La segunda fuga de Carles Puigdemont se convirtió en el gran escándalo y el principal meme político del verano de 2024. Sólo hubo otro asunto que acaparara más focos: el acuerdo político entre el PSC y ERC sobre la “financiación singular” catalana, el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
Un año después, una jueza investiga a tres Mossos d’Esquadra por su supuesta ayuda al líder de Junts per Catalunya. No ha habido asunción de responsabilidades políticas más allá del cese del director general de los Mossos, Pere Ferrer, un par de semanas después. Y el expresident aún permanece en Bruselas, desde donde batalla para que se le aplique la ley de amnistía. Su último movimiento fue presentar recurso ante el Tribunal Constitucional para que levante la orden de detención que le impide cruzar la frontera española.
El líder de Junts llevaba sin pisar el país desde finales de 2017 y reapareció en España con la promesa de asistir a la investidura de Illa en el Parlament. Apenas se dejó ver unos minutos en un acto público, para después esfumarse sin dejar rastro. El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, dejó pasar poco más de 24 horas antes de exigir información a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo que no impidió que el expresident volviera a humillar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El PP acusó al Gobierno de haber permitido esta fuga, e Interior señaló a la policía autonómica catalana como responsable del operativo. No lo detectaron en su entrada a España, no lo detuvieron cuando pronunció unas palabras desde un escenario, ante el Arco del Triunfo de Barcelona. Y tampoco lograron encontrarlo antes de que volviera a cruzar la frontera.
Según el informe firmado por el entonces jefe de los Mossos, Eduard Sallent, confeccionado a petición de Llarena, la policía catalana argumentó que inicialmente creyeron que el expresident intentaría llegar al Parlament, y no advirtieron la “maniobra de distracción” que generó tras su fugaz discurso. La “confusión” generada, así como la cooperación “involuntaria” de miles de personas, sirvió a Puigdemont para escapar de los agentes, según este informe.
En diciembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 24 de Barcelona admitió una querella del grupo ultra Hazte Oír, y desde entonces, la jueza María Antonia Coscollola investiga esta causa. La acusación popular ha solicitado diligencias como el análisis de los teléfonos de los tres agentes.
También que cursase oficio al Ayuntamiento para que detallase qué cámaras de seguridad hay instaladas en esa zona, cuáles estaban activas en esos días y cuáles no. Coscollola rechazó estas peticiones y advirtió a Hazte Oír de que no puede realizar una “investigación prospectiva”.
“No se puede iniciar una investigación por si se localizan posibles indicios”, reza la resolución a la que tuvo acceso El Mon. La entidad ultra también había exigido la declaración como testigos del presidente del Parlament, Josep Rull, o del exdirector general de los Mossos (Ferrer).
La investigación está “prácticamente concluida”, apunta la instructora, que sí ha accedido a la declaración como testigos de los dos agentes que firmaron los informes sobre el visionado de cámaras instaladas alrededor de esta zona, para que puedan ratificarse sobre estos documentos. Están citados el 29 de septiembre.,
Puigdemont acude al Tribunal Constitucional
La ley de amnistía a los involucrados en el procés catalán fue el precio a pagar por el Gobierno de coalición a cambio de los 7 votos de Junts para investir a Pedro Sánchez. En abril, el Tribunal Supremo confirmó que no aplicaría la medida de gracia a Puigdemont por el delito de malversación, dejándole vía libre para acudir al Tribunal Constitucional.
En junio, como se anticipaba desde meses atrás, el Tribunal de Garantías avaló esta norma, y un mes después Puigdemont ha acudido al Constitucional con la respuesta que le dio el Supremo. Reclama una suspensión cautelarísima de la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión que pesa en su contra.
Se escondió en dos pisos particulares: las explicaciones de Jordi Turull
Hubo que esperar hasta septiembre para que el secretario general de Junts, Jordi Turull, diera algunos datos sobre el periplo de Puigdemont. En declaraciones a RAC 1, explicó que el expresident entró y salió por carretera y se escondió en dos pisos particulares durante su estancia en Barcelona. Según su relato, cruzó la frontera el 6 de agosto, dos días antes de la investidura.
Tras su breve discurso se trasladó a un piso en la ciudad “hasta el mediodía”, y fue entonces cuando decidió volver a Bélgica, dada la “imposibilidad” de acudir al pleno de investidura. Antes se desplazaría a un segundo piso. Nunca hubo “pacto alguno” con los Mossos para evitar su arresto, explicó Turull.