La huelga convocada por los jueces y fiscales contra la “ley Bolaños” va a dar de qué hablar. Y no sólo porque el respaldo del mundo togado haya sido casi rotundo: según las asociaciones convocantes, el 75% se ha sumado al parón. Sino precisamente por la fuente de información: el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía no han contabilizado las ausencias en el puesto laboral. Esto mantiene en la ignorancia al ministerio de Justicia respecto al número exacto de descontentos con la norma y, su principal preocupación, de a cuántas personas tiene que detraer el sueldo.
Modus operandi del recuento
El modo de registrar la participación se ha llevado a cabo mediante un buzón de correo electrónico abierto por las asociaciones para que, de forma voluntaria y anónima, hagan constar quienes se suman a la huelga.
“Esto quiere decir que puede ser aún mayor el número de participantes”, explica María Jesús del Barco, presidenta de la APM. “Porque he tenido casos de compañeros que me han dicho de viva voz que han hecho huelga, pero no han enviado ningún correo”.
Asimismo, afirman, el recuento se ha hecho a través de la información facilitada por decanatos de las principales ciudades, cuyos titulares pertenecen a asociaciones convocantes, el cálculo aproximado de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones, en permisos, de baja o en situación de servicios especiales, y que por tanto no computan como ejercientes activos.
En esta situación, el ministerio de Justicia pone el foco en las asociaciones al lamentar que éstas no hayan informado directamente de los datos. Lo que tiene una réplica tajante por parte de la presidenta de la APM: “Yo no trabajo para el ministerio de Justicia. No tengo que darle ningún dato”.
Denuncian filtraciones “falsas”
Y lamenta las confusiones que han generado las filtraciones a algunos medios, en tanto a que el Consejo General del Poder Judicial no considera legal la huelga. “Eso es falso. Básicamente, porque no hay ninguna ley que lo indique”. Y pone el ejemplo de que los jueces y fiscales no pueden por norma jurídica estar adscritos a ningún partido político o pertenecer a ningún sindicato, pero no hay prohibición expresa en cuanto a que puedan manifestarse.
La postura del Ministerio
Por su parte, fuentes del ministerio de Justicia no esconden el problema al que se enfrentan ahora. “El CGPJ y la Fiscalía General del Estado consideran que la convocatoria no tiene base normativa, la dan por no convocada y no están recibiendo datos de personas que están secundando la huelga ni de los propios huelguistas ni de las asociaciones convocantes”, afirman. De tal manera que el ministerio se encuentra, en estos momentos, supeditado a la información de las asociaciones. “Esta comunicación es necesaria, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados”.
Cinco son las asociaciones que convocan el parón: AF -Asociaciones de Fiscales-, APM -Asociación Profesional de la Magistratura-, AJFV -Asociación Judicial Francisco de Vitoria- FJI -Foro Judicial Independiente- y la APIF -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-. Este 75% de apoyo significa que tres de cada cuatro jueces y fiscales en servicio activo han secundado la huelga, lo que les lleva a calificarla la primera jornada de movilización de “éxito rotundo”.
Bolaños no da marcha atrás
Pese a este apoyo, el ministerio dirigido por Félix Bolaños no tiene intención se sentarse a negociar una coma de la nueva ley, según evidencia su defensa a ultranza de las ventajas de la ley: ” Esta ley reitera la necesidad de una reforma que moderniza las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en 40 años y que, básicamente, blinda por ley las becas para opositores, incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades además de las memorísticas, y establece un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas (la mayoría son mujeres) para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea”, afirman.
Unas ventajas que no son compartidas por estas asociaciones, ya que denuncian que al bajarse el nivel de los requisitos para acceder a la carrera judicial, se intente seleccionar candidatos según el perfil político. Otro punto que ha hecho saltar las alarmas es que el Consejo Fiscal deja de ser un contrapeso, ya que se eliminan sus competencias decisorias, explican, dotando de un mayor poder al Fiscal General del Estado. Además, se reducen de seis a cinco los candidatos que pueden votar y, explican, “se modificarán los resultados de las votaciones en favor de las asociaciones minoritarias para dotarlas de una representatividad que no tienen”, afirma Cristina Dexeus, presidenta de la AF -Asociación de Fiscales-. “Con esta reforma, el único contrapeso que quedaría es la Junta de Fiscales de Sala.
La huelga se mantiene
“Lamentamos profundamente que, por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas”, aseguran desde las asociaciones. “Por otro lado, desconocemos el número exacto de juicios o señalamientos suspendidos, ya que se trata de un dato que únicamente obra en poder del propio Ministerio de Justicia, sin que las asociaciones convocantes tengan acceso a él”.
Y añaden: “En cualquier caso, conviene recordar que la labor de jueces y fiscales abarca mucho más que la celebración de vistas o juicios”. Asimismo, defienden que en todo momento se han garantizado los servicios mínimos esenciales. “Confiamos en que el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable”. La intención de las asociaciones es mantener la huelga los tres días. “El viernes no reuniremos para decidir qué camino tomar según los acontecimientos”.