Marga Prohens dice basta. Asegura que las Islas Baleares viven una situación de emergencia en materia migratoria, con un goteo incesante de pateras llegando a sus costas. “Nuestros servicios de protección de menores tienen una sobreocupación del 1.000%”, asegura. Y por eso, sentencia, les es imposible aceptar el reparto planteado por el Gobierno. “Estamos al límite y por eso no podemos acogerlos. No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad”.
La presidenta autonómica atiende a Artículo14 en pleno pulso con el Ejecutivo central. Nadie del gabinete de Pedro Sánchez le ha llamado para atender su SOS. Si bien, desvela lo que le dijo al presidente este verano, coincidiendo con la presencia del jefe del Estado en Mallorca: “Le supliqué parar el reparto de menores y, pese a reconocerme que somos la ruta migratoria que más crece, se limitó a comprometerse con intensificar la diplomacia con Argelia -cosa que no sé si ha hecho- y decirme que la ley se cumple”.
Pregunta. Presidenta, haga un repaso de la situación que se vive en las islas. ¿Cómo se vive en los centros de menores, tienen recursos para atender a los niños? ¿Cuántos menores en situación de desamparo hay en Baleares?
Respuesta. Estamos viviendo una crisis migratoria sin precedentes para las Illes Balears. En lo que llevamos de año han llegado cerca de 5.000 personas migrantes de manera irregular a nuestras costas, más de 300 menores migrantes entre ellos. La situación ha sido especialmente complicada este mes de agosto, con 1.500 migrantes y 64 menores. Somos la ruta migratoria que más está creciendo, la llegada de migrantes irregulares se ha disparado un 77% por encima que en el mismo periodo del año anterior, y con 682 menores migrantes acogidos, nuestros servicios de protección de menores tienen una sobreocupación del 1.000%.
El problema es que el goteo de llegadas es continuo y los consells insulares, que son quienes tienen la competencia de protección de menores, ya no encuentran ni espacios ni profesionales. Estamos al límite y por eso no podemos acoger a menores procedentes de otras comunidades. No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad.
P. Ustedes pedirán la contingencia migratoria ante la situación de sobreocupación que viven en las Islas. ¿Por qué no piden que el resto de comunidades acojan los menores que no pueden atender?
R. Nosotros vamos a pedir la contingencia migratoria atendiendo a la sobreocupación de nuestro servicio de protección. Según el Gobierno, tenemos una capacidad de acogida ordinaria de 406 menores, pero ya acogemos en estos momentos 682 menores migrantes, y la vamos a pedir a efectos de quedar fuera de cualquier reparto.
Pensamos que el reparto es solo un parche, la política migratoria del Gobierno no puede limitarse a habilitar espacios para los migrantes que llegan y repartir los menores, es necesario dotar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios para proteger nuestras fronteras, luchar contra las mafias, pedir colaboración a Frontex y actuar en los países de origen y de paso para evitar que sigan llegando pateras a nuestras costas.
P. El Gobierno dice que no cumple los requisitos para pedir la contingencia migratoria. ¿A qué atribuye está respuesta?
R. El Gobierno ha impuesto unos criterios para establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad de manera arbitraria y poco transparente, no sabemos qué base tienen. ¿Cómo es posible que Cataluña o Euskadi queden excluidas del reparto y una comunidad como las Illes Balears que es frontera sur de Europa y que somos la ruta migratoria que más crece sí podamos seguir acogiendo según el Gobierno?
P. El Gobierno ha avisado de que incluso usará a la Policía para que las comunidades cumplan con el reparto. ¿Se siguen planteando desobedecer? ¿Qué le parece estas declaraciones del Ejecutivo?
R. Nos amenazan por querer recurrir la imposición de un reparto injusto a las vías legales y amparadas en nuestro Estado de Derecho; pero no amenazan a quienes están huídos de la justicia por ir contra la Constitución. A esos se les indulta y amnistía. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay que enviarlas a proteger nuestras fronteras y combatir las mafias, no para amenazar a las Comunidades Autónomas. Quien hoy está en rebeldía es el Gobierno de Sánchez, que sigue sin asumir la acogida de 1.000 menores solicitantes de asilo como le ha tenido que obligar el Supremo.
P. ¿Están hablando con el Ejecutivo para abordar la situación?
El Govern plantó la última Conferencia Sectorial de Infancia como hicieron el resto de Comunidades del Partido Popular porque nosotros queremos hablar, exponer nuestra situación y buscar soluciones, no ser comparsas o atrezzo en reuniones donde el Gobierno impone su criterio sin escuchar y con un orden del día ilegal. A partir de ahí, le trasladé directamente a Sánchez la situación de las Illes Balears y le supliqué parar el reparto de menores y, pese a reconocerme que somos la ruta migratoria que más crece, se limitó a comprometerse con intensificar la diplomacia con Argelia -cosa que no sé si ha hecho- y decirme que la ley se cumple.
P. Denuncian que no pueden acoger más menores. Cataluña hizo lo mismo y no ha sido incluida en el reparto. ¿A qué atribuye esta diferencia en el trato entre Baleares y Cataluña por parte del Gobierno?
R. Creo que es obvio cuál es la diferencia, y son los votos de los que depende Sánchez para seguir en la Moncloa. Como decía, el Gobierno ha impuesto unos criterios para establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad de manera arbitraria y muy poco transparente, que no tiene en cuenta que son menores ni que sean acogidos en condiciones de dignidad.
Sólo nos llaman a nosotros racistas y xenófobos y no a otras comunidades que ya han dejado fuera del reparto. De hecho, por lo único que conocemos a la ministra de Infancia es por habernos insultado, porque desde luego no la conocemos por venir a preocuparse por como están los menores que ya acogemos y que llegan a nuestras costas. Todavía es la hora de que un ministro nos llame por la crisis migratoria en Balears.
P. Ustedes son frontera sur y la ruta migratoria de Argelia a Baleares es la que más le está afectando. ¿Es ahí donde el Gobierno debería actuar?
R. Por supuesto, un Gobierno que no es capaz de proteger sus fronteras está haciendo dejación de funciones de una de sus principales responsabilidades. No sabemos quién está entrando en nuestro país. Delegación del Gobierno dice que no pasa nada, que la mayoría cogen el ferry y se van a otra Comunidad, a Cataluña o a la Comunidad Valenciana. ¿Esto es la política migratoria del Gobierno? No podemos entenderlo. Hemos requerido informes a Frontex y saber si ha ofrecido colaboración y cuál ha sido la respuesta del Gobierno.
P.¿Qué soluciones plantean ustedes?
R. Lo que estamos pidiendo es proteger nuestras fronteras, combatir las mafias y recuperar la colaboración con Argelia en el control de la inmigración ilegal, y si es necesario activar Frontex en nuestras Islas. Por lo que respecta a nuestras competencias, estamos tomando medidas para evitar cualquier efecto llamada que solo beneficia a las mafias. Continuaremos con las pruebas para determinar con precisión que los menores acogidos son efectivamente menores. También vamos a pedir tres años de residencia para acceder a las ayudas de emancipación. Un perfil habitual que llega a nuestras islas son jóvenes argelinos de 16 o 17 años. Esto implica que ni siquiera se les puede escolarizar, ni por lo tanto formar e integrar. Con estos tres años ya implica tener que estar al menos un año escolarizados. También pediremos tres años de residencia para prestaciones como la renta social y al menos cinco años de residencia para el acceso a vivienda pública