“Estoy desolada. Parece que me han arrancado una parte de mi alma. No puedo pensar, no puedo dejar de llorar. Solo quiero ver a mi niña, saber que está bien, y que ella sepa que su mamá la quiere, que no la ha abandonado”.
Laura (nombre ficticio) habla desde un lugar en el que el lenguaje apenas alcanza. Desde que el 26 de enero un juzgado de Familia de Sevilla le retiró la custodia de su hija, vive en una suspensión permanente del tiempo, atrapada entre el miedo y la culpa. “Esto es un horror”, repite. Un horror que no nace solo de la separación forzada, sino de la sensación de haber sido castigada por intentar protegerla.
Un padre ausente
En ese estado de devastación aparece también una idea que atraviesa a muchas madres en su situación: la de que quizá habría sido mejor callar. “Pienso que debería haber aceptado que, por ser mujer y madre, ya soy un ser horrible”, dice. Callarse —no denunciar, no insistir, no acudir a urgencias— como única forma de supervivencia dentro de un sistema que convierte la protección en sospecha.

La historia de Laura no comienza el día en que perdió la custodia. Es el resultado de casi ocho años de procedimientos judiciales, informes técnicos y regímenes de visitas que fueron modificándose pese a la existencia de indicios reiterados de riesgo para la menor.
Se separó cuando su hija era todavía un bebé. Durante los primeros meses, el padre apenas mantuvo contacto con la niña: no acudía a verla, ponía excusas constantes y no asumía ningún cuidado. Aun así, cuando la menor tenía alrededor de dos años, solicitó la custodia alegando que Laura “no estaba bien de la cabeza” y que no estaba capacitada para ejercer la maternidad, un argumento que, según explica, se repite de forma sistemática en muchos procedimientos de familia.
“No vas a volver a ver a tu madre”
Ante la falta de vínculo entre padre e hija, el juzgado estableció inicialmente un régimen de visitas muy restringido y bajo supervisión. Los encuentros debían realizarse en presencia de la abuela materna. Aun así, ese periodo fue, en palabras de Laura, “uno de los más sufridos”. Relata episodios de agresiones verbales y físicas, tanto hacia ella como hacia la niña, a la que el padre llegó a decir frases como “no vas a volver a ver a tu madre”, pese a su corta edad.
Un informe psicosocial posterior resultó determinante. En él se concluía que el padre no presentaba una intencionalidad parental clara y que mostraba un importante desfase madurativo, mientras que Laura era plenamente consciente de las necesidades físicas y emocionales de su hija. El informe recomendaba que la custodia recayera en la madre y señalaba que, durante la evaluación, él no habló de la niña y se limitó a descalificar a Laura. Con ese respaldo, se fijó un régimen de visitas muy limitado, sin pernocta ni vacaciones, siempre bajo supervisión.

Fue durante esos primeros meses cuando se produjo un episodio que marcó un punto de inflexión. En presencia de la abuela materna, el padre golpeó a la niña en el costado con un peluche. La agresión fue denunciada y quedó reflejada en un parte médico que recogía una “probable contusión costal por agresión física paterna”. A raíz de ese hecho, se activó un punto de encuentro familiar.
El padre no vio a su hija durante un año
Con el tiempo, ese recurso fue levantado al considerarse que las visitas transcurrían con normalidad. Los encuentros pasaron entonces a realizarse sin supervisión. Poco después, el padre dejó de acudir durante casi un año. Laura no denunció esa ausencia. “Mientras no estuviera, mi hija estaba a salvo”, explica.
La situación dio un giro cuando fue él quien regresó a los tribunales acusando a Laura de impedir la relación paterno-filial. Presentó una ejecución de sentencia y el foco se desplazó por completo. Pese a aportar testigos, mensajes y fotografías que acreditaban que el padre no había acudido a las visitas, el juzgado no tuvo en cuenta esas pruebas. Laura pasó a ser señalada como “la madre conflictiva”. Se le impusieron multas coercitivas y se volvió a imponer un punto de encuentro para obligarla a entregar a la niña.
Continuas visitas a urgencias con su hija tras las visitas con el padre
La modalidad aplicada fue la de entregas y recogidas, no visitas tuteladas, lo que permitía al padre llevársela sin supervisión. Laura asegura que, incluso cuando las visitas habían sido supervisadas en etapas anteriores, los profesionales no intervinieron pese a observar comportamientos preocupantes.

Desde que las visitas comenzaron a realizarse sin supervisión, Laura empezó a llevar a su hija de forma reiterada a centros de salud tras los encuentros con su padre. Constan varios partes médicos correspondientes a visitas a urgencias los días 27 de abril, 15 de mayo, 7 y 21 de junio y 2 de julio, en los que se recogen lesiones físicas, erupciones cutáneas y manifestaciones espontáneas de la menor, que en distintos momentos relató haber sido golpeada y cogida del cuello.
En el parte médico del 2 de julio, además, la niña, de cinco años, refirió un episodio de carácter sexual. Laura explica —y así consta en el informe— que notó a su hija “seria y ausente” y que, tras insistir, la menor relató lo ocurrido, lo que la llevó a acudir de inmediato a urgencias.
“No quiero hablar de papá”
Un informe elaborado por la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (ADIMA) recogió que la menor expuso los hechos de manera espontánea, pero que mostraba bloqueo, vergüenza y rechazo a hablar de su padre. Los profesionales recomendaron extremar las cautelas para preservar su integridad psíquica y evitar la revictimización.
Pese a los partes médicos y a estos informes, el juzgado de Familia de Sevilla consideró que la menor no corría ningún riesgo y mantuvo el régimen de visitas. El 26 de enero de 2026, el juzgado ordenó la retirada de la niña del domicilio materno y su entrega al padre, señalando a Laura por el supuesto incumplimiento del régimen establecido y una supuesta conflictividad parental.
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