La prestación universal por crianza de 200 euros volvió ayer al debate público. El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible a iniciativa del Ministerio que lidera Pablo Bustinduy que, entre otras, incluye esta medida como la “herramienta más eficaz” para reducir la pobreza infantil. Conviene tener en cuenta un matiz: una estrategia es una línea de actuación, como su nombre indica, y no implica ningún desarrollo legislativo. Es decir, que para que este cheque llegue realmente a los bolsillos de las familias, el Gobierno debe articular un marco legislativo. Bustinduy confió en que la medida “vea la luz cuanto antes”.
En una medida que costará más de 19.000 millones al año, el marco que se entiende desde el ala de Sumar son los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026. Así lo reconocieron ayer a este medio fuentes del Ministerio de Derechos Sociales: “siempre hemos defendido que vamos a trabajar para que este objetivo esté en los próximos PGE”. Una posición que choca con el PSOE, a través del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, y anticipa una nueva batalla interna en el Ejecutivo de cara a la negociación presupuestaria.
Hacienda apuesta por el CAPI
Vuelve así a reabrirse la herida que quedó sin cerrar a finales de 2025, cuando María Jesús Montero enfrió las pretensiones de Sumar con motivo de la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia. Entonces la titular de Hacienda trató de diluir las exigencias de sus socios con una posición claramente medida. “Mi opinión es que para reformular cualquier prestación en materia de pobreza infantil, tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido otros instrumentos”, afirmó.
Desde Hacienda se defiende la apuesta del Gobierno por combatir la pobreza infantil a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Este complemento refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada menor a cargo. Con datos de enero de 2026, el IMV llegó a 800.000 familias (798.312 hogares), en los que viven más de 2,4 millones de personas. El 41% del total son menores de edad, y así más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV convivían con niños, niñas y adolescentes.
Montero enfría la prestación de 200 euros
En enero, 552.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores. La nómina mensual del IMV, incluyendo la complemento a la infancia, sumó 457,7 millones. Son datos de la Seguridad Social que lidera Elma Saiz, una ministra afín a las posiciones de Montero en el ala socialista.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reiteraron ayer que no ha habido cambios en la posición manifestada en su día por la vicepresidenta. “En cualquier caso, si hay que mejorarlo [en alusión al CAPI] en una sola prestación, habría que hacer una refundación de todos estos complementos en otra. Porque si no, permanentemente estamos duplicando instrumentos o solapándolos, y la impresión es que no tienen el rendimiento que buscamos cuando están así distribuidos”, advirtió entonces María Jesús Montero.
En el fondo del debate está, sin duda, el impacto presupuestario. La paga universal de 200 euros por hijo equivale a unos 2.400 euros al año para las familias con menores, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales. Su implementación elevaría el gasto público en 19.000 millones, una cifra equivalente al 8% del gasto en pensiones, situándola en la prestación más costosa, por delante de la Incapacidad Temporal.
En el límite del acuerdo de coalición
A su favor, María Jesús Montero tiene el acuerdo de coalición, que literalmente señala: “Revisaremos la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”. De esta forma, el PSOE estaría cumpliendo lo pactado con su socio, aun cuando esta prestación no se apruebe.
En el lado opuesto, el Ejecutivo enfrenta la realidad de la pobreza infantil en España. El último informe de Unicef advierte de que uno de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa Arope, el indicador que mide este riesgo, alcanza el casi el 35%. A su vez, España es el país con la tasa más alta de la UE de pobreza infantil. El coste social de la pobreza infantil se estima en 63.000 millones de euros al año, el equivalente al 5,1% del PIB.
La AIReF cuestiona el impacto del CAPI
Otro elemento en contra de la estrategia de protección actual es la dificultad de que el CAPI llegue a las familias necesitadas. En su última revisión sobre el IMV, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió de que el 72% de los potenciales beneficiarios no accedieron a este complemento. En su opinión, esta elevada tasa de “non take-up” requiere avanzar hacia mecanismos de concesión automática. Desde Seguridad Social se defiende que el IMV reduce la pobreza infantil (un 17,1%, en 2024).
De momento, la puesta en marcha de esta prestación universal para menores de 18 años sigue paralizada en el seno del Gobierno. En plena negociación de los presupuestos, será un factor de confrontación entre el PSOE y Sumar. Y, a tenor del acuerdo hay muchas probabilidades de que quede guardada en el cajón de Montero.