En julio de 2020, Europa decidió romper un tabú: apostar por un programa de financiación conjunta. La pandemia había sumido al continente en su peor recesión desde la crisis del euro. Y, por primera vez, los Veintisiete acordaron endeudarse para levantar un puente hacia la recuperación. Así nació Next Generation EU, un instrumento excepcional que se presentó como algo más que una respuesta coyuntural. Una apuesta por transformar la economía europea y modernizar sus tejidos productivos.
España emergió entonces como una de las grandes beneficiarias. Más del 12% de su PIB en transferencias y préstamos, una “salvajada”, tal y como ha reconocido en un encuentro con los medios el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, que debía servir para digitalizar empresas, impulsar la transición verde, atraer inversión privada y elevar el PIB potencial por encima del 2%. Una lluvia de recursos sin precedentes que tenía entre sus propósitos situar al país, como nunca antes, en una senda de valor añadido y competitividad.
Tres años después, aquella lluvia se ha convertido -según denuncia el principal partido de la oposición- en una “oportunidad desperdiciada”. Además, los populares ven en la gestión del Gobierno no un motor de transformación, sino un mecanismo que ha permitido a Pedro Sánchez “gobernar sin Presupuestos”, al transferir entre ministerios las partidas.
Adenda
Para los de Génova 13, la distancia entre la ambición inicial del Plan de Recuperación que España aprobó en junio de 2021 y el resultado real de su implementación es muy amplia. En este sentido, Nadal sostiene que España “ha desaprovechado la mayor oportunidad de inversión europea de su historia, debido a la improvisación, la lentitud administrativa y el deterioro constante de los compromisos fijados al principio”.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo para sacar adelante los acuerdos para acceder a los préstamos ha provocado la revisión en hasta siete ocasiones de la hoja de ruta, la última esta misma semana. Así, hitos relacionados con los programas de vivienda, movilidad o conectividad han visto reducido su alcance. De los 163.000 millones que la UE asignó a España entre ayudas a fondo perdido y préstamos, menos de la mitad han sido desembolsados, 71 mil millones.
Además, según anunció recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha renunciado a 60.000 millones en préstamos. El país todavía está a la espera de solicitar casi 25 mil millones más en transferencias, hasta llegar al máximo, y de recibir cerca de 7.000 millones en préstamos ya aprobados.
Para el PP, la raíz del problema radica en que España retrasó el uso de los préstamos hasta la fase final del plan. Concretamente a noviembre de 2024. Por el contrario, otros países de la UE con similar estructura económica, como Italia, los activaron desde el inicio. Lo que, a juicio de los populares, facilitó la recuperación de sus empresas en el momento que mayores dificultades financieras tras las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Esta celeridad ha permitido, al mismo tiempo, que el estado vecino haya distribuido ya más del 72% de las prestaciones asignadas frente al 43,8% de España.
Renuncia de 60.000 millones
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, el ministro Cuerpo expuso que la renuncia de los 60.000 millones está justificada por el coste de financiación similar de España y el de la UE. Sin embargo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, sostiene que el valor de estos créditos residía en su vencimiento muy largo -hasta 2058- y en su potencial para respaldar inversiones estratégicas en un contexto de elevada incertidumbre. A la vez que denuncia que “no se haya anunciado ningún compromiso de emisión de deuda que los vaya a suplir”.
El partido también criticó que el Ejecutivo no haya aclarado si los proyectos previstos originalmente con cargo a los préstamos se llevarán a cabo con recursos nacionales. En su valoración, es improbable que puedan ejecutarse íntegramente sin ese apoyo europeo. Lo que aumenta el riesgo de que algunas actuaciones queden sin cubrir o deban asumirse por completo con presupuesto estatal. En este sentido, el PP teme la aparición de un “déficit oculto“.
2.000 millones anuales
Por otro lado, Bravo ha señalado que se ha extendido la idea errónea de que los fondos Next Generation EU “son gratuitos”. Los recursos se financian mediante deuda conjunta de la UE que deberá devolverse entre 2028 y 2058. Esto implicará para España una aportación adicional superior a los 2.000 millones de euros anuales al presupuesto comunitario. Los populares subrayan que incluso las transferencias funcionan, en gran medida, como un préstamo a 30 años con hasta siete de carencia. Por lo que renunciar a la parte de créditos no libra al país “del coste que conllevan”, zanja el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras .