La publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la amnistía de Carles Puigdemont se produce este jueves poco más de un mes después de que hayan visto la luz informes de la UCO sobre las cloacas del PSOE y las agendas de Leire Díez. En estos cuadernos torrenciales aparecen muchos nombres, favores, gestiones, tramas y negocios pero sobre todo predomina una pasión de la exmilitante del Partido Socialista, la judicial, por encima de la policial. Y entre la obsesión de Díez y el resto de compañeros de la cloaca con la Fiscalía Anticorrupción y los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda y lo que les puede afectar de la llamada operación Cataluña, especialmente a Javier Pérez Dolset y a Sandro Rosell, sobresale la fijación de la fontanera con el Tribunal Supremo (TS). Marchena, Llarena, Lesmes, Lucas, Tolosa reciben varias anotaciones pero un nombre sobresale sobre los demás: el del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ponente de la causa contra los políticos que promovieron el procés.
Bestia negra y teorías conspiranoicas
Y es que el Supremo es la bestia negra del independentismo y desde que Pedro Sánchez llega al poder, del Gobierno, especialmente tras la última investidura a cambio de la amnistía, y Díez trabaja para mantener a Sánchez en el poder, con lo que sus agendas y papeles de 2025 y 2025 giran especialmente sobre este asunto.
Una de ellas incluye una entrada profusa el 2 de septiembre de 2024 en la que se cita a los magistrados antes mencioados con anotaciones plagadas de teorías conspiranoicas y de referencias a su vida íntima y familiar, incluso, a datos médicos.
Los hijos de Marchena
La primera de ellas reúne a Marchena y a Pablo Llarena, el magistrado de la Sala Segunda que decidió no aplicar la amnistía a Puigdemont y del que pende la orden de detención, a cuya mujer acusa de favorecer la colocación de la hija de Marchena: “Ha incumplido la Ley por colocar a la hija de Marchena. El caso es el siguiente, cuando apruebas el examen de la oposición tienes que ir obligatoriamente a la Escuela Judicial. Si no apruebas la Escuela Judicial, no apruebas la oposición. La hija de Marchena opositó a juez y debía ingresar en la Escuela Judicial de Barcelona. Cogió la baja y suspendió ese año. Tienes derecho a otro año. No sólo no pasó la Escuela Judicial y no apareció como suspendida, sino que pasó a la lista de fiscales. La directora de la Escuela Judicial era Gema Espinosa. El marido de Espinosa es Pablo Llarena”.
“Elpidio Silva puso una querella por esto en el Supremo y no se ha admitido a trámite. Esto es prevaricación, tráfico de influencias. falsificación de documento público”, afirma Leire.
La Comisión de Selección, el órgano tripartito compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia concluyó que el proceso, inédito, por una baja por enfermedad grave de Sofía Marchena que Espinosa informó al CGPJ, a la que se reservó plaza pero se bajó su nota y se la colocó en último lugar de la promoción, fue ajustado a derecho.
Poco antes se lee en otra página: “Hijo de Marchena. 4.000 en A. 4.0000 en B”. Este tipo de mensajes se enmarca dentro de campañas de ACODAP, liderada por el exjuez Fernando Presencia, condenado por inventar denuncias falsas contra la judicatura). El modus operandi de estas acusaciones falsas consiste en publicar capturas sin validez legal de supuestas cuentas. Sobre el juez que lo llevo, Joaquín Gadea, escribe Díez que “tiene expediente completo”.
Esto se intercala con una entrada sobre que a su juicio se fue “contra Puigdemont” en noviembre de 2011.
“Marchena-Lesmes-Llarena”
A continuación de las anotaciones sobre la hija de Marchena, Leire carga contra Carlos Lesmes, expresidente del TS y del CGPJ: “Lesmes: Los actos del CGPJ contra magistrados se pueden recurrir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Lesmes ahora está en esa Sala juzgando los actos del propio CGPJ, lo que bloquearía la posibilidad de aplicar Justicia en el caso de irregularidades de magistrados cometidas en su mandato”, añadían. Lesmes es otro de los del área conservadora”.
Poco después, anota que cuando entró en el CGPJ, Lesmes advirtió de que a los jueces se les controla con palo y zanahoria, un comentario que levantó gran polémica en 2014.
Una nueva anotación “Marchena-Lesmes-Llarena” vuelve a aparecer más adelante.
César Tolosa y Pablo Lucas
Sobre el ahora magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa, Díez recoge que fue quien condenó a Luis Saénz de Tejada, el exjuez que se acercó a las cloacas para acabar con la carrera de la juez de Badajoz Beatriz Biedma: “Tres días después de condenar a Luis fue nombrado magistrado del TC”.
