Enemigos a la derecha, enemigos a la izquierda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha constatado este fin de semana, de manera muy gráfica, que los golpes le llegan desde ambos lados del arco parlamentario. A la concentración del PP contra la “mafia” del Gobierno en Madrid, la sexta de este tipo desde que Alberto Núñez Feijóo se hizo con las riendas de Génova 13, se unió el “fuego amigo” de Podemos, el sábado.
Estrictamente hablando, en las manifestaciones por la paz y contra el rearme multimillonario con el que aprieta la OTAN, hubo partidos del propio Gobierno de coalición, y su mensaje no va contra el Ejecutivo, sino contra el incremento del gasto en estas partidas. Participaron dirigentes de Sumar, como la europarlamentaria Estrella Galán, o el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, pero también dirigentes de Podemos, que las utilizaron para cargar contra la coalición.
En las filas del socio minoritario intentan dirigir su artillería contra el rearme y la permanencia en la OTAN. La coalición de Antonio Maíllo, una de las convocantes de estas protestas, nació al calor de las movilizaciones contra la integración en la Alianza Atlántica. La perspectiva de que el Ejecutivo del que forman parte dispare más el gasto en estas partidas -hasta el 5% del PIB- es absolutamente inconcebible para ellos.
El propio Santiago avisó de que difícilmente podrían permanecer en el Ejecutivo si el PSOE asume ir aún más lejos en esa “brutal carrera de rearme”. “Sería prácticamente imposible”, alertó. Que Sánchez, presionado por la OTAN, decidiera incrementar el gasto en 10.471 millones para llegar al 2% de inversión en defensa en 2025, adelantando 4 años este objetivo, ya les ha situado en una posición muy compleja.
En las próximas dos semanas, mientras se desarrollan las conversaciones previas a la cumbre de Alianza Atlántica en La Haya (24 y 25 de junio), se configuran los cimientos de la mitad de la legislatura que queda por llegar. En IU asumen que un nuevo incremento, cuando Sánchez ya ha comprometido la friolera de 33.000 millones de gasto anual en estas partidas, imposibilita mantener el gasto social. Es atar al Ejecutivo de pies y manos, vaciarlo de contenido. No quieren contemplar ese escenario.
Quien sí lo contempla y lleva semanas anticipándolo es Podemos. Antes de que el presidente compareciera para aumentar el incremento del gasto en defensa y seguridad, los morados insistían en que el agujero de la “carrera armamentística” se tragaría 17.000 millones. Los comprometidos son 10.471 millones, bastante menos. Pero el Gobierno habla hoy de mantener este sobreesfuerzo en 2025 y 2026, para volcarse aún más a partir de 2027.
Podemos se apoya en esta exigencia de la Alianza Atlántica para tildar a la coalición de ser el “Gobierno de la guerra”. El sábado, la eurodiputada y candidata del partido a las próximas elecciones generales, Irene Montero, se declaró “insumisa” contra el rearme, y denunció la “complicidad” del Ejecutivo “con el genocidio” en la franja de Gaza.
“Quieren romper”, asegura sin reparos un dirigente del PSOE de máximo nivel. En las filas socialistas llevan casi desde diciembre de 2023, cuando la formación morada consumó el divorcio político con el grupo parlamentario Sumar, insistiendo en que la izquierda alternativa debe entenderse y concurrir junta para poder tener alguna opción de revalidar el Ejecutivo.
En Sumar también están convencidos de que el objetivo prioritario de Montero y de Ione Belarra es dinamitar el Gobierno de coalición, aún a costa de que la izquierda no logre reeditar su mayoría, como hoy vaticinan todas las encuestas.
En el lado izquierdo del hemiciclo, los cuatro diputados morados son los más duros de roer para la coalición. Son los que bloquean el acuerdo para ceder competencias en materias de inmigración a la Generalitat de Cataluña (exigido por Junts); o quienes ponen más reparos a apoyar el impuesto al diésel que reclama Bruselas.
Las sucesivas revelaciones sobre Leire Díez y su búsqueda de informaciones contra la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, les han permitido endurecer su discurso contra el Ejecutivo y contra el PSOE. Acusan a los socialistas de “atrincherarse” ante un caso que “apesta a cloacas”, según Pablo Fernández, secretario de Organización morado. “Bipartidismo es corrupción y que nada cambie”, afirmó Montero el sábado.
Con Sumar en caída libre en las encuestas, y el socio mayoritario en una situación próxima al KO técnico -a su juicio-, Podemos prevé incrementar la presión en las próximas semanas, con la vista puesta en la cumbre de la OTAN.
