Hace poco más de un año, un directivo hecho a sí mismo en el sector de la defensa asumió la presidencia de Indra. El nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra para sustituir a Marc Murtra, tras el fulminante cese de su predecesor en Telefónica, José María Álvarez-Pallete, fue una decisión de Moncloa. El paso definitivo en un idilio que había comenzado años atrás, cuando el Gobierno identificó la oportunidad de reforzar a Indra para convertirla en el campeón de defensa nacional.
Ángel y Javier Escribano, herederos de un taller metalúrgico familiar -origen de la actual Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)-, tuvieron la visión de apostar por el sector de defensa cuando no estaba de moda. A través de José Bono, ministro del ramo en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron desembarcando en el sector. En 2016, lograron ganarse la confianza del fondo soberano de Omán, que invirtió 18 millones de euros en su empresa. Un socio -recompraron su participación del 32% en 2020- que les facilitó ganar, no solo tamaño, sino también conocimiento tecnológico en armamento.
El inicio con Pedro Sánchez
Con la llegada de Pedro Sánchez al poder, los hermanos Escribano -que ya habían demostrado su capacidad a Rodríguez Zapatero- reconectaron con Moncloa. En agosto de 2020, junto con Indra, Santa Bárbara y Sapa, como socios en Tess Defence, se adjudicaron un contrato de 1.740 millones para el desarrollo del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8.
Ángel y Javier Escribano demostraban al Ministerio de Defensa, con el beneplácito de Moncloa, su capacidad de respuesta ante las necesidades del Ejército.
En mayo de 2023, los Escribano afloraban un tímido 3% en el capital de Indra y la decisión de llegar al 10% ese año. Entonces, defienden esta inversión como una muestra de su apoyo -y confianza porque ellos se juegan su patrimonio– a la idea de convertir a Indra en el campeón nacional en el sector de la defensa. Se señala la necesidad de tener más capacidades para competir en el mercado de la defensa europeo, donde los grandes players “sí tienen un tamaño considerable”, según reconocían entonces a Expansión.
“Sin ninguna duda su entrada en el accionariado viene de la mano del Gobierno, que ya entonces controlaba el 28% del capital”, recuerda a Artículo14 un analista. En diciembre de 2024, dan la sorpresa al mercado y se convierten en el segundo accionista, tras alcanzar un 14,3%. Tener un socio afín en una compañía estratégica garantiza al Ejecutivo su control, con una opción mucho más ventajosa que superar el umbral del 30% y verse abocado a una OPA sobrevenida. “Este es un ejemplo más de que la gobernanza en las empresas participadas por el Estado siempre ha sido un desastre”, reconoce una fuente consultada.
La fusión
Los inversores siempre han interpretado que la inversión de EM&E en Indra está respaldada -sino alentada- por Moncloa. Al frente del área Económica está Manuel de la Rocha, persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Es Manuel de la Rocha quien abre la puerta de la presidencia de Indra a Ángel Escribano. Con este nombramiento, accede al consejo, donde ya se sienta su hermano Javier, presidente de EM&E, como vocal dominical. La mejor prueba para los hermanos Escribano de la confianza depositada por el Gobierno en su objetivo de llevar a Indra a la “cúspide” de la defensa nacional.
Una meta que puede acelerarse si se integran las capacidades de una empresa como EM&E a través de una fusión de ambas compañías. No solo se conocen como socias en multitud de proyectos, sino que sus propietarios se sientan en el consejo de Indra -uno de ellos es su presidente-. Fusión y conflicto de interés; conflicto de interés y fusión: Ángel Escribano es protagonista en ambos lados: presidente de Indra y copropietario al 50% de EM&E.
Dice Javier Escribano, presidente de EM&E, que Indra siempre tuvo interés en adquirir su empresa y que ellos se pusieron de perfil. Dice ahora María Jesús Montero que cuando se nombró a su hermano, Ángel Escribano, presidente de Indra, el Gobierno desconocía que hubiera un conflicto de interés porque la operación de fusión no estaba sobre la mesa.
La presión: más allá del conflicto de interés
Una vez que la fusión trascendió los pasillos de Indra y EM&E, la presión sobre el alcance del conflicto de interés fue en aumento. Comenzó dentro de un consejo de administración heredado de la etapa de Marc Murtra. Los vocales independientes empezaron a cuestionar la idoneidad de la operación. La intención era estructurarla a través de una ampliación de capital para integrar a EM&E.
Frente a esas voces, el mandato de Moncloa seguía firme: crear el campeón de defensa nacional. Una apuesta reflejada en la adjudicación a Indra de más de 14.000 millones de euros en nuevos programas de defensa, más de la mitad en alianza con EM&E (megacontrato de los obuses). Hasta verano, no hay señales de una supuesta desconfianza en Ángel Escribano.
