Han pasado casi cinco meses desde que el Tribunal Supremo obligara al Estado a asumir el traslado de los menores migrantes con derecho a asilo desde Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, apenas una decena de jóvenes había sido derivada a la península hasta la semana pasada. En esta entrevista con Artículo 14, Rodríguez repasa las reuniones mantenidas con Madrid, la incertidumbre que viven los chicos, las carencias del sistema de acogida y la urgencia de una política migratoria nacional que no deje a las comunidades solas ante una crisis que, asegura, está desbordando las capacidades del archipiélago.
Tras la conversación, la directora fue convocada de urgencia por el Ministerio de Inclusión, que le comunicó la salida inmediata de un nuevo grupo: cinco menores partieron ayer sábado rumbo a la península y otros cinco, entre ellos varias niñas, lo harán este martes 19. A cierre de esta edición, los primeros ya estaban en camino hacia sus destinos de acogida.
¿Cómo han ido las cosas desde la sentencia del Supremo que obliga al Estado a trasladar a los menores solicitantes de asilo?
Con total lentitud. No estamos obteniendo una respuesta adecuada a lo que establece el Supremo en sus tres autos. Van a cumplirse cinco meses y solo se ha trasladado a diez menores con derecho a protección internacional. La competencia es del Estado, no de Canarias ni de las comunidades autónomas, y quien tenía que dar la respuesta no lo ha hecho. Seguimos sin saber dónde ni cuándo se van a crear las plazas que el Consejo de ministros aprobó —1.200 en total—. Tampoco sabemos cuándo se producirán los siguientes traslados. La semana pasada, tras lograr la primera salida, se nos dijo que para el martes siguiente tendríamos un calendario, pero no se cumplió. Después se nos comunicó que, por cuestiones administrativas, se cancelaba el segundo de los traslados, que debía realizarse el viernes 14 de agosto. No se ha establecido un protocolo mínimo. Según si llega a un acuerdo con una entidad en una comunidad autónoma, así se produce el traslado. El Estado está improvisando y no ha estado a la altura.
Esto no afecta solo a Canarias: es una crisis humanitaria y migratoria que también se vive en Ceuta y Melilla. Las comunidades vamos a solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, porque la situación excede la capacidad económica y los recursos materiales y humanos. Falta una política clara respecto a los menores no acompañados que sea de país y que no deje todo el peso en las comunidades autónomas.
En el caso de Canarias nos sentimos solos. Hemos intentado dar a conocer la situación: aquí han venido ministros, anteriores y actuales, y aun así no hay respuesta. Seguimos con recursos sobreocupados y falta de personal. Sin ir más lejos, tuvimos que cerrar un centro en La Gomera porque no había trabajadores disponibles. Es un cierre temporal, pero refleja la situación: en septiembre y octubre, cuando el mar está en calma, llegan más menores, y tendremos que volver a abrirlo.
¿Han pensado que, si una sentencia del Tribunal Supremo ha tardado cinco meses en cumplirse, el Estado lo que pretende es dejar este problema en Ceuta, Melilla y Canarias para no enfrentarse al resto de comunidades autónomas?
Lo hemos dicho, no solo en el tema de la protección internacional, sino también en el reparto ordinario, en base a la modificación del artículo 35 del Real Decreto Ley 2-2025, que entendemos que se está utilizando como arma arrojadiza política entre el Gobierno y el Partido Popular y otras comunidades autónomas.
Esto hay que dejarlo a un lado, porque cuando los menores llegan a Canarias, a Ceuta o a Melilla, están llegando a España. Por lo tanto, hay que dar una respuesta conjunta. Sí tenemos la sensación, a veces, de que no se quiere resolver el problema.
No hay que olvidar que el 25 de marzo salió el primer auto del Supremo. Ese auto daba diez días al Estado para dar una respuesta integral a los menores solicitantes de protección internacional. Van a cumplirse cinco meses y lo único que podemos decir es que han salido diez chicos, y lo han hecho con una presión continua por parte de Canarias: “¿cuándo, cuándo, cuándo?”. Esa lentitud y esa improvisación es lo que está provocando esta situación.