Andalucía, termómetro de la relación con Podemos
En el partido de Yolanda Díaz hay desesperación porque sus socios no se decidan a impulsar el “giro social” que reclama la vicepresidenta segunda. Necesitan agilizar la proposición de ley del embargo de armas a Israel, pero también la regulación de alquileres de temporada.
Y tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización de personas migrantes. En la terminología de Díaz, requieren de aprobar nuevas políticas tangibles para la ciudadanía, para evitar que cale la percepción de que todo es “ruido” o “barro”.
Junio es un mes clave para averiguar las intenciones de los morados en el medio plazo. Es cuando expira el plazo que IU dio al resto de partidos para decidir si concurrirán juntos a las elecciones andaluzas, previstas para 2026.
Es la dirección en Madrid la que tiene la potestad de autorizar o impedir el acuerdo, pero ni en IU ni en Sumar se llaman a engaños; incluso aunque hubiera acuerdo en Andalucía y en Castilla y León, las dos próximas convocatorias electorales, el entendimiento de cara a unas elecciones generales se antoja cada vez más difícil.
Por primera vez en estos dos años, hay algunos dirigentes del espacio político Sumar que admiten la posibilidad de que no haya pacto con Podemos. Ven a los morados instalados en una dinámica “tóxica” y “destructiva”, y creen que su voluntad es enterrar políticamente a Díaz, sobrevivir bajo mínimos a un gobierno de PP y Vox. Y volver a posicionarse como la referencia a la izquierda del PSOE, para intentar crecer en el próximo ciclo político.
El PP, en guerra abierta
Si hay algo en lo que coinciden todos los dirigentes del PSOE y de Sumar es en que el PP está elevando el nivel de su ofensiva contra el Ejecutivo casi día a día. Y esperan que los ataques sigan incrementándose, como prevén que ocurra con los de la izquierda.
A la batería de iniciativas parlamentarias de los conservadores que siguió al estallido del caso Leire Díez, se une el enésimo giro de tuerca en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta. Forzarán la comparecencia de Díez en la Cámara Alta, y ya han logrado que socios de Sánchez como Podemos y ERC se posicionen a favor de arrastrar a Sánchez ante el pleno del Congreso. También denunciaron a la ex militante del PSOE.
En Moncloa asumen que no va a haber tregua. Si hasta ahora daban por hecho que el PP tumbaría prácticamente cualquier iniciativa que pudiese suponer un triunfo a la mayoría de investidura, hoy esta convicción es aún más firme. Tampoco habrá paz con Sumar, al que el PP acusa de ser una suerte de colaborador necesario de Sánchez.
El domingo presumieron de reunir a 100.000 personas en Madrid para clamar contra Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones. La Delegación del Gobierno rebajó la cifra hasta los 50.000, y desde el PSOE se apresuraron a considerarlo “un pinchazo”.
El presidente, rehén de su relato
Entre las muchas dificultades que debe gestionar el presidente, un cargo público socialista reflexiona sobre una que tiene que ver con mantener la consistencia de su relato de cara a los cambios que pueda impulsar a la interna.
Cualquier relevo que no se justifique debidamente, sea en el partido o en el Gobierno, puede ser leído como la entrega de una cabeza política a la oposición. Sánchez ya se cobró el puesto de un secretario de Organización, José Luis Ábalos, hace algo menos de cuatro años.
Hoy algunas voces apuntan que su sucesor, Santos Cerdán, ya está “tocado” políticamente. Uno de esos interlocutores ve “difícil” que sea relevado, sencillamente porque esto dificultaría mantener el diagnóstico de que todo lo publicado es “una conspiración” de la ultraderecha. “No puedes echar a nadie, porque entonces se te cae esa teoría” apuntan. Extremo que avalan distintas fuentes consultadas por este periódico.
De cara al 41 Congreso Federal del partido, con las investigaciones al fiscal general del Estado, a la esposa y al hermano del presidente ya en marcha, en el partido se especulaba con el relevo de Cerdán y de la portavoz federal, Esther Peña. Sánchez los sostuvo a ambos, y redujo los cambios a la mínima expresión precisamente para vender un cierre de filas.
Hoy, en el partido asumen que el desgaste es mucho mayor, y que es difícil llegar a 2027 sin mover algunas piezas. Justificar estos relevos tras meses afirmando que todo eran ataques sin base es un problema al que aún deben encontrar solución.