El riesgo de apagón vuelve a encender las tensiones en el corazón del sistema energético español. Desde el apagón histórico del pasado 28 de abril, la relación entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica atraviesa su peor momento. Fuentes del sector aseguran que “están todos en guerra”, en un contexto de desconfianza mutua y reproches cruzados por un suceso que evidenció la fragilidad del suministro.
El riesgo de apagón divide a los organismos del sector energético
El riesgo de apagón ha derivado en un enfrentamiento directo entre el regulador, el operador del sistema y el propio Gobierno. En las últimas semanas, Red Eléctrica ha señalado a la CNMC como uno de los responsables indirectos del fallo que provocó el blackout de abril.
En un documento remitido al regulador, la compañía recordó que el 12 de junio —45 días después del apagón— la CNMC modificó los procedimientos de operación que Red Eléctrica llevaba tiempo pidiendo actualizar.
El operador del sistema insinuó que, de haberse atendido esas sugerencias con anterioridad, el riesgo de apagón se habría reducido significativamente. Una afirmación que no sentó nada bien en el regulador. Fuentes cercanas a la CNMC recogidas por The Objective respondieron con dureza: “Red Eléctrica siempre eludiendo su responsabilidad”. Poco después, la CNMC desestimó algunas de las propuestas que el operador había presentado para reforzar la seguridad del sistema.
El Ministerio se desmarca y niega haber dado órdenes directas
El conflicto por el riesgo de apagón se agravó cuando el Ministerio para la Transición Ecológica se desmarcó públicamente de las decisiones operativas de Red Eléctrica. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, negó haber ordenado a la empresa operar el sistema en “modo reforzado”. Un protocolo que aumenta la presencia de tecnologías síncronas como la hidráulica, el gas o la nuclear para dar estabilidad a la red.
“La operación del sistema es completamente exclusiva del operador, y en ningún momento desde el Ministerio se ha dado ninguna indicación de cómo hacerlo”, aseguró García ante los senadores. Su declaración dejó sin base uno de los principales argumentos de defensa de Red Eléctrica, que había sostenido que actuó bajo instrucción del Gobierno tras el apagón.
Este desmentido ha elevado el tono del enfrentamiento y reabierto el debate sobre la gestión del riesgo de apagón en España. Un tema especialmente sensible en un contexto de creciente dependencia de energías intermitentes como la eólica y la solar.
El papel de Red Eléctrica bajo la lupa
Desde el apagón, el riesgo de apagón se ha convertido en una prioridad nacional. En la reunión celebrada al día siguiente del incidente, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, reconoció ante los principales ejecutivos del sector que la empresa reforzaría la operación del sistema con mayores márgenes de seguridad. Aquella admisión fue interpretada por las eléctricas como una confirmación de que el operador había cometido errores de previsión el día del suceso.
Los informes posteriores —incluido el del Comité del apagón del Ministerio y el de los expertos europeos de Entso-E— coincidieron en que el problema se debió a un fallo de frecuencia provocado por la ausencia de suficiente generación síncrona, especialmente de ciclos combinados. Esta falta de respuesta automática ante un desequilibrio es precisamente lo que aumenta el riesgo de apagón en un sistema eléctrico moderno.
Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, Red Eléctrica es la responsable última del transporte y la gestión de los desequilibrios de la red. Por ello, aunque el Gobierno y la CNMC también tienen funciones de supervisión, la responsabilidad operativa recae sobre la empresa semipública.
Todos señalan culpables, pero el riesgo de apagón persiste
A pesar de los reproches cruzados, en el sector existe un consenso silencioso: todos comparten parte de culpa en el apagón, pero el mayor peso recae sobre Red Eléctrica. El Ministerio sostiene que no recibió “ningún indicio de alarma” previo al blackout y que la primera notificación llegó cuando el sistema ya había colapsado. La CNMC, por su parte, se defiende alegando que su papel se limita a la regulación y que las decisiones operativas pertenecen al gestor de la red.
El problema de fondo es que el riesgo de apagón sigue siendo real. España ha avanzado hacia una matriz energética más limpia, pero también más dependiente de fuentes intermitentes. Los expertos advierten de que, sin un refuerzo suficiente de generación síncrona —aquella capaz de mantener la estabilidad del sistema ante fluctuaciones—, el país podría volver a enfrentarse a apagones parciales en momentos de alta demanda o baja producción renovable.
Mientras tanto, el cruce de acusaciones entre el Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica debilita la coordinación institucional necesaria para evitar nuevos sustos. El riesgo de apagón no solo es técnico, sino también político. Un síntoma de una estructura energética donde la responsabilidad se diluye y los organismos implicados se protegen mutuamente del desgaste público.