Desde el pasado 3 de abril, España cuenta con una nueva normativa que endurece la respuesta legal ante la ocupación ilegal de viviendas. Se trata de la conocida como “ley antiokupas”, y está integrada en la Ley Orgánica 1/2025, cuyo objetivo es agilizar los procedimientos judiciales y reforzar la protección de los propietarios frente a este fenómeno. Pero, vamos a desgranar realmente lo que implica realmente este cambio legal y cómo afecta a los casos de okupación, además de que ahora, después de un mes en marcha, podemos repasar como ha afectado.
Juicios más rápidos y desahucios en menos tiempo
Uno de los principales cambios introducidos por esta reforma es la posibilidad de tramitar los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda por la vía de juicios rápidos. Esto significa que un desahucio podría ejecutarse en un plazo máximo de 15 días desde que se presenta la denuncia, siempre que el delito se considere flagrante.
Para hacerlo posible, se ha modificado el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando de forma específica estos dos delitos a su listado:
-
i) Delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal).
-
j) Delitos de usurpación (artículo 245 del Código Penal).
Además, la norma contempla la posibilidad de que el juez ordene el desalojo de forma inmediata como medida cautelar, incluso antes de celebrarse el juicio, si así lo solicita el propietario, lo que en efecto, evita las brutales demoras que había hasta que se puso en marcha la ley.
Otro de los puntos clave es el endurecimiento de las penas para los okupas que hagan uso de la fuerza o la intimidación. En estos casos, se podrán imponer penas de prisión, sustituyendo a las sanciones económicas que eran habituales hasta ahora.
Qué no cubre la nueva ley
A pesar de estos avances, hay importantes limitaciones. La ley se aplica solo a casos de ocupación flagrante, es decir, cuando los okupas son sorprendidos en el momento de la intrusión. No se aplica a los ‘inquiokupas’, es decir, inquilinos que se quedan en el inmueble sin pagar tras finalizar el contrato. Estos casos continúan tramitándose por la vía civil, mucho más lenta.
La nueva normativa representa un paso adelante, aunque limitado. Y es que es una solución más teórica que práctica, al menos de momento, como advierten los expertos, De hecho, los okupas pueden seguir alargando los procesos judiciales mediante pruebas falsas o alegando vulnerabilidad social.
El hecho de que el procedimiento siga siendo judicial y no administrativo es otro de los puntos débiles señalados. Proponen como alternativa la creación de un registro público obligatorio de contratos de arrendamiento, que permitiría a las fuerzas de seguridad actuar de forma inmediata si no se presenta un contrato inscrito y válido.
La saturación judicial como gran escollo
Por otro lado, la situación actual de los juzgados tampoco ayuda. Y es que el anuncio anticipado de esta reforma provocó una avalancha de demandas antes de su entrada en vigor, lo que ha generado un colapso en los decanatos judiciales. Esto podría retrasar aún más los procedimientos, incluso con la nueva ley ya activa. Aunque se trabaja para ponerlo al día cuanto antes.
La ley antiokupas marca un cambio en la forma de abordar la okupación ilegal, introduciendo herramientas legales para acelerar los desalojos y endurecer las penas. Sin embargo, su efectividad dependerá de cómo se aplique en la práctica, de si los juzgados logran gestionar la carga de trabajo y de si se encuentran mecanismos que eviten el uso fraudulento del sistema por parte de los okupas.