La discusión se volvió violenta. Tanto, que la hija de 12 años de Carla (nombre ficticio), asustada, tuvo que llamar a la Policía ante la gravedad de los ataques de su padre a su madre. Se materializó una denuncia por violencia de género, un juicio rápido y a él se le obligó a salir del domicilio familiar. Pero como suele ser habitual en estos casos, Carla creyó en las promesas de su entonces marido y retiró la denuncia. Le había asegurado que abandonaría la casa en dos horas y que darían carpetazo a la relación. Eso era justo lo que ella quería. No soportaba más el nivel de violencia y el ambiente irrespirable en esa casa. “Se pensaba que era su criada y el trato era horroroso”, recuerda.
Se decretó una custodia compartida de los dos hijos del matrimonio, sin embargo, la joven que se había visto obligada a llamar al 112 no tenía ninguna intención de compartir tiempo con su padre. Comenzó entonces un proceso de mediación y las autoridades idearon un plan de acción a seis meses vista en un punto de encuentro familiar (PEF) para reorientar el vínculo con el hombre que había maltratado a su madre, prorrogable otros seis.
Carla apeló esta decisión, y la menor declaró en lo que se conoce como prueba preconstituida (la grabación de su relato para su posterior utilización en un juicio). Ante la narración de la niña se decidió suspender la custodia compartida y se le adjudicó a Carla la custodia en exclusiva de sus dos hijos. Se estableció un régimen de visitas para el hijo menor y reuniones con la hija mayor en un punto de encuentro, pero no funcionaron.
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