Pedro Sánchez quiere que la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto llegue lo antes posible al Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros de este martes ha servido para activar la maquinaria legal, y la previsión, según fuentes del Ejecutivo, es que la norma pueda llegar al Congreso de los Diputados “en enero”.
Esto, siempre que cuenten con el “aval” del Consejo de Estado, que debe emitir un informe preceptivo, pero no vinculante. Quien preside este órgano consultivo es la exministra socialista Carmen Calvo, exnúmero dos de Sánchez y principal rostro del feminismo clásico dentro del partido. El viernes, Calvo defendió públicamente este blindaje: “Las mujeres no podemos estar pendientes de si gana un partido o gana otro”, afirmó en una entrevista en La 2 de TVE.
Este aval garantizaría la “seguridad jurídica” del texto, según las fuentes citadas. La negociación entre PSOE y Sumar se ha prolongado hasta poco antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según la alianza de partidos de Yolanda Díaz, porque una primera redacción de los socialistas se antojaba demasiado imprecisa para el socio minoritario. Incluso plantearon que podía poner en riesgo este derecho.
El blindaje constitucional del aborto es una bandera de Sumar, que ya la defendió en marzo de 2024. Entonces fue descartada por el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Después fue incluida en los documentos del 41 Congreso Federal del PSOE (diciembre de 2024), repescada por Díaz en febrero de este año, y reactivada tras una entrevista de la portavoz parlamentaria de su grupo, Verónica Martínez Barbero, con Artículo14. Seis días después, ya al inicio de octubre, Sánchez dio orden al Gobierno de entregarse a esta causa.
La propia Redondo reconoció en rueda de prensa que ven muy difícil convencer al PP para que apoye esta reforma. Requieren de una mayoría de 3/5 de los votos en el Congreso y en el Senado, y no pueden lograrla sin los conservadores. Sin embargo, ante las cámaras, el Gobierno vende que debe intentarlo.
Lejos de los micrófonos, sin embargo, dirigentes socialistas admiten que no ven opción de que el Partido Popular acepte tramitar esta modificación constitucional, que ya rechazaron hace 10 días. No van a entrar, afirman, porque esto les supondría un cisma entre sus filas. Otra cosa es que el debate les sirva para “retratar” al PP.
De hecho, defienden que toca abordarlo, y pelear por una modificación que blinde este derecho, ante la “ola reaccionaria” mundial. En una entrevista en la Cadena Ser, la segunda en lo que va de año en medios nacionales, Sánchez ha abierto la puerta incluso a celebrar un referéndum consultivo entre la ciudadanía sobre el aborto, que en sus filas consideran ganado.
El Gobierno da un mes a Ayuso para crear el registro de objetores
El argumento en el que no ponen tanto el foco tiene que ver con la pugna con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero incidir en esta cuestión, vistas las diferencias de Ayuso con la cúpula de Génova, les sirve para desdibujar al líder conservador, Alberto Núñez Feijóo.
En el Ejecutivo no han escondido que los bandazos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a cuenta de esta materia, sumados a las declaraciones de Vox, generaron el caldo de cultivo necesario para abordar esta protección constitucional. Ahora, además, fuentes de La Moncloa destacan que Ayuso ha reabierto este mismo martes una cuestión que escuece en su partido, y que lo ha hecho contraprogramando un acto de Feijóo sobre inmigración.
“La semana pasada el debate se consumió y lo han querido revivir”; “Siempre le va bien confrontar con el Gobierno”, aseguran, antes de afirmar que no van a renunciar a la disputa ideológica y legal sobre este derecho. “Sólo podemos discrepar de la estrategia del PP de Madrid sobre el aborto”.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la Comunidad de Madrid, como Baleares y Aragón (todas gobernadas por el PP), tienen un mes para responder al requerimiento que les han remitido este lunes, exigiendo que estas comunidades autónomas creen el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en la sanidad pública. Transcurrido este plazo, tendrán vía libre para acudir a los tribunales.
De hecho, no dudan de que, al menos en lo que a Madrid se refiere, tendrán que seguir este camino. “Ayuso es sincera y transparente, y ha dicho que no contestará”. El registro es una medida que establece la reforma de la ley del aborto de 2023, aprobada con Irene Montero como ministra de Igualdad. La norma exige crear un listado autonómico que no es público, en el que figuren los nombres y apellidos de médicos y enfermeras que rechacen practicar abortos por objeción de conciencia.
Este requisito legal fue después abordado por el Consejo Interterritorial de Salud, en el que participan Sanidad y las comunidades autónomas, que son quienes ostentan la mayoría de competencias en esta materia. Todas votaron a favor, y su creación se aprobó a finales de 2024. PSOE y Sumar lo recuerdan con cierta frecuencia.
Y, aunque reconocen que el discurso de Almeida fue clave para introducir este tema en agenda, en el PSOE insisten en que no quieren tener enfrente a un PP “tan escorado”. “El efecto miedo a Vox sólo te funciona una vez”, incide un dirigente con galones, que reclama a los conservadores que se desmarquen de los discursos del partido de Santiago Abascal.
Por lo pronto, el Gobierno aún debe cumplir con la promesa de impedir que las mujeres que deciden abortar reciban información falsa o sin evidencia científica. Para ello plantearon modificar el real decreto 825/2010, que aspiran a retocar “con garantías jurídicas”, sin comprometer plazos.
El blindaje, fuera de los derechos fundamentales
La fórmula adoptada por el PSOE es la misma que defendió Sumar en este diario hace apenas dos semanas, que pasa por añadir una nueva redacción al artículo 43 de la Carta Magna (43.4), fuera del apartado de los derechos fundamentales.
“Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”, reza el texto propuesto.
No estará en el apartado de los derechos fundamentales, entre otras cosas, porque requeriría convocar elecciones, disolver las Cortes y después recibir el respaldo de las dos Cámaras del nuevo Parlamento.
Podemos ya ha criticado la medida, por considerar que el Ejecutivo ya tiene “mecanismos legales” para conseguir estos fines, como la ley del aborto de Montero, cuyo cumplimiento no garantiza. Su diputado Javier Sánchez Serna reprochó al Gobierno que se dedique a “hacer titulares vacíos”, en lugar de perseguir que todas las comunidades autónomas, también las del PSOE, exijan la aplicación efectiva de la norma.
En el PSOE aseguran que se trata de un debate prioritario, y son conscientes que el PP tiene difícil manejarse en este terreno, por lo que jugarán a medio y a largo. Sin soltar esta bandera.