Cuando Alina pidió ayuda, el sistema decidió por ella. La enviaron a una casa de acogida con la intención de protegerla. Tenía dos hijas pequeñas, apenas hablaba español y acababa de salir de una relación marcada por el control, el aislamiento y el terror. Para Alina, aquel recurso no fue un refugio, sino otro espacio donde perdió el control sobre su propia vida.
Estuvo tres meses en una casa de emergencia en Almería con sus dos bebés. Allí, el control que había vivido con su maltratador no desapareció: cambió de forma. Alina no podía decidir qué leche en polvo tomaba su hija pequeña, ni si la mayor podía comer yogures. No podía elegir cómo vestirlas ni en qué gastar la ayuda económica que recibía. Cada decisión cotidiana estaba supervisada.
Cuando alzó la voz para reclamar autonomía, la respuesta fue inmediata. De un día para otro le dijeron que tenía que marcharse. “Prepárate, que te vas con tus dos niñas”, le comunicaron, sin explicaciones y sin informarle de adónde iba.
“Me sentía como una niña”
La trasladaron a otro centro, en Granada. Allí la situación no mejoró. Alina describe ese lugar como un “internado”. Le controlaban el dinero que tenía en su cuenta bancaria y le prohibían comprar ropa nueva para sus hijas. Le facilitaban ropa de segunda mano, pero para ella era importante que Larisa fuera al colegio feliz, con los zapatos que le gustaban. Tampoco podía comprarse nada para sí misma. Todo estaba regulado.
La sensación era asfixiante. “Me sentía como una niña”, recuerda. La comida era casi siempre la misma; llegó a comer lentejas durante meses. La psicóloga asignada, con la que no se sentía cómoda, le llegó a preguntar cómo llevaba la abstinencia sexual. Alina no se sintió acompañada ni comprendida.
“Sentí que estaba mejor con mi maltratador”
Hasta que llegó a una conclusión que todavía hoy le cuesta pronunciar: “Sentí que estaba mejor con mi maltratador”. No porque hubiera dejado de temerle ni de reconocer la violencia, sino porque fuera de la casa de acogida podía decidir, trabajar, moverse y organizar su vida, algo que dentro le estaba negado. En esos centros no encontraba apoyo ni autonomía, solo control y vigilancia.
Agotada, sin red y sin alternativas reales, Alina salió de la casa de acogida. Lo hizo sola, con dos hijas pequeñas, y se instaló de nuevo en Abla, cerca de su maltratador. No porque confiara en él, sino porque necesitaba trabajar, sobrevivir y mantener a sus hijas. Porque nadie le ofrecía otra opción viable.
Volver no fue una elección libre. Fue una decisión forzada por un sistema que no supo sostenerla. Alina necesitaba ingresos, estabilidad y, además, el consentimiento del padre para poder salir del país con sus hijas y regresar a Rumanía. Acercarse a él le pareció, en ese momento, la única vía posible para intentar protegerlas a largo plazo.
Ese retorno, provocado por la falta de alternativas habitables, la expuso de nuevo al riesgo que el propio sistema decía estar gestionando. Un riesgo que fue minimizado. Un riesgo que acabó siendo letal para Larisa y Elisa.
La historia de Alina no es un caso aislado. Es el reflejo de un modelo de protección que, en demasiadas ocasiones, no acompaña sino que dirige, no sostiene sino que controla. Un sistema que exige obediencia cuando lo que se necesita es apoyo, tiempo y autonomía para reconstruir una vida rota.
Cuando los recursos de emergencia no están pensados para mujeres reales —con hijos, trabajos precarios, redes frágiles o inexistentes y procesos de duelo abiertos— el resultado no es protección, sino expulsión silenciosa. Y cuando una mujer se ve obligada a elegir entre su autonomía y su seguridad, el sistema ya ha fallado.
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