicial y en el Estado de Derecho”.
Consideran de gran gravedad el que se hayan introducido 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, en los que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Supone un “agravio comparativo con el acceso por turno libre y perjudica a más de 4.000 opositores”, afirman.
Por otro lado, afirman que la reducción de la excelencia en todos los sistemas de accesos a las carreras judicial y fiscal, incrementa la subjetividad en la evaluación y premia a los que acceden por concurso oposición con cinco años de antigüedad ficticia, para anticipar su acceso a cargos de designación discrecional.
Asimismo, denuncian la atribución al Centro de Estudios jurídicos, dependiente del Gobierno, y las competencias para preparar opositores, lo que para las asociaciones evidencia el riesgo de selección ideológica.
Interés partidista
Denuncian el que se haya limitado la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, para reducir su capacidad operativa y función. También, la designación de cuatro de los nueve miembros de la Comisión de Ética Judicial, “con riesgo de designación partidista” como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, que posibilita su politización y deslegitima su función.
Otro de los puntos que contemplan, es que la nueva ley refuerza el poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, lo que limita aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, como paso previo a atribuirles la instrucción.
Por estos motivos, concluyen que las reformas en su conjunto representan un deterioro de los estándares constitucionales y europeos de independencia judicial.
El silencio del Ministerio de Justicia
A lo largo de estos días, desde las asociaciones se ha intentado contactar con el ministerio de Justicia, sin recibir ninguna respuesta por parte del ministro, Félix Bolaños. “Se ha enrocado en su posición inmovilista”, afirman en el comunicado.
Los movimientos del ministro muestran que no tiene intención de dar marcha atrás en su reforma. Además del silencio, el PSOE ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley.
Entre ellas, basta con acreditar cinco años de ejercicio profesional -incluso
con simple colegiación- y superar una prueba con una nota inferior al aprobado, lo que para las asociaciones “no garantiza los niveles mínimos de calidad exigibles”.
