Tras la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre, uno de los debates más sensibles para los partidos está resultando explicar cómo afrontaran el futuro de las pensiones públicas. En la discusión, los principales líderes se están centrando en la sostenibilidad del sistema público, mientras que se ignoran los pilares II y III del sistema de pensiones -que se refieren al ahorro colectivo y privado-.
Si bien es cierto que el sistema público es el “grueso” de las pensiones en España, en su sostenibilidad entran en juego las aportaciones individuales y planes de empleo, dos aspectos claves que se están dejando a un lado en un sistema que afrontará un gasto de entre el 14% y el 15% del PIB de cara al año 2035.
Una de las apuestas de la reforma de las pensiones del exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, era desarrollar el ahorro complementario vinculado al empleo, lo que se conoce como el segundo pilar del sistema de pensiones. Se trata de una iniciativa que promovió el exministro con el objetivo de afrontar las jubilaciones de la generación babyboom, que será uno de los momentos de mayor tensión para el sistema de pensiones.
Cuatro años después de la aprobación de la reforma, apenas un 15% de los trabajadores cuenta con un plan de empleo, unos 3,3 millones de los 22 millones de afiliados que hay actualmente en la Seguridad Social.
Hay más partícipes, pero aportan menos
Aunque en el último año los partícipes han crecido un 12,5%, las aportaciones que realiza cada uno son menores a las que realizaban hace un año. En el segundo trimestre, el patrimonio de los planes de empleo era de 42.400.000.000 euros, por lo que cada ahorrador realiza una aportación de unos 12.848 euros.
Una cifra que confronta con la obtenida en 2025, cuyos planes contaban con un patrimonio de 40.871.000.000 euros y 2.895.341 de partícipes, por lo que cada uno contribuía con unos 14.116 euros de media.
Además, se trata de dos cifras que se quedan alejadas de la aportación media que realizaban en el año 1999, cuando había medio millón de ahorradores y el patrimonio de los planes de empleo era de 15.500.000.000 euros. Así, las cifras evidencian que hace 27 años los partícipes suministraban 31.000 euros de media a estas herramientas de ahorro.
Otra de las grandes iniciativas del ahora gobernador del Banco de España fue la creación de un macrofondo público de pensiones en 2022. Cuatro años más tarde, continúa sin aportaciones y, además, este mes de octubre se cumplen 18 meses desde que los cinco primeros integrantes de la Comisión de Control Especial dimitieran «en bloque», en abril de 2025.
Los planes de empleo no “calan” entre los trabajadores
Aunque el patrimonio gestionado por los planes de empleo se sitúa en 42.400 millones de euros (equivalente al 2,4% del PIB) y el número de partícipes creció un 12,5% entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, hasta los 3,3 millones, la incorporación de empresas continúa siendo escasa. Con el último dato disponible, de media cada partícipe contaría con 12.850 euros, frente a los más de 14.000 de un año antes. En 1999, la aportación media de los 500.000 participes era de 31.000 euros.
Si bien es cierto, el informe Alternativas en el pilar II desde una perspectiva internacional y la I Encuesta de Ahorro para la Jubilación, elaborados por Grupo Mutua, apuntan a que este impulso se debe, principalmente, al plan de empleo de la construcción -el único sector que ha conseguido sacar adelante un plan de estas características vía negociación colectiva este plan- y a los planes de los autónomos.
Según el último informe de Inverco, las aportaciones realizadas a este tipo de planes en el año 2025 superaron los 281 millones, de los cuales 176 millones correspondieron a los de trabajadores por cuenta propia y 105 al sectorial de la construcción.
Además, estas herramientas de ahorro no consiguen “calar” entre los trabajadores, ya que entre los empleados que cuentan con un plan de empleo, únicamente el 35% realiza aportaciones adicionales a las que efectúa su empresa.
Penalización a los privados frente a los de empleo
Todo esto ocurre en un contexto favorable para los planes de empleo, ya que la reforma recortó el límite máximo de desgravación fiscal para las aportaciones a planes individuales -pilar III del sistema de pensiones- de 8.000 euros a 1.500 euros anuales. Por su parte, se fijó un límite de hasta 10.000 euros para las contribuciones a planes de empleo.
Sin embargo, el desincentivo al ahorro individual no se ha traducido en un despegue equivalente del ahorro colectivo, pero sí ha provocado un descenso en el número de partícipes de los planes privados. Comparados los seis primeros meses del año 2025 con los del año 2026, los ahorradores descendieron un 0,3%, hasta los 7,2 millones de cuentas de partícipes.
Un macrofondo público de pensiones sin partícipes cuatro años después
En 2022, el Gobierno dio luz verde al fondo público de pensiones con el objetivo de promover el ahorro privado de manera colectiva para hacer frente al reto demográfico y a la jubilación de la generación del baby boom. En ese momento, el Ejecutivo firmó con las gestoras seleccionadas para desarrollar los vehículos de ahorro que captarían el capital suficiente para el funcionamiento de este mecanismo y compatibilizar la pensión pública con el ahorro privado.
Entre las cinco gestoras que diseñaron tres vehículos de ahorro cada una y formalizaron su contrato con el Gobierno se encuentran VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones –perteneciente a BBVA–, Ibercaja y Santander. La situación de estas compañías es complicada por cómo está diseñado el mecanismo.
Según las condiciones pactadas, estas gestoras se comprometieron a proporcionar por sí mismas estos planes públicos de pensiones y a que en el momento en el que comenzara a entrar capital al sistema, debían alcanzar un volumen conjunto de 2.500 millones de ahorro en un periodo máximo de tres años, con un objetivo de que cada gestora recaudase 500 millones.
Y este es el principal motivo por el que en el macrofondo no ha entrado capital todavía. En el momento en el que una empresa o persona individual comenzara a realizar aportaciones, el cronómetro para el resto de gestoras comenzaría a correr y tendrían que en el plazo de tres años el objetivo de patrimonio comprometido, es decir, los 2.500 millones.
Estancamiento del ahorro privado con un sistema público en déficit
Este estancamiento del ahorro privado y de los planes de empleo contrasta con la creciente tensión sobre el sistema público. El gasto en pensiones contributivas creció un 6% hasta los 191.000 millones de euros en el año 2025 y, para cubrir el desfase, las transferencias del Estado subieron un 7% (hasta los 48.300 millones). Mientras, el déficit contributivo del sistema se elevó hasta los 56.946 millones de euros en 2025, equivalentes al 3,4% del PIB.