En su despacho del Palacio de Justicia de Dakar, Aïssatou Kanté habla con serenidad, pero sin rodeos. Magistrada en la Cámara de Juicio Financiero del pool judicial especializado en delitos económicos y de tráfico de personas, forma parte también de la Asociación de Mujeres Juristas y de la Asociación de Mujeres Magistradas de Senegal. Desde su doble compromiso —institucional y feminista— denuncia con contundencia la violencia sexual que enfrentan muchas mujeres migrantes, así como el silencio sistemático que les impide acceder a la justicia.
“La migración afecta cada vez más a mujeres y menores”, afirma. Muchas de ellas parten en cayucos desde Senegal con destino a las Islas Canarias. Algunas logran llegar a territorio español, otras son interceptadas o naufragan. “Las chicas que regresan a Senegal con papeles europeos no acuden a los tribunales para denunciar los abusos sufridos durante el viaje. Nunca he recibido el testimonio de una mujer que haya denunciado una violación cometida en alta mar”, asegura. Tampoco constan denuncias de este tipo en las estadísticas de la Asociación de Mujeres Juristas de Senegal, a pesar de que cuenta con oficinas legales en nueve regiones del país.
La razón no es la ausencia de violencia, sino la cultura del silencio. “Incluso si una mujer ha sido violada en un cayuco, aunque vuelva con un permiso de residencia europeo, no hablará de ello en Senegal. El estigma pesa más que la justicia”, sentencia.
En casas cerradas de Dakar: mujeres atrapadas en la promesa del “El Dorado”
En cambio, sí se presentan denuncias de mujeres que han sido agredidas sexualmente en Senegal mientras esperaban embarcar hacia Europa. “Muchas provienen de países en conflicto, sin documentación, y son alojadas en residencias o casas cerradas. Algunas han sido víctimas de violencia sexual sistemática. Son conocidas como ‘las sobrevivientes’”, explica. Algunas recurren a la prostitución para sobrevivir. Otras son obligadas a mantener relaciones con los hombres que financiaron su viaje. Si se niegan, son violadas.
La magistrada prefiere no hablar de los casos concretos que instruye: el secreto del sumario se lo impide. Pero cuando se trata de los expedientes que recibe en el marco de su trabajo con la Asociación de Juristas de Senegal (AJS), el silencio se rompe. En su despacho, rodeada de carpetas, expedientes y libros de derecho penal, traza un mapa claro de un fenómeno oculto: mujeres jóvenes, muchas veces invisibles para el sistema, atrapadas en redes de explotación en el corazón de Dakar.
“Estas chicas viven en casas cerradas, en edificios repartidos por distintos barrios de la ciudad”, explica. No son viviendas cualesquiera. Son lugares discretos, sin carteles, en zonas marcadas por la presencia de la prostitución. Allí, las mujeres —en su mayoría nigerianas o procedentes de regiones asoladas por la violencia armada— sobreviven bajo control de hombres que, antes de la llegada, les habían prometido una vida mejor. “El Dorado”, dicen. Una promesa que comienza con un billete pagado hacia Senegal, pero que termina con la pérdida de libertad y derechos fundamentales.
Desde la AJS, la magistrada y su equipo reciben sus testimonios, las acompañan, las protegen y, cuando es posible, inician procedimientos judiciales. “No puedo hablar de los casos en curso, pero sí de lo que vemos cada semana. Lo que ocurre en estas casas no es un secreto: es un crimen sistemático que atraviesa fronteras y cuerpos”.
“No conocen las instancias jurídicas a las que acudir y temen ser repatriadas si denuncian. Desde la asociación tratamos de acompañarlas en los trámites, pero son pocas las que se atreven a hablar. La mayoría calla por miedo o por vergüenza”, lamenta Kanté.
Recuerda el caso de una joven nigeriana, alojada en un edificio del barrio Ouest Foire, a las afueras de la capital senegalesa que había sufrido violaciones reiteradas. “Intentó denunciar, pero la denuncia no prosperó. Le explicamos que, aunque no fuera senegalesa, tenía derecho a protección. Le garantizamos que no sería expulsada por denunciar una agresión en nuestro territorio.”
El sexo como peaje migratorio
Kanté reconoce que el sexo se ha convertido en una moneda de cambio en la ruta migratoria. “Una mujer intentó dos veces tomar un cayuco. Mientras esperaba, se prostituía. Un hombre que prometió ayudarla a viajar la violó. Aunque él había pagado por mantener relaciones, cuando ella le pidió que se detuviera, él la forzó. Fue condenado a diez años de prisión firme. La víctima, después, logró migrar a España”, relata.
Aunque no se conocen cifras, Kanté asegura que los casos son numerosos. “Muchas mujeres acceden a una plaza en la embarcación a cambio de sexo. Otras son chantajeadas con falsas promesas. Algunas lo hacen voluntariamente para poder viajar. Pero incluso así, si piden que se detengan y no se respeta su voluntad, es una violación”, aclara.
Impunidad estructural
La falta de denuncias impide a las autoridades actuar contra los agresores. “No es posible identificarlos antes del embarque. Sin denuncia, no hay proceso. Y ellas no denuncian, porque su prioridad es migrar. Aunque eso implique ser agredidas sexualmente.”
La jueza denuncia la revictimización que sufren muchas mujeres en los tribunales. “Les preguntan por qué no gritaron, cuántas personas había en la habitación, por qué no denunciaron antes. Muchas terminan abandonando el proceso. Incluso si la violación es brutal, algunas no encuentran la protección que merecen.”
Un sistema legal obsoleto
Kanté denuncia que las leyes senegalesas no protegen adecuadamente a las mujeres. “El Código de Familia es de 1972. Establece que el hombre es el jefe de familia. Hoy todos contribuimos al hogar, pero seguimos anclados en un marco legal desigual.” Aunque destaca los avances de la ley de 2020 que penaliza con severidad la violación y la pedofilia, lamenta que haya sido recibida con reticencia. “Se criticó mucho, incluso dentro del ámbito judicial, por supuestamente saturar los tribunales. Pero el deber de los jueces es aplicar la ley con diligencia.”
Tráfico internacional y feminización de la migración
“El tráfico de personas es un negocio lucrativo. Una plaza en un cayuco puede costar entre 300.000 y 500.000 francos CFA (450 a 750 euros). Son capitanes y organizadores quienes comparecen ante nosotros, porque esto es crimen organizado a escala internacional”, explica Kanté desde su rol en el pool judicial financiero.
Además, la migración por vía marítima se ha feminizado. “Antes eran los hombres quienes partían. Ahora vemos cayucos con diez, quince o incluso diecisiete mujeres. Muchas van acompañadas de niños. Algunas lo hacen porque sus maridos ya están en Europa y las animan a unirse por mar tras la negativa de visado”, indica.
La presión social, un factor de expulsión silenciosa
La jueza también señala que la estructura patriarcal de la sociedad senegalesa alimenta esta ola migratoria femenina. “Muchas mujeres huyen de contextos de poligamia o de pobreza extrema. Otras imitan a quienes ya han emigrado y muestran una vida idealizada desde Europa. Es una espiral silenciosa.”
Pese a su compromiso, Kanté admite que todavía falta mucho por hacer. “La justicia senegalesa avanza, pero debe hacerlo más rápido. Las mujeres migrantes que han sido violadas merecen que su palabra sea escuchada y respetada. No buscan venganza. Buscan dignidad. Y eso empieza por creer en ellas.”