Las tarjetas de crédito entran en una nueva etapa regulatoria en España. El Ejecutivo ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que cambia de raíz la forma en la que los bancos pueden conceder financiación al consumo. A partir de ahora, las entidades no podrán emitir tarjetas de crédito ni aumentar su límite si el cliente no lo ha solicitado de manera expresa y verificable.
La medida forma parte del nuevo anteproyecto de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo impulsado por Gobierno de España, con el objetivo de reforzar la protección del usuario financiero y poner freno a prácticas que han contribuido al sobreendeudamiento de miles de hogares. El foco está puesto, especialmente, en el uso indiscriminado de tarjetas de crédito como vía rápida de financiación.
Fin a la concesión automática de crédito
Uno de los cambios más relevantes del texto legal es la prohibición expresa de conceder crédito sin una solicitud previa del consumidor. Esto afecta directamente a las tarjetas de crédito, un producto que durante años ha visto cómo se ampliaban sus límites o se activaban nuevas líneas sin una petición clara del cliente.
Con la nueva norma, cualquier ampliación del límite de las tarjetas de crédito deberá contar con un consentimiento explícito, dejando atrás prácticas comerciales en las que la financiación se incorporaba como parte de paquetes bancarios o campañas promocionales. El objetivo es que el cliente tenga siempre el control sobre su nivel de endeudamiento.
Ofertas sí, activaciones no
La ley no impide que los bancos sigan ofreciendo productos financieros. Las tarjetas de crédito podrán seguir siendo promocionadas o preautorizadas, pero la clave estará en el último paso: no podrán activarse sin una aceptación clara por parte del consumidor.
Este matiz busca mantener la competencia en el sector sin renunciar a la protección del usuario. Las entidades podrán informar, anunciar o sugerir tarjetas de crédito, pero no convertir esas ofertas en deuda real sin una decisión consciente del cliente. La financiación automática pasa a ser cosa del pasado.
Control del coste y vigilancia reforzada
El anteproyecto no se limita al consentimiento. Otra de las grandes novedades afecta al coste del dinero, especialmente en productos como las tarjetas de crédito revolving, que han estado en el punto de mira de los tribunales por sus elevados intereses.
La norma introduce límites a los descubiertos bancarios, refuerza las obligaciones de transparencia y amplía la supervisión del Banco de España a todas las empresas que concedan crédito al consumo. Esto incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a plataformas digitales que comercializan tarjetas de crédito u otros productos similares.
Un contexto marcado por el endeudamiento
La reforma llega en un momento de creciente preocupación por el endeudamiento de las familias. El uso masivo de tarjetas de crédito, especialmente en contextos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, ha disparado los riesgos financieros para los consumidores más vulnerables.
En los últimos años, numerosas sentencias han declarado abusivos los intereses aplicados a determinadas tarjetas de crédito, obligando a las entidades a devolver cantidades millonarias. El nuevo marco legal busca evitar que estas situaciones se repitan y anticiparse a los problemas antes de que el daño sea irreversible.
Más protección para el consumidor
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende reforzar el principio de responsabilidad en la concesión de crédito. Las tarjetas de crédito dejan de ser un producto que se activa casi de forma automática para convertirse en una decisión informada, consciente y voluntaria.
El anteproyecto marca así un punto de inflexión en la relación entre bancos y clientes. Menos crédito impuesto, más control por parte del consumidor y un sistema financiero que, al menos sobre el papel, pone el acento en la prevención del sobreendeudamiento.