La entrada en vigor de la nueva ley antiokupación, presentada por el Gobierno como una herramienta eficaz para frenar la ocupación ilegal de viviendas, ha generado un fuerte debate entre juristas, propietarios y asociaciones vecinales. La norma, vendida como una solución exprés, prometía acabar con uno de los problemas que más indignación genera entre la ciudadanía: la lenta recuperación de viviendas ocupadas. Sin embargo, a pesar del aparente endurecimiento legislativo, la realidad ha vuelto a imponerse: los okupas ya se han adaptado al nuevo escenario legal y han encontrado maneras de sortear la norma.
Mientras el Ejecutivo asegura que los desalojos pueden producirse en tan solo 15 días, los hechos demuestran que ese plazo es más una declaración de intenciones que una garantía procesal real. En la práctica, los procedimientos siguen estando condicionados por múltiples factores: desde la localización del ocupante hasta la saturación de los juzgados o la presentación de documentación manipulada.
Estrategias para ganar tiempo: contratos falsos y alegaciones de vulnerabilidad
Una de las principales vías que están utilizando los okupas para esquivar la nueva ley consiste en la presentación de contratos simulados o escritos de arrendamiento falsificados, acompañados muchas veces de testimonios fabricados. Este tipo de documentación, aunque sin validez legal real, introduce dudas en los procesos judiciales, obligando a los jueces a verificar la autenticidad de los documentos y retrasando de forma significativa el desalojo.
Otra estrategia habitual es alegar vulnerabilidad social o económica, una táctica que ha demostrado ser especialmente eficaz. Basta con que el okupa declare estar en situación de exclusión social, sin recursos económicos o que en el inmueble habiten menores de edad, para que el juzgado tenga que paralizar la orden de desalojo. Aunque en muchos casos estas situaciones no se acreditan con pruebas sólidas, el principio de precaución obliga a las autoridades a actuar con cautela.
El recurso a la lentitud judicial como arma
La congestión crónica de los juzgados en España juega a favor de los okupas Aunque la nueva norma contempla juicios rápidos, su aplicación depende de que el procedimiento arranque sin incidencias, algo que rara vez ocurre. Si el okupa no es localizado en el acto o si se producen errores en la notificación, el procedimiento pierde su carácter urgente y pasa a tramitarse por la vía ordinaria, lo que puede suponer una espera de varios meses, o incluso más de un año.
Además, la ley incluye mecanismos como la conciliación previa o la mediación, que aunque buscan una solución pactada entre las partes, en muchos casos solo sirven para alargar aún más el proceso. Los okupas, perfectamente asesorados por abogados o colectivos afines, aprovechan estos recursos para dilatar su estancia en la vivienda ocupada sin pagar.
Los inquiokupas: el gran agujero legal
Pero quizás uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es su falta de dureza contra los llamados “inquiokupas”, es decir, aquellos inquilinos que accedieron legalmente a una vivienda mediante contrato de arrendamiento, pero que tras dejar de pagar se niegan a abandonarla. Este perfil, cada vez más habitual desde los decretos antidesahucios aprobados durante la pandemia, queda completamente fuera del ámbito de aplicación de la reforma.
Para estos casos, los propietarios deben recurrir a procedimientos civiles convencionales, que en ocasiones pueden durar más de un año y que implican un coste económico y emocional considerable. El resultado es que muchos pequeños propietarios se sienten desamparados por el sistema, obligados a mantener viviendas ocupadas por personas que ni pagan alquiler ni se van.