Tampoco esperaba que nadie fuera a atenderla ahora”, aseguran a Artículo14 desde su círculo más cercano. Patricia Ramírez, la madre del menor asesinado hace siete años por Ana Julia Quezada, dio el pasado miércoles una rueda de prensa con el fin de denunciar la situación de desamparo que dice estar sufriendo por parte de las instituciones.
No le dejan presentarse como acusación particular ni le informan de los pasos dados en la prisión ni le reportan avances en una investigación que, asegura, se inició por los hechos que ella misma denunció ante la Guardia Civil y que entiende que le afectan por estar implicada la asesina de su hijo.
El entorno de la madre
A saber, que Ana Julia Quezada tuvo un teléfono móvil estando en prisión, por el que resultó expedientada al estar prohibidos expresamente por el reglamento penitenciario; que lo consiguió a cambio de favores sexuales, por lo que ha sido apartado un funcionario de la cárcel de Brieva, en Ávila, investigado a su vez por cohecho; y que de esto tuvo conocimiento al tiempo que descubrió que la asesina del pequeño Gabriel Cruz estaba negociando su aparición en documental que logró paralizar la propia Patricia Ramírez, como así lo reveló en la comparecencia que hizo en el Senado en junio de 2024.
“Patricia está devastada”, insisten en su entorno. Durante este año aguardó respuestas y llamadas que no llegaron. Siente que, pese a ser víctima del crimen atroz de su hijo, nadie la trata como tal y se está incumpliendo el Estatuto de la Víctima porque ninguna institución se ha puesto en contacto con ella pese a ser quien, como también adelantó en el Senado, puso en conocimiento de la Guardia Civil el comportamiento en prisión de Quezada, y sus privilegios.
Todo en esta historia es delicado. Desde que una presa tenga un teléfono móvil en la celda, al hecho de que no conste denuncia de la Quezada por el supuesto abuso de poder de un funcionario o que existan informaciones confusas sobre unos supuestos vídeos de esas relaciones sexuales en las que está aún por confirmarse si hubo chantaje, y en qué dirección, si de la presa al funcionario o viceversa. Sea como fuere, tampoco consta ninguna denuncia por coacciones contra Ana Julia Quezada, al igual que no le han aceptado personarse como acusación particular en calidad de víctima.
Desamparada
¿Se entiende, por tanto, que la asesina no sufrió un abuso de poder entre rejas que a la postre conllevó el intercambio de sexo por favores? Las lecturas van por bandos. Su abogado entiende que es una causa perdida en origen: “¿Quién la iba creer?”, zanja Esteban Hernández, convencido de que si ella hubiera denunciado la vulneración de sus derechos en prisión no se hubiera abierto siquiera un expediente. El éxito de la investigación lo atribuye a que llegase por otra vía, la del supuesto tarotista al que recurrió la novia de Ana Julia por un problema personal sobre el que no dio nombres reales, pero sí los suficientes datos como para que se ataran cabos.
Patricia Ramírez no lo cree así. “Y qué hay más lícito que una madre que denuncia sentirse víctima”, insisten desde su entorno próximo. La madre de Gabriel Cruz no sólo habló de desamparo institucional al no ser considerada parte perjudicada en este proceso, sino que aseguró sentirse desprotegida ante las amenazas explícitas de muerte que le habían llegado desde prisión: “Las relaciones íntimas no me afectan. Yo quiero que me blinden a mí… Tengo miedo”.
Por toda respuesta le piden paciencia, como le trasladó el ministro Grande-Marlaska al día siguiente de la rueda de prensa y a preguntas de los periodistas. Por ahora no se entiende que haya que llamarla expresamente desde Interior, según apuntan fuentes del Ministerio y a la espera de cómo avance una investigación judicial en la que se espera que en breve se acepte la personación, al menos de una acusación popular.