La polémica sobre fumar en la playa ha cruzado fronteras este verano. Francia ha endurecido las sanciones con multas de hasta 750 euros para quienes enciendan un cigarrillo en la arena, en parques o incluso en paradas de autobús. En España, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, estudia medidas similares que incluyen terrazas y piscinas. Lo que en principio parecía un avance en salud pública y protección medioambiental se ha convertido en una guerra social que enfrenta libertad individual y ecología.
En ciudades del sur de Francia como Palavas-les-Flots o Narbonne, las reacciones han sido inmediatas. Algunos fumadores aseguran que “es ridículo, ya no tenemos libertad”. Otros, aun sin fumar, consideran que se trata de una “violación del derecho a decidir”. El eco de esas protestas empieza a escucharse también en España, donde la sombra de nuevas restricciones sobre fumar en la playa genera inquietud.
Francia endurece las sanciones
El Gobierno francés defiende su decisión con cifras contundentes. Cada año se abandonan entre 20.000 y 25.000 toneladas de colillas. Un solo filtro puede contaminar hasta 500 litros de agua y el tabaco causa 75.000 muertes al año en el país. Con esos datos, la meta es “desnormalizar el tabaco y proteger a los jóvenes”, ya que el 90% de fumadores empieza antes de los 18.
Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan la proporcionalidad de la medida. La distancia entre toallas en la playa suele ser mayor que la que separa mesas en una terraza, lo que limita la exposición al humo ajeno. Además, la prohibición alcanza al vapeo y a los dispositivos de tabaco calentado, pese a que no generan colillas ni residuos. Para quienes critican la norma, meter en el mismo saco todas las formas de consumo solo aumenta la percepción de un castigo social más que ambiental.
La aplicación práctica de la medida es otro punto de fricción. En Hérault, por ejemplo, la policía debe vigilar más de 90 kilómetros de litoral. Algo que consideran irrealizable. Muchos bañistas creen que la prohibición quedará en papel mojado porque “la policía nunca podrá controlarlo”. Esa incredulidad refuerza la idea de que, más que un problema de sanciones, fumar en la playa es un asunto que debería abordarse con campañas de concienciación.
España prepara un giro normativo
La polémica no se queda en Francia. El Ministerio de Sanidad español ha abierto la puerta a un cambio legislativo que incluiría la prohibición de fumar y vapear en terrazas, piscinas y espacios al aire libre. El anuncio ha encendido las alarmas en hostelería y turismo. Una encuesta de Hostelería de España revela que el 70% de los españoles prefiere la concienciación antes que la prohibición. Incluso entre los no fumadores hay una percepción de exceso en la medida.
El sector teme un fuerte impacto económico, especialmente en regiones donde las terrazas son vitales para la actividad turística. El 62% cree que la prohibición dañará la imagen internacional de España y el 85% advierte de un “efecto rebote”. Los fumadores trasladarían su hábito a calles y reuniones privadas, agravando problemas de convivencia y limpieza.
La hostelería recuerda que Francia, en su última ampliación de espacios libres de humo, dejó fuera a bares y restaurantes para evitar un choque con un sector clave para la economía. En España, sin embargo, el borrador de la reforma incluye terrazas y piscinas, lo que multiplica las críticas. “Prohibir sin consenso es un golpe a bares, empleo y turismo”, resume la patronal.
El Gobierno insiste en que “no existe tabaco saludable” y que “ningún dispositivo alternativo reduce la adicción”. Pero el debate sobre fumar en la playa y en otros espacios abiertos no deja de crecer.