En junio, la junta de accionistas respalda su nombramiento como presidente con un 98% de los votos. En julio, el consejo -con el apoyo del Gobierno a través de SEPI- otorga el mandato de avanzar en la operación bajo la supervisión de una Comisión ad hoc, presidida por una vocal independiente crítica.
La ruptura
En diciembre, el consejo de administración por unanimidad -incluida la SEPI- respalda avanzar en la operación. Toda la maquinaria está en marcha. Sin embargo, tras las bambalinas el sentir de Moncloa respecto a la operación es otro. Se cae en la cuenta de que los múltiplos de valoración de Escribano se han duplicado. En 2024, EM&E pasó de facturar 115 a 355 millones y de ganar 8,8 millones a más de 111 millones. Si a principios de 2025, Javier Escribano dejó caer que Escribano “vale mucho más que mil millones”; doce meses después, esa cifra se ha duplicado y ronda los 2.000 millones.
En una fusión mediante ampliación de capital, el peso de los Escribano se asemejaría al de SEPI, un riesgo que el Gobierno no puede permitirse. Un accionista privado no puede tener capacidad de maniatar al Estado en la empresa clave en defensa.
Una china en el zapato
El ministro @jordihereub se ha reunido con la dirección de @GDELS_Official
➡️Se ha abordado el plan industrial de la compañía en España y su proyección internacional
✔️Ambos han destacado la importancia de fortalecer el tejido productivo nacional en el ámbito de defensa pic.twitter.com/sqyHLoujXS
— Ministerio de Industria y Turismo (@minturgob) October 22, 2025
Entretanto, Santa Bárbara -a quién el Ministerio de Defensa arrincona en favor de EM&E-, pasa de las buenas palabras a los tribunales. Para Defensa, otorgar los mayores contratos a Santa Bárbara, propiedad de General Dynamics, un gigante estadounidense, se entiende como dependencia cuando el objetivo es construir autonomía militar ‘Made in Spain‘.
No es la única a la que se ha dejado fuera de las adjudicaciones.
En 2026, la ofensiva legal de General Dynamics (GDELS) Santa Bárbara Sistemas contra Indra -en UTE con EM&E- por el megacontrato de los obuses tiene un giro inesperado: más de 14.000 millones de euros en créditos a tipo cero están en riesgo. E indirectamente la capacidad de ejecución de los programas valorados en más de 30.000 millones por parte de las empresas.
El órdago
En este cambio de postura, Moncloa a través de la SEPI empieza a trasladar sus recelos a la operación corporativa con EM&E por el conflicto de interés existente con su presidente. Soterradamente, se sugiere que Ángel Escribano debe dimitir para facilitar la operación.
En paralelo, se abren otras vías frente a la fusión, como la creación de una filial que integre los negocios terrestres. En el consejo de febrero de 2026, el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, que ha liderado el proceso de integrar a EM&E, recibe el encargo de testar cuál es la posición de cada accionista sobre cómo encajar la empresa para su debate en la reunión del 25 de marzo.
Una semana antes, el miércoles 18 de marzo a las 22:32 de la noche, la SEPI informa directamente a la CNMV de su posición: muestra su preocupación por el “conflicto de interés” y pide su resolución antes de avanzar en la operación. Una manera ‘elegante’ de exigir a Ángel Escribano que dimita.
El directivo, que cuenta con el apoyo del empresario Josep Oughourlian, presidente del fondo Amber Capital (6,23%), fajado en lides similares frente al Gobierno, lejos de amilanarse pasa la pelota al Ejecutivo. En lugar de dimitir, el 19 de marzo, los propietarios de EM&E se retiran de la operación. Una decisión con la que dejan sin su principal argumento al Ejecutivo en sus recelos sobre la continuidad de Ángel Escribano al frente de Indra. Los Escribano siempre han defendido que su único interés es industrial.
Ángel Escribano esgrime, que a diferencia de lo ocurrido con Pallete en Telefónica, él es el segundo accionista y que cuenta con el apoyo del consejo, porque nadie ha votado en su contra. Y que, desde que asumió la presidencia, la acción ha pasado de cotizar por debajo de los 20 euros a superar los 50 euros. Ello, a pesar de que en la última semana, Indra ha perdido 1.200 millones de capitalización.
La cuenta atrás
El pasado viernes 20 de marzo, Ángel Escribano fue llamado a Moncloa. Su batuta económica, Manuel de la Rocha, ha perdido su confianza, es un camino sin retorno y cada día la tensión es mayor. En juego está la velocidad a la que Indra puede llegar a ser el campeón de defensa nacional.
La cuenta atrás para Ángel Escribano al frente de la presidencia de Indra -según reconocen diversas fuentes, incluidos analistas- ha comenzado. El argumento es sencillo: el Gobierno, de la misma manera que ha hecho crecer a EM&E, puede cortarle las alas si le saca de las adjudicaciones de defensa. A eso se le une que el grave riesgo que entraña a todos los niveles echarle un pulso a un Gobierno.