Santos Cerdán, obligado a testificar por su relación con Leire Díez

Cita en los juzgados de plaza de Castilla. Cerdán podrá negarse a contestar aquellas preguntas que afecten a la causa en la que está imputado

El exdiputado socialista Santos Cerdán a su llegada al Senado este miércoles para su comparecencia en la comisión del caso Koldo.
EFE/Borja Sánchez-Trillo

Segunda vez que Santos Cerdán se somete a un interrogatorio después de estar casi seis meses en la cárcel. La primera vez fue en la comisión de investigación del Senado, donde desmintió todas los indicios incriminatorios de corrupción que recaen sobre él. Este lunes lo hará como testigo en la causa que investiga en los juzgados de Plaza Castilla a Leire Díez por cohecho y tráfico de influencias.

El que fuera número dos del PSOE está citado para aclarar su relación con la presunta fontanera del PSOE. Acude como testigo, es decir con obligación de contestar a las preguntas. Sin embargo, al tener una causa abierta en el Supremo, la ley le permite no contestar aquellas preguntas que tengan que ver con la instrucción que indaga en el presunto amaño de contratación de obra pública a cambio de mordidas millonarias.

El juez Arturo Zamarriego investiga si Díez es realmente “la fontanera del PSOE”. Es decir, si era una enviada del partido que intentaba enterrar investigaciones judiciales que perjudicaban a la formación.

Según su versión, ella es una periodista de investigación y limita su relación con el PSOE a su acta de militante, a la que renunció cuando estalló el caso, y a su cargo como concejal en Vega de Pas, un municipio cántabro.

Pero las sospechas de Zamarriego apuntan a que la exmilitante socialista “lideraba” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto con los otros dos imputados, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes” que afectan a políticos y empresarios.

Las reuniones entre ambos

En su declaración como imputada, Leire Díez admitió que mantuvo dos reuniones en abril de 2024 con Cerdán. En una de ellas, también habría estado Antonio Hernando entonces era director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno que también testificará este mismo lunes.

Según las explicaciones que dio Díez ante el juez, los encuentros trataban de dar traslado a Cerdán del resultado de algunas investigaciones en las que el partido aparecía como “víctima”. Aseguró que lo hizo con más partidos políticos.

Sin embargo, en la causa obran grabaciones de reuniones en las que ella se presentaba como enviada del partido o ella presumía de tener una influencia y un poder en altas instituciones para anular causas o modificar decisiones.

Así lo hizo con el fiscal Ignacio Stampa. En principio fue citado a un encuentro con el propio Cerdán porque el Gobierno quería disculparse por cómo fue su salida de la Fiscalía Anticorrupción tras el caso Villarejo en el que ejerció como fiscal. Sin embargo, en el encuentro solo apareció Díez, que le dijo que era “la persona que había puesto el PSOE” para indagar en irregularidades de informes policiales y de la Fiscalía. “Esto es estrictamente confidencial” y es una cosa que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto”, afirmó. Grabaciones en las que ella dice no se reconoce.

José Grinda, otro fiscal Anticorrupción, también personado como perjudicado en la causa, denunció que Díez a través del periodista Pere Rusiñol le ofreció un “soborno”. Le intentó convencer diciendo que estaba avalada por “las más altas instituciones” o personas del Estado. El trato consistía en que Grinda tumbara varias causas y diera información comprometida sobre su jefe en la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda que se iba interponer en contra del propio Grinda.

Cabe recordar que Díez fue detenida en diciembre por otra causa que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y que también indaga en comisiones provenientes de la contratación pública. En la instrucción también están investigados el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el socio y amigo de Santos Cerdán, Antxon Alonso.

Por otro lado, Jacobo Teijelo, el abogado de Cerdán, ha acudido a declarar en la causa de Plaza Castilla porque el inicio de la investigación lo motivó una grabación de una reunión filtrada a los medios de comunicación en el despacho de Teijelo en la que Díez pedía información comprometida del jefe de la UCO a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en el caso de los hidrocarburos que también acude como testigo este lunes.

En aquella reunión, desde el despacho de Teijelo, Díez le pedía al empresario pruebas contra Balas: “Sé un cirujano”, no tenemos una metralleta. Tenemos un disparo para mucho pájaro. “Hay que intentar que con un disparo mates a quince”, instaba a Hamlyn. A cambio le prometía que la Fiscalía viajaría a Dubai, donde se encontraba el empresario, para ofrecerle un pacto y le intentaba seducir con acuerdo de máximos haciéndole creer que él era “una víctima más” de investigaciones a su juicio injustas.

Hamlyn se quejaba, incluso, de pagos a Hacienda ya realizados que Leire Díez se comprometía a recuperar si cumplía su objetivo: “Una vez que se cae la primera ficha de dominó”, cae todo el tablero y si tú has pagado 10 millones que no hubieses tenido que pagar pues tendrás la posibilidad de recuperarlos, le prometía Díez.

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