El pasado lunes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó en el Palacio de Planalto, en Brasilia, dos decretos concebidos para reforzar la seguridad, la protección del consumidor y la salud pública en los espectáculos en directo. Presentadas el mismo día, las medidas no tardaron en ser bautizadas por los fans y algunos medios como la «ley Taylor Swift».El sobrenombre, sin embargo, simplifica una realidad jurídica más concreta: no se trata de una ley aprobada por el Congreso, sino de dos decretos presidenciales distintos, el 13.108 y el 13.109, que desarrollan las protecciones previstas en el Código brasileño de Defensa del Consumidor. Juntos establecen nuevas obligaciones para la venta y trazabilidad de entradas, regulan las colas virtuales y garantizan el acceso gratuito al agua en determinados eventos. El camino hasta estas reformas comenzó, sin embargo, con una tragedia que sacudió a la industria musical.
El detonante fue el 17 de noviembre de 2023, durante la primera noche del Eras Tour de Taylor Swift en Río de Janeiro. En medio de una ola de calor extremo en el Estadio Nilton Santos, Ana Clara Benevides Machado, estudiante de 23 años, sufrió un colapso y murió posteriormente. El informe forense determinó que la exposición al calor había provocado una afección térmica fatal.
La tragedia desató una oleada de indignación en Brasil, especialmente por las restricciones que impedían a los asistentes entrar al recinto con sus propias botellas de agua. En los días siguientes, el Gobierno aprobó una ordenanza temporal para garantizar el acceso a la hidratación en los grandes eventos, pero pronto comenzaron a reclamarse medidas permanentes.
Paralelamente, legisladores estatales y federales empezaron a impulsar distintas iniciativas. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro presentó el proyecto 2604/2023, conocido como «Ley Ana Benevides», con el objetivo de garantizar el acceso al agua, mientras que en la Cámara de Diputados avanzaba otra propuesta contra la reventa abusiva de entradas que acabaría recibiendo el apodo de «Ley Taylor Swift».
Impulsado por el diputado Pedro Aihara como PL 3115/2023, el proyecto federal pretendía combatir la compra masiva y la reventa especulativa. Su tramitación, sin embargo, estuvo rodeada de polémica. Una enmienda introducida por el diputado Luiz Gastão excluía determinadas reventas realizadas de manera «ocasional o no habitual», una excepción que sus críticos interpretaron como un posible resquicio legal para determinados revendedores.
Ante la lentitud de la tramitación parlamentaria, el Gobierno de Lula optó por regular parte de estas cuestiones mediante los decretos 13.108 y 13.109, que establecen obligaciones administrativas y sanciones vinculadas al sistema brasileño de protección del consumidor.
Contra los bots y la reventa abusiva
El Decreto 13.108 se centra en el mercado de entradas y deja fuera los acontecimientos deportivos, sujetos a una normativa específica. Entre otras medidas, obliga a las plataformas de venta a implantar sistemas capaces de dificultar la compra automatizada mediante bots, scripts y otros programas especializados.
También refuerza la personalización y trazabilidad de las entradas para reducir el fraude y la duplicación. En aquellos procesos de venta con una demanda especialmente elevada, las colas virtuales deberán ofrecer al consumidor información más clara sobre su situación: posición en la fila, número de usuarios que le preceden y tiempo estimado de espera.
Una vez seleccionada la entrada, esta deberá permanecer reservada durante un periodo suficiente para completar la operación. Durante ese intervalo no podrán modificarse las condiciones de precio que se habían mostrado inicialmente al comprador.
Las plataformas de reventa, por su parte, tendrán que identificar con mayor claridad el precio original de la entrada cuando se anuncie posteriormente por un importe superior y facilitar información sobre la condición del vendedor. Asimismo, deberán permitir determinadas transferencias digitales de entradas sin imponer cargos adicionales al consumidor.
El agua como obligación
Mientras el primer decreto se ocupa fundamentalmente de la economía de la venta de entradas, el 13.109 convierte el acceso a la hidratación en una obligación permanente para los organizadores.
La norma establece que los eventos abiertos al público con más de 1.000 asistentes deberán disponer de agua potable gratuita, ya sea mediante fuentes en funcionamiento o mediante otros sistemas de distribución sin coste para los asistentes.
Los organizadores podrán seguir vendiendo agua embotellada dentro del recinto, pero esa oferta comercial no sustituirá la obligación de proporcionar una alternativa gratuita.
Además, los recintos no podrán impedir de forma general que el público acceda con sus propias botellas de agua, siempre que estas cumplan previamente las condiciones de material y seguridad establecidas para el evento.
La firma de los decretos tuvo también una dimensión simbólica. Representantes de clubes de fans de Taylor Swift, BTS y otros artistas acudieron al acto en el Palacio de Planalto. Lula se dirigió directamente a ellos: «Si no fuera por ustedes, no estaríamos haciendo este decreto. En algún momento decidieron gritar»; también definió la firma como «un acto de democracia».
Lula calificó de «una vergüenza» que fuese necesario aprobar un decreto para garantizar agua. La ministra de Cultura, Margareth Menezes, por su parte, resumió el espíritu de la medida: «Esto es cuidar de las personas».
¿Un modelo para otros países?
En un momento en que los precios de las entradas continúan aumentando y los grandes conciertos se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a episodios meteorológicos extremos, el caso brasileño plantea una cuestión inevitable: ¿pueden estas medidas convertirse en un precedente para otros países?
La comparación con Estados Unidos resulta especialmente significativa. Allí, el colapso de Ticketmaster durante la preventa del Eras Tour de Taylor Swift en 2022 provocó audiencias en el Senado, investigaciones sobre el funcionamiento del mercado y una ofensiva antimonopolio del Departamento de Justicia contra Live Nation-Ticketmaster. Buena parte de la respuesta estadounidense se ha centrado, por tanto, en la competencia empresarial, la transparencia de precios y el funcionamiento de las grandes plataformas.
Brasil incorpora ahora otra dimensión. Además de intervenir sobre la venta de entradas y las prácticas de reventa, introduce explícitamente la salud y la seguridad del público dentro de la regulación de los grandes espectáculos.
La muerte de Ana Clara Benevides convirtió en noviembre de 2023 una cuestión aparentemente tan elemental como poder beber agua durante un concierto en un debate nacional. Casi tres años después, aquel episodio ha terminado cristalizando en normas que afectan tanto a la manera en que se venden las entradas como a las obligaciones básicas de quienes organizan un evento.
Puede que otros países adopten soluciones diferentes, pero Brasil acaba de colocar dos cuestiones difíciles de separar sobre la mesa de la industria mundial de la música en directo: cuánto puede lucrarse un mercado antes de perjudicar al consumidor y hasta dónde llega la responsabilidad de un organizador sobre las personas que entran en su recinto.