El trágico fallecimiento de dos guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales del instituto armado. Mientras los Mossos d’Esquadra encadenan mejoras salariales y de jornada, asociaciones de la Benemérita denuncian que siguen siendo “policías de segunda” para el Ministerio del Interior.
El nuevo acuerdo laboral de los Mossos d’Esquadra para el periodo 2026-2030 ha intensificado ese malestar. “La brecha no es solo salarial, también afecta al valor de la hora trabajada”, sostienen desde Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), una de las principales asociaciones profesionales del cuerpo.
En concreto, el pacto de los Mossos prevé mejoras retributivas, nuevos complementos y una jornada anual de 1.580 horas, que incluye la formación y descuenta las vacaciones. Frente a esta realidad, las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que los agentes del instituto armado deben realizar unas 1.710 horas anuales, con menores complementos y sin avances equivalentes en conciliación o jubilación.
Profesión de riesgo
Uno de los agravios más “sangrantes” para la Guardia Civil es que no tenga reconocida su actividad como profesión de riesgo, un estatus que sí tienen reconocido, además de los Mossos, otras policías autonómicas (Policía Foral de Navarra y Ertzaintza), las policías locales y otros colectivos, como Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda.
“Todos los policías del país tienen este reconocimiento, que facilita su jubilación anticipada con mecanismos asociados asociados a la peligrosidad de su actividad, excepto Policía Nacional y Guardia Civil”, denuncian a Artículo14 fuentes de la Unión de Guardias Civiles (UGC). Tal y como ha publicado este medio, la Mesa del Congreso ha frenado hasta 70 veces la propuesta para reconocer como profesión de riesgo a los guardias civiles.
Esta falta de reconocimiento tiene consecuencias directas en su jubilación. En el caso de la Guardia Civil, la situación es aún más compleja, ya que de las 88.000 personas que componen el colectivo, cerca de dos tercios -aquellos que ingresaron antes del 1 de enero de 2011- están todavía acogidos al régimen de clases pasivas. En este caso, que como el resto de funcionarios sí podrían retirarse anticipadamente, ello implica una pérdida de hasta 800 euros mensuales por la pérdida de los completos de peligrosidad, turnos o disponibilidad. A su vez, los incorporados a partir de 2011, que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, no tienen opción de jubilación anticipada.
Subida salarial y 35 horas
En relación con la subida salarial, desde JUCIL advierten de que los Mossos percibirán en 2026 hasta 4.000 euros anuales por especial complejidad y hasta 3.800 euros por disponibilidad. En la Guardia Civil, estos conceptos son “prácticamente inexistentes o se retribuyen de forma irrisoria”. Una situación similar ocurre con las horas en festivo o en Navidad, donde “se castiga a quienes trabajan en los días más señalados del año”.
A ello se suma otra reivindicación, la reducción de la jornada a 35 horas semanales, como así se ha aprobado para el conjunto de la función pública. Las asociaciones recuerdan que Guardia Civil y Policía Nacional quedaron excluidas expresamente del acuerdo de reducción horaria pactado para otros empleados públicos. “Las normas contenidas en la presente resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, recoge la resolución del pasado 14 de abril de Función Pública. “Somos los policías que más trabajamos”, denuncian desde UGC.
Por su parte, la Confederación Española de la Policía (CEP) ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por su exclusión de la reducción de jornada a 35 horas, que afecta más de 73.300 agentes en activo.
Un agravio histórico
Este malestar interno no es nuevo, sino que se arrastra desde hace casi una década, a pesar de que, en 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó su equiparación salarial tras el procés independentista catalán. Según recuerdan las asociaciones profesionales, aquel pacto supuso una importante subida retributiva para Guardia Civil y Policía Nacional y movilizó alrededor de 1.500 millones de euros. Sin embargo, los representantes del colectivo consideran que la equiparación nunca llegó a completarse.
El acuerdo contemplaba además una auditoría externa para verificar si realmente se habían igualado las condiciones con los Mossos d’Esquadra. En este sentido, las asociaciones sostienen que esa revisión quedó incompleta. Desde entonces, según advierten, la distancia con la policía autonómica catalana ha vuelto a crecer a medida que ésta continúa negociando mejoras laborales y nuevos complementos.
En diciembre de 2023, el Gobierno y la Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue de los Mossos hasta 2030, con el objetivo de alcanzar los 22.000 efectivos. Este fue uno de los compromisos entre el PSOE y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. En virtud de este acuerdo, el Ejecutivo va transfiriendo partidas a la Generalitat. La más reciente, el pasado mes de marzo, cuando se acordó una transferencia de crédito de 174,45 millones.
“No pedimos privilegios. Pedimos las mismas condiciones que el resto de policías autonómicas”, resumen los sindicatos de la Guardia Civil.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.