La Conferencia Episcopal Española ha apoyado a la Comisión Islámica tras la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de no permitir actos religiosos en instalaciones deportivas públicas. Los obispos católicos consideran que hacer estas “restricciones” por motivos religiosos “es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”. “Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”, han añadido desde la Conferencia Episcopal.
De hecho, los prelados españoles han recordado que el artículo 16.1 de la Carta Magna “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Por tanto, según el Episcopado, “la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar”, algo que “debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica”.
“Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”, sentenciaron desde la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal ha concluido que la “limitación” de estos derechos “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”.
Fuentes de Episcopado español han recordado que “las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española”.