El Gobierno se resigna a desayunar cada día con nuevas entregas de las conversaciones por whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luís Ábalos, que ya han marcado la agenda informativa desde el domingo. Son previas al estallido del caso de corrupción por el que está imputado el exministro, exnúmero tres del PSOE y hoy diputado raso en el grupo mixto.
Por más que Moncloa intente resguardarle, dejar a Ábalos fuera de la ecuación y señalar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como supuesta filtradora de las conversaciones, publicadas por El Mundo, voces del Ejecutivo reconocen fuera de cámara que no pueden aclarar el origen de estas revelaciones. Dicen no tener ni la menor idea de cuántos mensajes entre Sánchez y Ábalos, o entre el extodopoderoso secretario de Organización socialista -hasta julio de 2021- y otros ministros o dirigentes de su partido pueden salir a la luz.
El Gobierno se ve obligado a hacer control de daños: si antes repetían que estas conversaciones no están incorporadas a ninguna causa, ahora añaden nuevas consideraciones. Sostienen que no ha trascendido ningún hecho “delictivo”, entre “miles de conversaciones” porque sencillamente no se produjo ninguno. Incluso descartan que estas conversaciones puedan servir de embrión de una nueva causa.
No esperan que salgan a la luz mensajes realmente comprometedores para el presidente del periodo previo al estallido del caso Koldo, en febrero de 2024. Y aseguran que no hay mensajes de Sánchez a Ábalos posteriores a que se conocieran las investigaciones sobre la presunta trama corrupta. No hay conversaciones, abundan, en las que se pueda involucrar a Sánchez en “algo ilícito”.
Que descarten la relevancia penal no quita para que la situación sea más que incómoda para el Ejecutivo y para el Partido Socialista. En las últimas horas, desde Moncloa han intentado vender que ninguno de los mensajes les pone “en dificultad”. “Demuestran que el Gobierno no se podía imaginar lo que investiga el Juzgado”, argumentan.
La tensión es evidente, y los ministros la exteriorizan con sus evasivas ante las preguntas de los medios de comunicación. También cuando intentan diluir con “humor” los calificativos del presidente sobre algunos barones críticos, sobre su exsocio de coalición, Pablo Iglesias, y hasta sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que Sánchez tildó de “pájara”. Los esfuerzos dialécticos de Moncloa les llevan a vender que con esta palabra el jefe del Ejecutivo “está alabando” a Robles”.
Los dardos de algunos de los aludidos en esos mensajes, de Emiliano García Page a Javier Lambán, pasando por Susana Díaz, se obvian. La consigna es no entrar en el contenido, evitar comentar las palabras del presidente o de Ábalos, y poner todos los focos en el malestar que les genera que se haya invadido la “intimidad” de Sánchez: “Tiene la máxima gravedad”.
El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, incidió en encuadrar todas las revelaciones en una campaña contra el presidente: “No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez”, lamentó.
El Gobierno amaga con denunciar, pero no avanza plazos
“Vamos a esperar que se abra esa investigación judicial que damos por hecha. Si no se abre en un plazo razonable, iniciaríamos las acciones. Queremos llegar hasta el final”. Bolaños avanzó el martes el camino que amagan con seguir, pero ni el ministro ni otras voces de Moncloa supieron precisar cuánto tiempo dejarán pasar antes de mover ficha.
En la rueda de prensa, el hombre fuerte del Gobierno incidió en que, si se prueba que las conversaciones provienen de los discos duros incautados a Koldo en el marco de la investigación, a todas luces su filtración supondría “un comportamiento delictivo”. “Se ha roto la cadena de custodia”, incidieron fuentes del Gobierno. “En cualquier otra causa se abren piezas separadas”, apostillaron, cuando hay “indicios” de la comisión de otro delito.
Señalan sin disimulo los paralelismos con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por presunta revelación de secretos tras ser denunciado por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador, investigado por supuesto fraude fiscal, denunció al fiscal por la supuesta filtración de sus datos.
“Tenemos un ejemplo cercano”, en el que “se abrió una investigación exhaustiva”, recuerdan. Esperan que, en breves, no sean ellos los únicos que denuncian la comisión de un delito con la “invasión” del móvil del presidente.