Viajar en alta velocidad se ha convertido en una prueba de paciencia. Renfe está en el centro de una creciente polémica tras negar indemnizaciones a cientos de pasajeros afectados por retrasos de más de una hora en el corredor Madrid-Barcelona.
La situación ha encendido el malestar entre los viajeros y ha abierto un frente legal que amenaza con extenderse si no se revisa la política de compensaciones. Renfe sostiene que actúa conforme a la normativa vigente, pero consumidores y abogados discrepan.
El argumento de Renfe y el papel de Adif
La negativa no es un caso aislado. Renfe está rechazando compensaciones a numerosos viajeros afectados por retrasos vinculados a limitaciones de velocidad en determinados tramos. La operadora, al igual que Iryo, señala a Adif como responsable, al imponer restricciones por motivos de seguridad que impiden cumplir los horarios.
El problema, subrayan los usuarios en El Confidencial, es que los billetes se siguen vendiendo a precio de alta velocidad y con los mismos tiempos de viaje. Renfe mantiene que estas circunstancias excepcionales justifican la denegación de indemnizaciones, una postura que contrasta con la de Ouigo, que continúa ofreciendo vales descuento cuando el retraso supera los 30 minutos.
Lo que dice la normativa europea
El conflicto ha llegado a los despachos de abogados. Desde el punto de vista legal, explican que el margen de Renfe para limitar derechos es estrecho. El Reglamento Europeo establece que el viajero tiene derecho a una indemnización mínima del 25% del billete si el retraso es de entre 60 y 119 minutos y del 50% si supera las dos horas.
La Ley de Movilidad eleva la compensación al 50% a partir de 60 minutos y al 100% si el retraso rebasa los 90.
La excepción a la que se acogen las operadoras aparece cuando el pasajero es informado del retraso antes de comprar el billete, un supuesto que, según los abogados, no se está produciendo de forma generalizada. Aun así, Renfe defiende que su actuación se ajusta al reglamento.
Bufetes y litigios masivos contra Renfe
La situación ha despertado el interés de bufetes especializados en litigios masivos, que buscan coordinar reclamaciones individuales contra Renfe y otras operadoras. La estrategia recuerda a casos ya conocidos en España, como las cláusulas suelo o las tarjetas revolving: abaratar costes y cobrar solo un porcentaje de la indemnización si se gana el caso.
El corredor Madrid-Barcelona, con capacidad para mover unas 38.000 personas al día, es el más afectado. Aunque la demanda se haya reducido, miles de pasajeros siguen sufriendo retrasos que, de prosperar las demandas, podrían obligar a Renfe a revisar su política de compensaciones.
La crítica de Facua y los consumidores
La asociación Facua ha sido clara tras analizar la actuación de Renfe. A su juicio, las limitaciones de velocidad impuestas por Adif no encajan en las excepciones previstas por la normativa europea para eximir de indemnizaciones. Convertir una causa puntual en una exclusión general, advierten, podría vulnerar los derechos mínimos del viajero.
Mientras tanto, Renfe mantiene su postura y los pasajeros acumulan reclamaciones. La batalla legal apenas comienza, pero el conflicto ya ha erosionado la confianza en un servicio que prometía puntualidad y que hoy simboliza el hartazgo de miles de usuarios.