El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se reúnen este lunes en Lanzarote en un encuentro fijado la pasada semana y que coincide con la estancia veraniega del líder socialista en La Mareta. Aunque se inscribe en la agenda institucional habitual del mes de agosto, la cita llega marcada por la tensión política que provoca la presión migratoria en las islas, donde la llegada de miles de personas desde África ha saturado los recursos de acogida, especialmente en el caso de los menores que quedan bajo tutela del Ejecutivo autonómico. Será la primera vez que Sánchez y Clavijo se encuentren en esta residencia oficial, utilizada por el presidente durante sus vacaciones estivales. El verano pasado eligieron La Palma como escenario, en un encuentro centrado en la reconstrucción tras la erupción volcánica. Ahora, el telón de fondo es distinto y más delicado: el retraso en las derivaciones de menores desde Canarias hacia la península.
La situación de los menores migrantes será el núcleo de la conversación. Canarias denuncia desde hace meses el colapso de su red de acogida y acusa al Gobierno central de dejar sola a la comunidad frente a un problema que considera de alcance estatal. Actualmente, los centros insulares atienden a 5.080 niños y niñas migrantes, a los que se suman los 184 que se encuentran en el centro gestionado directamente por el Ministerio de Migraciones en Gran Canaria. Para los responsables de infancia de canarias, la situación ya constituye una crisis humanitaria y advierten de que se volverá crítica si de aquí a septiembre el Gobierno no logra convencer a las comunidades autónomas de que no pueden abandonar a las islas a su suerte.
El malestar se intensificó en las últimas semanas, tras el anuncio de que comenzaría el traslado de los 827 menores solicitantes de asilo que permanecen en las islas. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenaba al Estado hacerse cargo de estas derivaciones, la Secretaría de Estado activó las primeras salidas, previstas en fases de entre diez y quince menores. Gracias a ese mecanismo, la semana pasada diez niños pudieron llegar a la península. Sin embargo, el segundo traslado fue cancelado por el propio Gobierno central alegando un problema “administrativo”, una decisión que indignó a Canarias. La directora general de Infancia expresó abiertamente su malestar y calificó de “impresentable” la actitud del Ejecutivo. Todo ello ocurre mientras el Consejo de ministros, hace apenas tres semanas, aprobó la creación de 1.200 plazas en la península con una dotación de 40 millones de euros, aunque desde el Gobierno canario insisten en que persisten las dudas: “El Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a dónde van a ser trasladados los menores”, repiten fuentes autonómicas.
Tras las críticas del Gobierno canario a la actuación del ministerio que dirige Elma Saiz, el sábado se produjo un movimiento que desescaló en parte la tensión. Cinco menores con protección internacional, que se encontraban en el centro Canarias 50 de Gran Canaria, viajaron hacia la península para iniciar una nueva etapa lejos del foco mediático y del pulso político que los había convertido en el arma de lanzamiento de reproches bidireccionales. El Ejecutivo autonómico confirmó, además, que el Gobierno se había comprometido a que a lo largo de esta semana saldrán otros veinte en sendos traslados, diez niños y diez niñas.
Según lo dictado por el Tribunal Supremo, el Estado debe garantizar estas derivaciones para evitar el hacinamiento en los recursos insulares. Clavijo lo resumía así: “Evidentemente, el ritmo y la cantidad de menores que salen no es el que nos gustaría, pero la presión de la sociedad canaria y de los medios ha permitido que las cosas avancen. Esperemos que la próxima semana podamos volver a reunirnos para que ese ritmo sea suficiente y se resuelvan los problemas de hacinamiento que el Supremo destacaba en su auto”.
Canarias acude al encuentro con el recuerdo de los compromisos alcanzados en La Palma durante la reunión del año pasado, muchos de los cuales, según lamenta, siguen sin cumplirse. “Puedo entender las dificultades de la legislatura, pero sí espero que de esta cita salgan compromisos concretos que se materialicen en los próximos meses”, afirmó el presidente canario en declaraciones previas.
La cita en Lanzarote, no obstante, no girará únicamente en torno a la cuestión migratoria. El Ejecutivo autonómico quiere que sobre la mesa esté también la llamada agenda canaria, que incluye asuntos pendientes como la transferencia de fondos comprometidos para la reconstrucción de La Palma y la ejecución de los acuerdos presupuestarios que acompañaron el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez. Clavijo insiste en que el cumplimiento de estos compromisos es esencial para avanzar en materias clave para el archipiélago y que impulse políticas de apoyo al sector primario. La amenaza de recortes en la Política Agraria Común preocupa especialmente al Ejecutivo regional, que advierte de las consecuencias que tendría para la economía y la biodiversidad de Canarias. “De materializarse supondría acabar con nuestro sector primario. Ya estamos viendo en la península los efectos del abandono del campo, y Canarias no puede permitirse ese escenario”, sostuvo.
El encuentro en La Mareta se desarrollará bajo la apariencia de normalidad, sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de la foto institucional. Canarias exige al Estado compromisos claros y un calendario realista en cuestiones que afectan a miles de vidas humanas y vulnerables. La reunión entre Sánchez y Clavijo llega, así, en uno de los momentos más delicados de la relación entre ambas administraciones, con el archipiélago convertido en epicentro del debate migratorio en España.