Fue en el Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer del 27 de febrero de este año cuando se informó de las deficiencias detectadas en el sistema Cometa que controla con tecnología que los agresores no se acerquen a sus víctimas. Lo hace a través de un sistema de pulseras que detectan la geolocalización y que alerta a las autoridades cuando un maltratador está cerca de incumplir la orden de alejamiento.
En el encuentro a principios de año había representación de tres ministerios además del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas, organizaciones de mujeres y de colectivos vulnerables. También asistieron representantes de empresas y sindicatos.
En la reunión, según las fuentes consultadas, se trataron las deficiencias del sistema con los representantes de Igualdad, Interior y Justicia, los tres ministerios presentes. Pero luego no se realizó ningún seguimiento del tema y el Pleno no se ha vuelto a reunir. En concreto, tienen previsto hacer otra convocatoria el próximo mes de octubre, ocho meses después de alertar por primera vez de los fallos. Aunque, tras el estallido de la polémica, Igualdad prevé licitar de nuevo el contrato de las pulseras para “incluir mejoras”.
Las deficiencias se presentaban en dos frentes, según se dijo ya en la cita del 27 de febrero. Por un lado, se pusieron encima de la mesa los problemas técnicos de las pulseras. Aunque el Gobierno ya los conocía previamente porque el CGPJ había informado a través del Observatorio de Violencia de Género con hasta tres oficios fechados el 8 de enero y el 21 y el 27 de febrero.
En concreto, remitieron a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género que la Audiencia Provincial de Granada y un órgano judicial de Galicia habían avisado de errores en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Según fuentes del Poder Judicial, presentaban problemas porque había agresores que lograban desprenderse de ellas y también fallaban con la geolocalización. Comentan las mismas fuentes a este periódico que “se dio traslado al ministerio de Igualdad ya que eran ellos los encargados de subsanar las deficiencias”.
Errores en el trasvase de datos
En segundo lugar, la Fiscalía advirtió en ese Pleno de febrero que se produjeron errores en el trasvase de los datos que almacenan estos dispositivos cuando se cambió de empresa gestora. Meses después, reiteró esta advertencia en su Memoria Anual, en la que hablaba de “problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos”. Según detallaron en el informe, el cambio de empresa provocó “una gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento.
Días después, el ministerio Público minimizó el impacto de su informe asegurando que el fallo fue “puntual” y que “la mayoría” de estos procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez recuperados los datos. Sin embargo, aún hoy, siete meses después de que los órganos competentes lo supieran, se desconoce la magnitud del fallo y a cuántas pulseras pudo afectar.
Pese a todo, Esther Rojo, vocal del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas en medio de la polémica. “Es fundamental enviar un mensaje de tranquilidad a las mujeres para que sigan denunciando. Si mandamos un mensaje de alarma vamos a retraerlas y hay que ser claros: las pulseras salvan vidas”, afirmó. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se pronunció en términos parecidos.