No es sencillo. Cuando a una mujer le ofrecen una casa de acogida o emergencia para huir de su maltratador, lo único que hay es miedo e incertidumbre. La mayoría de las veces es una decisión improvisada, forzada por una situación límite. Se ha llegado hasta ahí por algo. Nadie decide dejar su vida atrás de un día para otro. No se abandona una casa, un trabajo, una rutina y unos vínculos sin consecuencias emocionales. Se huye porque no hay otra salida. Porque quedarse ya no es una opción.
Y en ese momento, cuando todo se desmorona y comienza un viaje de supervivencia, surge la pregunta clave: ¿quién puede —y quién debe— acompañar a una mujer en este camino de salvación?
El caso de Patricia y Benji
Patricia salió para no volver el 19 de enero. Se llevó a su hija, que estaba embarazada, y a su yerno. Huyó para ponerse a salvo. Pero no pudo llevarse a Benji, su perro. Hoy sigue buscando a su “hijo perruno” mientras intenta recomponer su vida.
El caso de Patricia no es el único. A muchas mujeres les ocurre lo mismo cuando deciden huir de la violencia machista: el camino hacia la protección está lleno de condiciones, límites y renuncias que no siempre pueden asumir.
Según Ana Bella, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, uno de los principales motivos por los que muchas mujeres no abandonan al agresor o rechazan una casa de acogida es la imposibilidad de proteger también a quienes consideran parte de su familia. “No hablamos solo de animales de compañía, sino también de hijos adolescentes, madres mayores o personas dependientes”, señala.
Bella advierte de que la violencia de género se ejerce muchas veces de forma vicaria, utilizando precisamente esos vínculos para retener a la mujer. “Para muchas mujeres, su perro o su gato es familia. Pedirles que los dejen atrás es pedirles que rompan uno de los pocos apoyos emocionales que les quedan en un momento de terror absoluto”.
“Las casas de acogida imponen normas muy limitantes”
Desde el ámbito psicológico, Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, subraya que muchas mujeres rechazan los recursos de protección porque estos les obligan a desprenderse de lo que verdaderamente les sostiene. “Las casas de acogida imponen normas muy limitantes y, en muchos casos, revictimizantes”, explica. “Se sale de un espacio de control y se entra en otro”.
Álvarez pone ejemplos concretos: adolescentes que no pueden utilizar el wifi a partir de determinada hora, mujeres que deben pedir permiso para salir o justificar cualquier desplazamiento. “Eso no favorece la recuperación ni la autonomía. Al contrario, puede reactivar dinámicas de sometimiento”.
El caso de una mujer y su suegra
Las consecuencias de estas normas se ven en casos como el que relata Gregorio Gómez, de la Asociación Alma. Una mujer, tras sufrir una brutal agresión, rechazó acudir a una casa de acogida porque no le permitían ir acompañada de su suegra. “Ella sabía que, si se iba con su hijo y dejaba sola a la suegra, el agresor podía matarla”, explica. Ante esa situación, la mujer decidió no denunciar y huir por otros medios.
Para Andrea Cabezas, presidenta de la asociación Stop Violencia Vicaria, las casas de acogida funcionan con normas extremadamente rígidas, muchas veces incompatibles con la vida cotidiana. “Restricciones con sus hijos e hijas, prohibiciones constantes, control permanente, ausencia de autonomía y condiciones que muchas mujeres viven como un encierro”, enumera.
Por eso —insiste— muchas mujeres no acceden a estos recursos. “No porque no quieran protección, sino porque esos espacios no son habitables ni compatibles con sus responsabilidades, su salud mental o su proceso de recuperación”.
“Eso no es protección, es expulsión”
En algunos casos, explica, las mujeres rechazan una casa de acogida en un primer momento porque no pueden cumplir esas normas y, a partir de ahí, quedan directamente fuera del sistema, aunque el riesgo aumente. “Eso no es protección, es expulsión”.
“Seguimos llamando casas de acogida a dispositivos que muchas mujeres perciben como espacios de control extremo, donde para estar a salvo hay que renunciar a todo: a tus hijos, a los animales, a la intimidad y a la vida”, apunta.
Para Cabezas, lo ocurrido no es un accidente ni una excepción. “Es una consecuencia directa de un modelo de protección fallido que no entiende cómo viven ni qué necesitan las víctimas. Mientras no se revisen en profundidad estos recursos, seguiremos viendo decisiones forzadas, situaciones límite y consecuencias irreparables. La responsabilidad no es de las mujeres, es del sistema”.
Son decisiones extremas, tomadas en situaciones extremas, que revelan una realidad incómoda: cuando los recursos de protección no se adaptan a la vida real de las mujeres, dejan de ser una opción.
Elegir entre la seguridad y los afectos
Especialistas y profesionales que trabajan a diario con víctimas de violencia machista coinciden en que las normativas de las casas de acogida deben revisarse y actualizarse para adaptarse a la realidad de las mujeres a las que pretenden proteger. Los recursos no pueden funcionar como compartimentos cerrados ni imponer reglas que ignoren los vínculos, las responsabilidades y las necesidades emocionales de quienes llegan huyendo para salvar la vida.
No puede ser que haya mujeres que permanezcan con su maltratador porque la única alternativa supone dejar atrás a un hijo, a una madre dependiente o a un animal de compañía. Tampoco puede ser que algunas regresen con su agresor tras abandonar una casa de acogida porque el recurso se convierte en otro espacio de control, rígido y deshumanizado.
La protección no puede implicar más pérdidas. Y un sistema que obliga a elegir entre la seguridad y los afectos no está protegiendo: está fallando.
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