Cada vez se investigan más casos de violencia de género ejercida por adolescentes. En 2023 fueron 807 casos. Un año después, 888. Y en 2025 la cifra ha superado por primera vez el millar: 1.023 diligencias preliminares por violencia de género cometida por menores. En apenas dos años, el incremento es del 26,8%.
No solo crecen las investigaciones. También los adolescentes que acaban ante un juez. En 2025 fueron 417, un 21,93% más que el año anterior, y en 383 casos se impusieron medidas. Es decir, más de nueve de cada diez procedimientos juzgados terminaron con la imposición de alguna medida.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025 dibuja así una realidad especialmente preocupante: la violencia machista no empieza necesariamente en la edad adulta. Y parte de ella se desarrolla, además, en un espacio en el que los adolescentes pasan buena parte de su vida: el teléfono móvil.
Del control del móvil a la inteligencia artificial
Amenazar, acosar, vigilar, enviar mensajes y borrarlos inmediatamente después. Las tecnologías llevan años formando parte de la violencia de género. Pero en 2025 Fiscalía detecta un salto más y lo identifica expresamente como una de las novedades del ejercicio: la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta para ejercer ciberviolencia machista.
Zaragoza fue la primera fiscalía que dio la voz de alarma en 2024 precisamente por su utilización en delitos vinculados a la violencia de género entre jóvenes. Un año después ya no es un fenómeno localizado. Badajoz y Baleares han comunicado situaciones similares y algunas de las víctimas son menores de 18 años.
La IA plantea además un problema nuevo para quienes tienen que investigar esos delitos. Los materiales pueden ser manipulados con relativa facilidad y comprobar mediante una pericial cada contenido sospechoso tendría un coste difícilmente asumible. La advertencia que hace Fiscalía es contundente: hacerlo sistemáticamente “supondría el colapso del sistema”. Por eso reclama formación especializada para los fiscales ante unas formas de delincuencia tecnológica que evolucionan a enorme velocidad.
Borrar el mensaje ya no significa borrar la prueba
Pero la tecnología también está empezando a jugar en sentido contrario. La misma Memoria recoge un avance que puede resultar especialmente importante para las víctimas: los tribunales están empezando a aceptar la huella que deja un mensaje borrado como prueba de un quebrantamiento.
La Fiscalía de Lleida ya había advertido de una práctica cada vez más frecuente: mensajes que el agresor envía y elimina inmediatamente después. El contenido desaparece, pero queda constancia de que hubo un mensaje. Y en 2025, según Fiscalía, se ha consolidado una doctrina desarrollada inicialmente en Cataluña por la que ese rastro puede corroborar el relato de la víctima sobre qué decía el mensaje y resultar suficiente para acreditar el delito.
Es un pequeño cambio probatorio frente a un problema enorme. Porque las cifras de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer muestran hasta qué punto las pantallas se han convertido también en escenario de violencia. Más de 2,6 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido acoso digital alguna vez en su vida. El 9,4% ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados y unas 161.000 han visto cómo alguien compartía o publicaba fotografías o vídeos eróticos o sexuales suyos sin consentimiento.
Cuanto más jóvenes, más violencia digital
La brecha generacional es enorme. El 34,5% de las mujeres de entre 18 y 24 años ha sufrido acoso digital, al igual que el 28% de las adolescentes de 16 y 17. Entre las mayores de 75 años, la incidencia cae al 0,3%.
El dato conecta con aquella primera cifra de los adolescentes investigados por violencia de género y permite entender por qué Fiscalía insiste en la prevención. Los jóvenes no solo son quienes más expuestos están a la violencia digital: las fiscalías están viendo crecer también el número de menores que ejercen violencia contra sus parejas. Y ahora aparecen nuevas herramientas capaces de amplificarla.
Ni siquiera investigar lo que sucede en internet resulta sencillo. Las fiscalías de menor tamaño siguen sin disponer de recursos técnicos propios y Fiscalía denuncia que las solicitudes de información dirigidas a compañías como Facebook o Instagram resultan en la práctica “inoperativas” por el tiempo que tardan en contestar. En algunos procedimientos, cuando llega la respuesta ya es demasiado tarde: la demora los ha dejado sin prueba suficiente.
Las agresiones sexuales también aumentan
Pero el crecimiento que refleja la Memoria no termina en las pantallas. Las diligencias previas por agresión sexual aumentaron un 15,9% durante 2025, hasta alcanzar las 24.001. Un año antes habían sido 20.711 y en 2023, 18.474.
La evolución debe leerse teniendo en cuenta el cambio provocado por la ley del solo sí es sí, que eliminó la antigua figura del abuso sexual e integró esas conductas dentro del delito de agresión sexual. Por eso, mientras aumentan los procedimientos registrados como agresiones, continúan descendiendo los que todavía aparecen bajo la antigua denominación de abuso sexual porque corresponden a hechos anteriores a la reforma.