La frustración y la decepción han sido absolutas esta semana, cuando se comunicó que no podría llevarse a cabo el segundo traslado de los menores que están en el recurso Canarias 50, adonde llegaron desde otros centros canarios con la promesa de que solo permanecerían allí quince días. Ya ha pasado un mes y siguen esperando. Los chicos se están preguntando si hicieron bien en solicitar asilo, después de ser apartados del entorno donde llevaban meses. Menos mal que, con la salida de los diez primeros, han recuperado algo de esperanza en que podrán empezar una nueva vida en la Península, tal y como reconoce la sentencia del Supremo.
También creo que el Estado no era consciente de que le tocaba asumir este reto, esta competencia que es pura y exclusivamente suya: la de la protección internacional. No es competencia de las comunidades autónomas. Y sí es cierto que el Estado tiene la red de adultos para dar respuesta a las personas adultas asiladas, pero les ha costado entender que tienen que replicar en infancia y juventud esa red de acogida. Y en eso han perdido muchísimo tiempo.
¿Cree que el Gobierno central ha estado a la altura?
No, no lo ha estado. El problema de los menores migrantes no acompañados es de todo el país, no solo de Canarias. Excede la capacidad económica, de recursos humanos y materiales de las comunidades autónomas. Hace falta una política migratoria clara en relación con la infancia. Canarias se siente sola, lo hemos denunciado muchas veces.
Mientras el Estado perdía cinco meses, en Canarias pasamos de 39 a 85 centros en pocos meses para dar respuesta inmediata. No se entiende que el Estado, con muchos más recursos, no pueda hacerlo.
¿Qué es lo que más le preocupa de toda esta situación en torno a los traslados de menores?
Me preocupa que Canarias, siendo una comunidad autónoma, fue capaz en 2023 de dar respuesta a un repunte impresionante de llegadas, sobre todo en octubre, noviembre y diciembre, y pasó de 39 a 85 centros. ¿Cómo se explica que el Estado no pueda hacer lo mismo?
Creo que hay veces que no hay predisposición, o simplemente puede ser que Canarias quede lejos, que no se conozca la realidad, que no se entienda lo que estamos viviendo. Porque no es solo la ocupación en los recursos: es la presión en el territorio, en el sistema educativo, en el sanitario. Esa presión, además, el Supremo ha dicho que tiene que ser repartida entre todas las comunidades autónomas. Y aun así cuesta que se entienda y se dé respuesta.
¿Europa podría jugar un papel más fuerte en garantizar que esto se cumpla?
El comisario europeo Margaritis visitó Canarias el verano pasado y se comprometió a trabajar para buscar una solución, pero quedó en buenas intenciones. No podemos ser las comunidades las que gestionemos directamente este tipo de ayudas ante Europa. Tiene que hacerlo el Estado.
De ahí que hayamos insistido en que el Gobierno español solicite a Europa toda la financiación posible para afrontar la emergencia migratoria en la que estamos inmersos. Además, hemos pedido que se active Frontex para garantizar que estas personas no pierdan su vida en el trayecto, limitar el acceso a Canarias y tener una situación más controlada en el Atlántico. Eso tampoco se ha hecho.
Desde 2023 hemos trasladado a Europa la necesidad de hacer una distinción en el trato a los menores migrantes no acompañados. Una cosa es la política migratoria que pueda establecer la Unión Europea junto a los Estados miembros, y otra los derechos del niño, recogidos en tratados internacionales que todos los países hemos firmado. Eso nos obliga a dar respuesta de acogida y atención inmediata a los menores que entran por nuestras fronteras.
Eso lo están haciendo Ceuta, Melilla y Canarias, y también otras comunidades de España. Pero falta que Europa haga esa diferenciación: por un lado, definir una política migratoria común, y por otro, reconocer la realidad específica de los menores no acompañados.
¿Por qué se suspendió el segundo traslado de los menores solicitantes de asilo previsto esta semana?