Tampoco se salva Pablo Lucas, el magistrado progresista del Supremo responsable de avalar las escuchas desde el 2009, sobre el que anota que tiene un hermano en la Sala Tercera y otro en el CGPJ -a propuesta del PNV- y “no se abstiene en las causas hasta pasado un año y medio después”.
Las agendas contienen menciones al excomisario José Manuel Villarejo, sobre el que la UCO ya reseñó que recibió la oferta de Leire de un pacto con la Fiscalía a cambio de información para extorsionar a jueces y políticos: “A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz. Entre esa documentación están los audios y los pagos que involucran a Marchena”.
Díez ‘ficha’ a Villarejo
Precisamente el 24 de julio de 2024, la Sala Segunda del Supremo que presidía Manuel Marchena planteó cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. En este sentido Díez también hablaba con Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, según reseña la UCO.
En un documento del 27 de abril de 2025 titulado “Acciones Cataluña” se alude a que se estaría avanzando y continuarían vigentes los acuerdos con Villarejo: “Uno de los obstáculos para poder ser más ágiles para poder culminar con éxito el tema de la amnistía es el Tribunal Supremo. También nosotros lo padecemos. Se puede decir que estamos avanzando, yo creo que estamos en la meta volante antes del final de la etapa para que el acuerdo con Villarejo y Paco Martínez se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo, sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales”.
Un archivo recoge instrucciones: “Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)”. “La idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado” basado en que “el cliente aceptará una pena de cárcel”, pero “no conllevará la pena de prisión” y en el que “tendrá que hacer frente a una multa económica”, aunque “se preservará parte del patrimonio”.
A partir de entonces, añade, “el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento” de las diferentes causas. “La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”, indica.
Dicha colaboración habría consistido, según el documento, en la “entrega de material de audio, ’emails’ y documentos comprometidos” de un listado de personas y temas, para “limpiar la corrupción del Estado”.
Listado de jueces, políticos y asuntos
Un listado, en el que aparecen “Marchena padre e hijo”, se encuentra en el texto y contiene a exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y su exmarido, Ignacio López del Hierro.
También incluye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su entonces número dos, Francisco Martínez, además de al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Todos ellos, junto a Villarejo, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen, el presunto operativo orquestado para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Del mismo modo, contiene a “otros miembros del PP”, “Mauricio Casals y todos los asuntos del Grupo Planeta”, Javier Iglesias, Manuel Corbí -jefe de la UCO cesado por Marlaska-, Alfonso Carrasco, Legálitas, Rafael Catalá, “la operación Cataluña completa”, “cualquier audio con personas del banco” BBVA, así como “todos los asuntos relacionados con el PSOE, especialmente de Andalucía”, y “todos los asuntos relacionados con Podemos”.
El acuerdo también incluiría un “informe de inteligencia” sobre “PS” -siglas utilizadas para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez según el atestado- realizado presuntamente por Villarejo.
José García Cabrera, abogado de Puigdemoent, afirmó que Díez le dijo que le iba a “recibir el FGE – Fiscal General del Estado-” en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el caso Kitchen.
El letrado de Villarejo aseguró que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal General del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.
Francisco Martínez y el abogado de Puigdemont
La UCO también recoge conversaciones entre Díez y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y constata al menos dos reuniones fechadas el 15.07.2024 y el 22.07.2024. La exmilitante afirmó “su intención de llegar a un acuerdo con él, indicándole que su equipo estaba tratando de encontrar la manera de sacarle de todo esto”.
Díez señaló que la vía para la resolución de su situación procesal pasaría por la consecución de un acuerdo con la Fiscalía, “para que la cosa se quede en lo menos posible, y por supuesto en libertad, y por supuesto intentando salir de todo esto cuanto antes y mejor”. Ante dicha manifestación, Martínez indicó que esa posibilidad ya le había sido previamente ofrecida por Boye, a lo que Leire respondió: “Pero es que Gonzalo no es”, dando a entender que este no ostentaría la posición que ella disponía.
El informe detalla que la evidencia analizada en cuanto a la relación establecida entre Leire y Boye muestra conversaciones por WhatsApp entre el 17.10.2024 -primer mensaje- y el 05.02.2025 -último mensaje-.
Díez se preocupa especialmente por ayudar al abogado de Puigdemont en las causas que tiene él mismo con la Justicia, por ejemplo, por Sito Miñanco.
En la mañana del 22 de enero de 2025 se produjo una reunión entre Díez, Jacobo Teijelo y Boye. “Me van a dar la causa de Aldama. Luego tengo libre hasta que vea a Santi a primera hora de la tarde”, le contó Leire a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.
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