Aun con esa cautela estadística, la tendencia de las agresiones sexuales registradas bajo la nueva clasificación continúa al alza. Hay, sin embargo, una excepción: las diligencias por agresión sexual contra menores de 16 años descendieron ligeramente, un 1,9%, en 2025, después de los fuertes incrementos registrados en los dos ejercicios anteriores.
Un cambio histórico para la violencia sexual
2025 ha cambiado también el lugar en el que se investigan estos delitos. Desde el 3 de octubre, las Secciones de Violencia sobre la Mujer dejaron de ocuparse únicamente de la violencia ejercida por parejas y exparejas y asumieron todos los delitos de violencia sexual cuando la víctima es una mujer, sea quien sea el agresor.
La ampliación alcanza además a la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso con connotación sexual. Es uno de los cambios estructurales más importantes que recoge la Memoria, aunque Fiscalía reconoce que todavía no puede medir sus consecuencias: en 2025 apenas estuvo vigente durante tres meses y será este año cuando pueda conocerse su impacto real sobre unos órganos judiciales que ya soportaban una elevada carga de trabajo.
Y la reforma ha dejado una paradoja cuando la víctima es una niña: la nueva organización judicial abrió dudas sobre quién debía investigar una agresión sexual contra una menor, las Secciones de Violencia sobre la Mujer o las nuevas Secciones de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. Los tribunales se han inclinado mayoritariamente por estas últimas —salvo determinadas excepciones— y el Supremo ha terminado confirmando ese criterio.
Más denuncias, pero también más mujeres que no declaran
Cuando se amplía el foco al conjunto de la violencia de género, la Memoria vuelve a mostrar cifras en ascenso. En 2025 llegaron a los órganos judiciales 204.342 denuncias, un 2,64% más que el año anterior, correspondientes a 185.188 mujeres víctimas.
Pero hay dos datos que ayudan a entender qué significa realmente “denunciar”. Solo 1.803 denuncias, el 0,88%, fueron presentadas directamente por las mujeres en el órgano judicial. La inmensa mayoría llegó a través de atestados policiales, intervenciones directas de los agentes o partes de lesiones.
Y, al mismo tiempo que aumentaron las denuncias, creció con mucha más intensidad el número de mujeres que después se acogieron a su derecho a no declarar. Fueron 20.977, un 12,6% más que el año anterior.
El quebrantamiento, una violencia que continúa después del juzgado
Conseguir una medida judicial tampoco significa necesariamente que el agresor la respete. Casi uno de cada cuatro delitos por los que acusó Fiscalía en violencia de género fue un quebrantamiento. En total, 14.360 infracciones por incumplir medidas cautelares, condenas o medidas de seguridad.
Solo el maltrato ocasional aparece por delante. Y, en el extremo contrario, Fiscalía se detiene en un porcentaje que considera “especialmente llamativo”: el maltrato habitual representa únicamente el 6,11% de las infracciones calificadas.
No interpreta esa cifra como prueba de que la violencia continuada sea excepcional. Al contrario. Fiscalía reclama “intensificar el esfuerzo instructor” para demostrar un delito particularmente difícil de acreditar porque exige reconstruir una sucesión de conductas que habitualmente se producen dentro de la intimidad.
Seis posibles denuncias falsas entre más de 204.000
La Memoria aporta otro dato especialmente significativo en un debate recurrente alrededor de la violencia de género. Durante todo 2025, frente a las 204.342 denuncias registradas, Fiscalía tuvo conocimiento de seis asuntos en los que se dedujo testimonio por una posible denuncia falsa.
La desproporción entre ambas cifras permite dimensionar el fenómeno: seis casos sometidos a investigación frente a más de 204.000 denuncias por violencia de género.
Cuatro de cada diez víctimas son extranjeras
Tampoco todas las mujeres afrontan la violencia desde la misma posición. El 38,37% de las víctimas registradas en 2025 eran extranjeras: 71.051 mujeres, casi cuatro de cada diez.
La propia Fiscalía señala factores que pueden aumentar su vulnerabilidad: dependencia económica, barreras idiomáticas, situación administrativa o ausencia de una red de apoyo. Sin embargo, los datos desmontan una percepción extendida: las mujeres nacidas fuera de España denuncian más, no menos. Lo hizo el 23% de aquellas que habían sufrido violencia de pareja, frente al 15% de las nacidas en España.
La desigualdad aparece también entre las mujeres con discapacidad. Entre aquellas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, el 22,5% ha sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja anterior. Entre las mujeres sin discapacidad, el porcentaje es prácticamente la mitad: 11,1%.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.