Porque el Estado no tiene plazas creadas en la Península. La entidad con la que están conveniando no culminó los trámites para abrir el centro, y sin ese centro no hay traslado. Es la prueba de que se han perdido cinco meses sin preparar nada. Canarias abrió decenas de centros de un día para otro. El Estado podría hacerlo si quisiera.
El martes se acordó que las derivaciones se retomarían la próxima semana. Nos acaban de convocar a una reunión urgente desde el ministerio que espero que sirva para que se atienda a nuestras quejas y se cumpla.
¿Qué pasará a partir del 28 de agosto con el reparto obligatorio de menores no acompañados aprobado en el Real Decreto?
Ese decreto es ley y hay que cumplirlo. Tenemos hasta el 18 de marzo del año que viene para ejecutar esos traslados. Lo que no tenemos es tiempo. Se han perdido cinco meses valiosísimos para resolver lo que el Real Decreto establecía, que además daba un plazo de tres meses para su desarrollo.
Al final vuelve a caer el peso sobre las comunidades autónomas para dar respuesta a algo que el Estado tenía que haber solucionado mucho antes.
¿Ha hablado con otros directores de infancia de las comunidades?
Sí, hablamos mucho. Todos compartimos el mismo problema. El sistema de protección a la infancia se diseñó en los noventa para otra realidad. Hoy está roto. En Canarias, por ejemplo, se creó para 1.700 plazas y ahora tenemos que atender a más de 5.600 menores migrantes, además de los propios de protección ordinaria. Muchos dispositivos de emergencia se han convertido en permanentes, incluso naves industriales, porque no tenemos otra opción.
¿Qué pasa con la financiación?
Para mí, el Estado tendría que haber declarado la emergencia nacional para que las comunidades pudieran abrir dispositivos con mayor celeridad y no tener que verse obligadas a cumplir la ley de contratos, con procedimientos que a menudo quedan desiertos o llegan tarde.
Canarias está cubriendo no solo la acogida, sino también la atención sanitaria y educativa. El año pasado el Estado se comprometió a aportarnos 100 millones de euros y solo recibimos 50, frente a los 180 que invertimos. Si se suman sanidad y educación, superamos con creces los 200 millones.
¿Qué ocurrirá si no se producen derivaciones en los próximos meses?
No hace falta pensar en seis meses. ¿Qué va a pasar en septiembre? ¿Qué va a pasar en octubre? Que sí o sí tendremos que acogerlos. Por ley, no podemos dejar a los menores en el muelle. Tendremos que buscar la manera. Esto puede volver a suponer colchones en el suelo, centros sobreocupados, y cifras que se disparen: de 200 a 300, de 300 a 400.
Tenemos puestas las esperanzas en que, declarada la contingencia migratoria extraordinaria, podamos aplicar lo que recoge el Real Decreto y dar salida en quince días a los menores que lleguen por encima de la capacidad ordinaria.
¿El presidente Clavijo pedirá al presidente del Gobierno que declare la emergencia nacional?
Ya lo ha hecho. También ha reclamado más financiación. Cuando los menores llegan a Canarias, llegan a España. La respuesta tiene que ser del Estado, como país.
Usted está en contacto directo con los menores. ¿Cómo lo vive?
Intento recordar siempre que detrás de cada cifra hay un niño o una niña. Hemos creado centros específicos para chicas, porque son triplemente vulnerables: menores, migrantes y mujeres. También hemos abierto recursos para adolescentes con bebés, para menores con problemas de salud mental o adicciones, y para los más pequeños de 8, 9 o 10 años.
El equipo trabaja sin descanso. El año pasado teníamos solo ocho técnicos para más de 6.000 menores; ahora contamos con 39 más, que revisan expediente por expediente.
¿Qué sintió al saber que se suspendía el segundo traslado?
Me fui tocada. La semana pasada ya me afectó saber que solo salían diez. Esta vez, al comunicarme que no habría un segundo traslado, fue duro. Es frustrante porque se genera ilusión en los chicos y luego se les decepciona. En el Canarias 50, muchos llevan semanas esperando, y ahora dudan de si hicieron bien en dar el paso. Nosotros intentamos mantener su confianza, estar con ellos, explicarles que deben tener paciencia, pero emocionalmente pesa.