El sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático de agresores mediante pulseras y dispositivos similares, ha sido señalado por la Fiscalía por los graves fallos ocurridos tras el cambio de empresa contratista. El Ministerio de Igualdad, en su Memoria Anual advierte que la migración de datos al nuevo sistema impidió disponer de información previa al 20 de marzo de 2024, -más de un año de datos- lo que ha generado desprotección para muchas víctimas al no poder acreditar hechos anteriores al cambio. Este vacío ha dado lugar a sobreseimientos provisionales, absolutorios e inseguridad judicial.
Aun así, Igualdad resta importancia a lo sucedido y sí, admite que ha ocurrido un fallo, pero advierte que se trata tan sólo de “casos puntuales”. Además, afirma que los datos ya han sido recuperados y asegura que el sistema ahora funciona con absoluta normalidad.
Pero, ¿de cuántos datos estamos hablando? ¿Cuántos y cuáles son estos dispositivos del sistema Cometa?
En febrero de 2025 había 4.551 dispositivos Cometa activos en España, con un pico histórico de 4.851 en abril de 2024. Actualmente, existen 7.600 dispositivos disponibles, de los cuales entre 4.000 y 4.800 están en uso. El Gobierno ha prometido ampliar la red hasta superar las 11.000 unidades en 2026. Sin embargo, estos números no bastan: un dispositivo sin acceso a datos fiables es, en la práctica, inútil. La transición tecnológica entre contratistas ha demostrado fragilidad, dejando vacíos que comprometen la seguridad de las víctimas.
El funcionamiento de Cometa depende de empresas privadas: Vodafone y Securitas Seguridad España, adjudicatarias de la gestión del sistema con financiación europea por un valor estimado de 42,6 millones de euros por tres años. El centro Cometa, dependiente del Ministerio, se encarga de la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos, siempre bajo orden judicial.
¿En qué consiste el dispositivo?
El dispositivo incluye una pulsera y un teléfono conectado a una aplicación que permite a la víctima conocer la ubicación del agresor y activar un “botón del pánico”. Cuando el agresor rompe la zona de exclusión establecida judicialmente —ya sea acercándose a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio donde se encuentre— la sala Cometa activa un protocolo de actuación:
1. Llamar a la víctima para confirmar su seguridad.
2. Contactar con el agresor para identificar la causa de la alarma.
3. Alertar a la Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica para intervenir si es necesario.
Este sistema también se utiliza en casos de violencia sexual, con medidas cautelares o sentencias judiciales, y garantiza que los agresores porten siempre el dispositivo. Según datos oficiales, a finales de agosto de 2025 había 4.749 dispositivos en funcionamiento, un 13 % más que el año anterior.
Cometa forma parte de un conjunto más amplio de recursos de protección.
El 016, servicio de atención telefónica, jurídica y psicosocial, registró entre enero y junio de 2025 más de 59.000 consultas. Por su parte, ATENPRO ofrece dispositivos móviles y pulsadores de emergencia a casi 20.000 usuarias activas, y ha gestionado más de 150.000 altas desde su creación. La combinación de estas herramientas permite garantizar un seguimiento integral, aunque su eficacia depende de la coordinación institucional y la integridad de los datos.
El contraste entre la expansión tecnológica y los fallos administrativos evidencia una paradoja preocupante: mientras el Gobierno anuncia crecimiento y ampliación hasta 2026, los vacíos judiciales y la pérdida de registros ponen en riesgo la seguridad de quienes dependen de estos sistemas.
La combinación de pulseras, teléfonos, aplicaciones y atención judicial debe funcionar sin grietas. Solo así la tecnología cumplirá su función: proteger a las víctimas y asegurar que la justicia no dependa de errores administrativos, sino de la seguridad y vigilancia constante que cada mujer merece.
Pero los fallos denunciados del sistema Cometa revelan que no basta con tener dispositivos disponibles. La integridad de los datos, la continuidad del seguimiento judicial, la fiabilidad tecnológica y la coordinación tienen que garantizarse para que los dispositivos realmente protejan. Las interrupciones y lagunas —aunque sean temporales o “casos puntuales”— tienen un impacto real, judicial, psicológico y social.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.