Mujer, de entre 35 y 55 años, médica de atención primaria. En el ámbito sanitario es el perfil que tiene más posibilidades de sufrir una agresión. Al menos, así lo revelan los datos oficiales más actualizados, correspondientes al Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud del año 2023, elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Tere, Teresa Valle, encaja perfectamente en ese perfil. “Lo tenemos casi como algo cotidiano cuando no debería ser así. Llegamos y preguntamos: ‘¿A quién le toca hoy ir a juicio?’”, nos responde cuando le preguntamos por el tema. Actualmente, trabaja como médica de familia en un centro de atención primaria de Málaga, pero empezó su carrera en las urgencias de un hospital. Decidió cambiar de aires tras ser amenazada de muerte. “Un paciente me dijo que me iba a meter un tiro cuando saliera. Ese fue el motivo para cambiar de puesto de trabajo”. Y eso que, cuando escuchó esa frase, llovía sobre mojado. Llevaba años sintiendo miedo. “Cuando salíamos de trabajar, nunca íbamos solas al coche”, afirma.
El cambio a la primaria no mejoró las cosas: “Pensé que allí iba a poder ejercer mi labor de una forma más tranquila, pero ha sido peor. En los centros de salud, las medidas de protección son prácticamente inexistentes. No hay personal de seguridad, no hay vías de escape, no hay consultas comunicadas… nada que pueda amparar al profesional frente a una agresión. Estás más desprotegida al encontrarte en una consulta cerrada, con el agresor dentro y sin poder escapar”. A eso hay que añadir que los médicos en la primaria pueden tener que ir a las casas de los pacientes. “En las visitas domiciliarias pasa lo mismo: entras en un territorio que puede ser totalmente hostil y vas solo”.
Le preguntamos que si, tras 20 años de profesión, recuerda la primera vez que sintió miedo, su primera agresión. Y no duda. Nos cuenta que estaba embarazada de casi 8 meses de su primer hijo. Un paciente le tiró un vaso de agua a la cara. No hubo lesiones más allá del susto y, si la cosa se hubiera quedado ahí, quizá hoy este artículo no sería necesario. Pero no fue así. “Desde entonces hasta la actualidad ha ido continuando, tanto en atención primaria como en el hospital. A juicio he ido cuatro o cinco veces que recuerde, siempre con condenas para el agresor, pero que no compensan en absoluto el daño que te ocasionan. Y, más que daño físico, un daño interno, el emocional.”
Porque los médicos y, sobre todo, las médicas, escuchan de todo. “He llegado a tener que escuchar por parte de un paciente ‘vete a la cocina a trabajar’, estando a cargo de la observación de un hospital. Otros te dicen que te van a violar a la salida”. A veces, la situación va a más. “Recuerdo tener que encerrarme en un cuarto de baño porque un paciente se levantó con unas tijeras en la mano para agredirme. Pasé mucho miedo”, nos cuenta. “Otra vez, vino toda una familia con un joven muerto tras una reyerta. Estuvimos más de una hora intentando reanimarlo, pero no lo logramos. Se empezó a congregar muchísima gente, más que en El Cautivo. Teníamos mucho miedo. Tuvo que venir la Policía Nacional porque nos iban a linchar”.
Lo cierto es que la mayoría de las agresiones son verbales. Pero, aún así, se registraron 2.335 actos violentos de tipo físico a lo largo de 2023. Lo peor de estas cifras es que su tendencia es creciente.
Ángela Hernández Puente, Secretaria General de AMYTS y Cirujana General y del Aparato Digestivo, nos da unas claves sobre los posibles porqués. “Desde nuestro punto de vista, este aumento se produce por dos factores. Por un lado, la sobrecarga que soportan los profesionales y las esperas que soportan los pacientes, y por otro, las elevadísimas expectativas que dan los políticos a la población. Si se está vendiendo una sanidad universal para todos y luego no hay suficientes recursos para dotarla de profesionales y medios, se crean unas expectativas que, cuando no se ven satisfechas, generan malas reacciones”.
Y, en este punto, nos dice algo que han recalcado todas las fuentes consultadas para este reportaje: “No se notifican para nada todas las agresiones que se producen”. Vamos, que el problema que ya percibimos como enorme, es sólo la punta del iceberg.
Es lo que nos pide que destaquemos Carolina Pérez de la Campa. Ella es médico de familia de un centro de salud en la zona norte de Madrid y delegada de prevención de riesgos laborales de AMYTS. Además, está en un grupo de trabajo sobre agresiones. Agresiones que ella también ha sufrido. “Recuerdo que, en un centro de salud de Vallecas, hubo una paciente diabética que, según mi criterio profesional, no precisaba controles en domicilio. Entró en la consulta con su hija y me insultaron y me amenazaron. Gracias a que en el centro había un vigilante de seguridad, conseguí que se marcharan”. Pero el episodio no acabó ahí. “Al cabo de un rato, me fui a una salita de descanso en un pasillo en el que no hay consultas. Cuando salí, me estaban esperando. La hija me empujó con fuerza varias veces contra la pared. Logré zafarme y salir corriendo. Me siguió. Me escondí en una consulta, asustada, hasta que vino el vigilante de seguridad”. Tuvo mucha suerte de que en su centro hubiera uno.
El proceso hasta el juicio fue largo, más de dos años. Carolina ganó y la hija de la paciente fue condenada a 6 meses de cárcel (que no cumplió al no tener antecedentes). Pero hay más: “A la agresora la cambiaron de centro, pero a su madre, la familiar a la que acompañaba, no. Sólo la cambiaron de médico. Así que, cuando venían, me tenían que avisar los compañeros para que me escondiera. Estamos vendidos”, concluye.
Le preguntamos si, según su opinión, el ser mujer es determinante en este tema. “Sí, influye. Claro que influye. Influye mucho. El machismo existe. Más allá de que nos llaman ‘bonita’ o ‘señorita’, cosa que no pasa con los hombres, la fuerza es la fuerza. Y los violentos saben a quién pueden agredir y a quien no”.
Agresiones aquí y allá
Las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas y, según nos cuentan, en todas hay carencias . “La situación es un poco parecida en todas ellas”, afirma Carolina Pérez. Ella siempre ha trabajado en Madrid. Para Tere, cuya carrera se ha desarrollado en Andalucía, también se podría hacer mejor. “En otras Comunidades Autónomas hay regímenes sancionadores para los agresores que son casi inmediatos. En el caso de Andalucía, las medidas son inexistentes. No hay nada recogido que sea disuasorio. Mientras no haya alguna consecuencia para la persona que agrede, esto no se va a poder corregir. Además hay medidas de seguridad que hay que implementar”.
A todas les preocupa el aumento de las agresiones y aunque entiendan en parte los factores que podrían estar causándolas, no las justifican. “No se puede nunca justificar una agresión. Si la gente quiere protestar, que lo haga por los cauces adecuados y a quien corresponda”, nos dice Tere. Y recuerda: “Nuestra profesión es muy bonita, estamos para ayudar a la gente pero no somos un saco de boxeo, no somos un sparring”.