La reciente polémica pública en torno a Kiko Rivera y el pago de la pensión a su expareja ha vuelto a colocar bajo el foco un asunto que rara vez ocupa titulares más allá del ruido mediático. Durante unos días, tertulias y redes sociales han discutido cifras, versiones y reproches personales. Sin embargo, detrás del espectáculo, late una realidad mucho más silenciosa y extendida: La violencia económica que muchas mujeres sufren tras una ruptura, cuando el dinero destinado a sus hijos deja de llegar o se convierte en una herramienta de presión.
No se trata de un conflicto de pareja ni de una disputa privada. Para miles de mujeres, el impago de la pensión alimenticia no es solo una dificultad financiera, sino una forma de control que se prolonga después del divorcio y que condiciona cada decisión cotidiana, desde llenar la nevera hasta apuntar a un niño a una actividad escolar.
La dimensión jurídica
Desde el punto de vista legal, la pensión de alimentos no es opcional ni negociable. “Es un importe mensual que tiene que abonar el padre o la madre al otro progenitor para que pueda mantener económicamente a los hijos que han tenido en común”, explica Óscar Martínez, tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familia. “Es irrenunciable, porque está configurado como un derecho de los hijos y debe estar aprobado por el Juzgado dentro de una sentencia, por lo que es de obligado cumplimiento”.
Cuando no se paga, el camino que queda es judicial. “Al estar aprobada por sentencia, se puede reclamar su cumplimiento en el Juzgado. Hay dos posibilidades: Por vía civil, solicitando la ejecución de la sentencia para embargar al deudor, o por vía penal, porque el impago puede constituir un delito”. Sin embargo, la teoría jurídica choca con una realidad mucho más compleja.
“El problema es cuando el deudor es insolvente. Si no trabaja, no tiene bienes a su nombre o no percibe ingresos oficiales, el acreedor de la pensión no podrá cobrar”. Martínez reconoce además que existen estrategias deliberadas para esquivar la obligación: “Hay obligados que dejan de trabajar de forma sorpresiva cuando se les reclama la deuda, causan baja en la empresa para que no se les pueda embargar, o trabajan en economía sumergida para no tener ingresos oficiales”. A esto se suma la lentitud del sistema; los procesos de familia tardan una media de dos años y once meses en hacerse efectivas.
El V Observatorio de Derecho de Familia de la AEAFA revela un dato contundente: En tres de cada diez divorcios contenciosos en España se incumple el pago de la pensión de alimentos o el régimen de visitas. “Este elevado porcentaje tiene efectos devastadores en el desarrollo emocional de los hijos”, advierte Martínez.
La dimensión psicológica
Para la doctora Miryam Al-Fawal Portal, experta en psicopatología legal y criminológica, el impacto va mucho más allá de lo económico. “Los efectos pueden ser múltiples. El primero es la ruptura abrupta del equilibrio económico familiar. Los gastos vinculados a los hijos se mantienen, pero desaparece una parte de los recursos previstos para cubrirlos”.
Ese corte repentino obliga a ajustes inmediatos: “Desde la supresión de actividades extraescolares hasta la limitación de aspectos básicos de socialización y ocio”. Pero lo más relevante, explica, es el patrón que se genera: “Incertidumbre constante, sobrecarga en la gestión diaria, lo que se ha denominado ‘carga invisible’, y una presión sostenida para garantizar necesidades básicas sin los recursos necesarios”.
La especialista encuadra esta situación dentro de la violencia económica, una forma de violencia de género basada en el control a través del dinero. “Consiste en el uso de los recursos como instrumento de control, limitación o castigo. No es solo una cuestión económica, sino una estrategia de dominación que genera dependencia y desestabilización”.
Esa dinámica afecta directamente a la autonomía. “La violencia económica produce una restricción progresiva del margen de acción, hasta condicionar decisiones cotidianas básicas. La mujer sigue asumiendo la responsabilidad del cuidado, pero sin disponer de los recursos necesarios para ejercerla con libertad”.
El impacto también alcanza a los hijos; “crecen en un entorno de imprevisibilidad económica donde las rutinas pueden cambiar de forma brusca. Aparece una dinámica disfuncional que suele describirse como ‘poli bueno–poli malo’. El hogar materno se ve obligado a establecer límites constantes derivados de la falta de recursos, mientras que en el otro entorno pueden mantenerse condiciones más estables”.
Esto favorece fenómenos como la ‘parentificación’, en la que los hijos intentan no generar más carga, asumen preocupaciones propias del mundo adulto y adoptan un rol de sostén emocional hacia la madre. Además, se genera una carga emocional intensa en la mujer. “Se enfrenta a una doble presión: Garantizar necesidades básicas con recursos limitados y asumir internamente la imposibilidad de cubrir aspectos cotidianos de la normalidad infantil. Cada decisión económica implica renuncias y un desgaste acumulativo”.
“Mi hijo dejó de pedirme cosas para no hacerme daño”
Rosana se divorció hace seis años. Durante el primer año, la pensión llegó con retrasos. Después, dejó de llegar. “Al principio pensaba que era algo puntual. Luego entendí que no”.
Tiene dos hijos. Trabaja a jornada completa y aún así, hay meses en los que no llega. “Lo peor no es el dinero, es la sensación de estar siempre apagando fuegos. No puedes planificar nada. No sabes si el mes que viene vas a poder pagar el comedor o comprarles zapatillas nuevas”.
Recuerda con claridad el momento en que comprendió el impacto en sus hijos. “Un día mi hijo mayor me dijo que no quería apuntarse a fútbol porque ‘era caro’. Tenía nueve años. Ahí me di cuenta de que estaba pensando como un adulto”.
Con el tiempo, empezaron a dejar de pedir. “Eso es lo que más duele. Que dejen de pedirte cosas para no hacerte daño. Que se adapten a la escasez como si fuera lo normal”. Ha denunciado, ha reclamado, ha esperado. “Vives en un bucle de juzgados, papeles y plazos eternos. Y mientras tanto, la vida sigue, los niños crecen y las facturas llegan”.
Cuando escucha casos mediáticos en televisión, cambia de canal. “Se habla como si fuera un cotilleo. Pero para muchas mujeres es la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes, entre que tus hijos tengan una infancia normal o no”.
La violencia económica tras el divorcio no siempre deja marcas visibles, pero condiciona la vida diaria de miles de familias. Convertir la manutención en un arma no es solo incumplir una obligación legal, es prolongar el control, la presión y el desgaste más allá de la ruptura. Y, sobre todo, trasladar ese conflicto a quienes menos deberían sufrirlo, los hijos.