Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid, pasa unos días de vacaciones junto a su pareja, Alberto González Amador, en Miami. Han cruzado el charco y tomado distancia tras un año complicado en lo judicial para el novio de la presidenta.
A su vuelta, González Amador tendrá que enfrentarse a un más que probable procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental. Presuntamente, defraudó 359.951 de euros al fisco en los ejercicios de 2020 y 2021. Años en los que aumentó su patrimonio exponencialmente en dos millones de euros por hacer de intermediario en la compraventa de material sanitario. Esta parte de la investigación ya iría camino del juicio oral a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el último recurso interpuesto por su defensa.
Sin embargo, la jueza instructora Inmaculada Iglesias lo ha dejado todo muy atado y fuentes del caso consultadas por Artículo14 ven “poco margen de maniobra” para la pareja de Ayuso. En el último auto, la jueza determinó que en los informes de Hacienda habría hasta 1.500 elementos de prueba de que González Amador cometió el fraude. Que fueron “claros y exhaustivos” y además “ratificados” en sede judicial por los funcionarios que los realizaron.
Nuevo magistrado
La jueza dedujo que a través de facturas falsas emitidas a empresas de sus amigos y socios que nada tenían que ver con el material sanitario ni con el sector, logró “deducirse gastos”. Además facturó a través de una empresa pantalla los ingresos para poder reducir sus obligaciones fiscales.
Así las cosas, Antonio Viejo, que será el nuevo magistrado que asuma el caso tras la jubilación de Iglesias este verano, tendrá muy avanzado todo el trabajo para la apertura de juicio oral cuando la Audiencia se pronuncie sobre el último recurso.
Fiscalía y Abogacía del Estado piden en sus escritos de acusación tres años y nueve meses de prisión mientras que las acusaciones populares representadas por PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años porque le imputan el delito de pertenencia a organización criminal por ese entramado de facturas falsas que creó con sus amigos y socios.
Una segunda pieza
Pero este no es el único asunto pendiente. Hay una pieza que podría complicar su futuro judicial y mucho. La pareja de Ayuso podría acabar pactando con la Fiscalía en la pieza principal, pero eso le dejaría un historial delictivo manchado para el segundo bloque de la investigación que se instruye en el mismo juzgado.
González Amador compró una sociedad a Gloria Carrasco, la mujer de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, uno de los gigantes de la sanidad privada en Madrid.
No conforme con estas declaraciones, la jueza encargó un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que dilucide si, en efecto, González Amador pudo incurrir en administración desleal y corrupción en los negocios. Un informe solicitado por la “complejidad del caso” y “su carácter interprovincial”, del que todavía se desconocen los detalles.
La cuestión de los antecedentes
Además, no descartó que los investigados pudieran haber “transformado o disimulado las ganancias para ocultar el origen ilícito” lo que abriría la puerta a un sexto delito de blanqueo de capitales.
Las conclusiones de este informe también llegarán a la vuelta del verano y son determinantes para la continuidad del caso. De ser procesado en esta pieza, González Amador tendría muy difícil eludir la prisión porque ya contaría con antecedentes penales de la pieza principal. Cabe recordar que las penas inferiores a dos años de prisión no requieren del ingreso siempre y cuando el historial delictivo del condenado esté completamente limpio.