Evis llegó a España con una maleta pequeña y una certeza frágil: no podía seguir viviendo como vivía en Colombia. El resto eran incógnitas. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía familia ni amigos esperándola al otro lado del océano. Durante los diez primeros días se alojó en un hostal barato, pagado con el dinero que había logrado reunir endeudándose y dejando atrás obligaciones que sabía que tardaría años en saldar en su país. Cada noche, al tumbarse, la misma pregunta regresaba como un latido: qué pasará cuando se acaben estos diez días. No dormía. Buscaba habitaciones en el móvil, recorría páginas de empleo, pensaba en llamar a personas a las que apenas conocía. Tenía una mezcla de fe, miedo y determinación que, por momentos, se parecía demasiado a la desesperación.
Evis es colombiana, cumple ahora tres años en España y vive en Pozuelo pueblo, a las afueras de Madrid, en una casa compartida por ocho mujeres migrantes. Casi todas limpian por horas o cuidan a personas mayores. Todas pagan 330 euros mensuales por una habitación sin contrato, sin recibos, sin garantías. La casera puede decidir subir el alquiler, meter a más gente o echar a alguien de un día para otro. Ya lo ha hecho antes. Una compañera fue expulsada tras negarse a pagar una subida. Otra perdió fianza y primer mes sin posibilidad de reclamar. “No tenemos ningún derecho, ninguna seguridad”, resume Evis, mientras plancha en una de las muchas casas que atiende por horas durante la semana.
En Colombia dejó a su marido, a dos hijos y a cinco nietos. También dejó una vida atravesada por la precariedad y por una relación de la que necesitaba escapar. Vino sola. Llegó sin saber exactamente cómo funcionaba España, aunque había intentado informarse. Pronto descubrió que una cosa es lo que se escucha desde lejos y otra lo que se vive cuando no se tienen papeles. La suerte quiso que una conocida la pusiera en contacto con Teresa, una mujer española que, al escuchar su historia, le ofreció quedarse en su casa sin conocerla. A los quince días, una tía de Teresa le dio trabajo limpiando en Galicia. Fue un mes agotador, interminable, pero Evis recuerda esa etapa como un privilegio dentro de un sistema que suele cerrarse en cuanto detecta la irregularidad administrativa.
Hoy, Evis limpia por las mañanas en ocho casas distintas. Por las tardes, de lunes a jueves, cuida a una niña con un sueldo mensual. Todo en negro. Sin nómina. Sin contrato. Sabe que sin contrato no puede alquilar un piso formal, ni pedir un préstamo, ni demostrar ingresos estables. También sabe que, si algún empleador decide formalizar su situación, puede perder ciertas ayudas. El sistema, explica, se contradice. “¿Cómo te van a dar un contrato si no puedes trabajar? ¿Y cómo te van a permitir trabajar sin contrato?”, se pregunta.
A esta vida de equilibrios imposibles se suma la imposibilidad de regresar a Colombia. Hasta que su proceso de regularización no tenga resolución favorable, salir de España significa no poder volver. Envía dinero siempre que puede. Nunca es suficiente. Gana en euros, pero gasta en euros. Las deudas del viaje siguen ahí, atormentándola.
Un lugar para la esperanza
Cuando el Gobierno anunció una regularización extraordinaria que podría beneficiar a unas 500.000 personas, Evis sintió alivio, aunque sabe que probablemente no la afecte directamente porque ya está inmersa en un procedimiento ordinario. Un abogado le aconsejó no cambiar de vía. Aun así, la noticia la conmueve. “Aunque no sea para mí, ojalá sirva para que otros no pasen por lo que pasamos nosotras”, dice.
Esa sensación recorre también un pequeño grupo de mujeres migrantes que se reúnen periódicamente acompañadas por la ONG CESAL. Se encuentran para hablar de cómo están, para compartir información práctica, para darse apoyo emocional y, sobre todo, para no sentirse solas. Las acompaña una psicóloga y dos trabajadoras sociales. Algunas están atravesando aún el duelo migratorio; otras arrastran años de cansancio acumulado. En alguna ocasión, una mujer se ha pasado toda la sesión llorando sin poder articular palabra.
Mila, cubana de 65 años, lleva dos años en España y parece enfadada. Dice que se ha encontrado con una paradoja constante: le dicen que está sobrecualificada y, al mismo tiempo, que es demasiado mayor. Sabe que legalmente no existe una edad máxima para trabajar si una persona quiere hacerlo, pero eso no se traduce en oportunidades reales. Ha buscado empleo de todo tipo. No la llaman. Sin papeles no puede pedir préstamos, ni acceder a una hipoteca, ni alquilar un piso con contrato. “Necesito papeles. No quiero ser una carga para el Estado”, afirma.
Rosario, peruana, 62 años, cumple en mayo dos años en España, el tiempo mínimo para iniciar su proceso ordinario de regularización. Tiene formación sociosanitaria. Por las mañanas limpia por horas. Por las tardes cuida a una abuelita. Los fines de semana trabaja interna con otra persona mayor. Trabaja prácticamente sin descanso. Aun así, no le alcanza. Su principal angustia ahora es no saber qué camino elegir: si iniciar su proceso en mayo o esperar a ver cómo se concreta la regularización anunciada. Nadie sabe darle una respuesta clara. Los consulados están colapsados. Los teléfonos no contestan. Rosario sonríe al hablar del grupo de mujeres. Dice que sin ese espacio sería mucho más difícil sostenerse.
Berta es paraguaya y lleva 21 años en España. Dos décadas de vida atravesadas por trabajos precarios, silencios y soledad. No puede contar todo lo que ha vivido porque, dice, se rompería. Ha llorado mucho. Siempre en silencio. Está sola. No tiene familia aquí. Por eso, para ella, cualquier contacto humano es valioso. “Me he sentido muy desamparada”, explica. Cuando habla de la regularización, utiliza una palabra que se repite entre las mujeres: bendición. “Llevamos años esperando la regularización; ahora, por fin, tenemos esperanza. Que nadie sufra lo que hemos sufrido nosotras”. Mira al resto y añade que ese grupo se ha convertido en su espacio seguro, en sus “interlocutoras válidas”, en las personas ante las que puede ser vulnerable sin miedo.
Amelia, peruana, llegó en febrero de 2025. Lleva menos de un año en España y su relato está atravesado por el llanto. Vino para apoyar a su marido, que había emigrado antes. Dejó en Perú su casa y a sus hijos. Entre febrero y agosto vivió, en sus palabras, un infierno. Gritos, control, maltrato psicológico. Lloraba todos los días. Si su marido la veía llorar, se enfadaba más. En agosto consiguió el NIE, lo que alivió algunos trámites, pero no su precariedad vital. Llega fin de mes y no puede pagar el alquiler. El casero grita, amenaza. Vive con miedo a gastar luz, agua, comida. Miedo a molestar. Miedo a acabar en la calle. “No sé si se puede vivir así”, repite.
Detrás de cada historia personal hay un entramado administrativo que explica parte del sufrimiento. Para regularizarse por las vías habituales, una persona debe haber permanecido al menos dos años en España en situación irregular y, después, encajar en alguna modalidad de arraigo. El arraigo socioformativo exige matricularse en un curso autorizado; el sociolaboral, contar con un compromiso de contrato condicionado a la aprobación del permiso; el social, demostrar medios económicos equivalentes al 100% del IPREM durante un año o contar con un familiar directo que avale (es decir, contar con unos 7.000 euros en la cuenta bancaria). En la práctica, la mayoría de estas mujeres sobreviven en economía sumergida porque nadie quiere firmar contratos que no pueden hacerse efectivos de inmediato y porque pocas personas pueden reunir miles de euros en una cuenta bancaria sin haber tenido antes un trabajo regular.
Algunas han llegado a pagar hasta 2.000 euros a intermediarios que prometían acelerar procesos. Muchas de esas promesas nunca se cumplieron. Como en tantas otras cosas, muchas de ellas cayeron en manos de mafias. Ahora miran la regularización con una mezcla de alivio y amargura: alivio por quienes vendrán detrás; amargura por lo que ellas tuvieron que atravesar.
Todas coinciden en algo: no piden privilegios. Piden reconocimiento. Ya están aquí. Ya trabajan. Ya sostienen sectores enteros como el de los cuidados y la limpieza, imprescindibles para el funcionamiento cotidiano del país. Lo hacen sin derechos laborales, sin protección social, sin posibilidad de planificar una vida.
La regularización no borrará los traumas ni devolverá los años perdidos. No resolverá automáticamente la precariedad habitacional ni las violencias machistas ni la explotación laboral. Pero puede ofrecer algo elemental: suelo. Un punto de apoyo desde el que empezar a construir sin miedo constante. Berta lo dice con una frase sencilla que condensa todas las demás: “Solo queremos vivir tranquilas”.
La regularización, para estas mujeres, significa la posibilidad de pasar de sobrevivir a vivir. De dejar de esconderse. De poder decir su nombre sin bajar la voz. De empezar, por primera vez en mucho tiempo, a soñar no sólo con un futuro, sino con un presente.