“No se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente”. Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde detalló la actuación del regulador de la competencia sobre el histórico colapso del sistema eléctrico peninsular del pasado 28 de abril. En este sentido, Fernández desgranó la secuencia de eventos que provocó la caída de la red: “El sistema operaba normalmente, con un mix energético típico de primavera: alta penetración de renovables, hidráulica, nucleares y ciclos combinados. Incluso estábamos en modo exportación a Francia, Portugal y Marruecos”.
En este sentido, señaló que una concatenación de eventos compatibles con pérdidas de generación llevó, en cuestión de segundos, a que el sistema saliera de los márgenes de frecuencia y tensión admisibles. El primer impacto fue el disparo automático de las interconexiones con Francia y Marruecos. A las 12:33:24 horas se produjo el colapso completo y se activaron los planes de reposición de servicio. Red Eléctrica de España (REE) logró restablecer el 67% de la demanda esa misma madrugada y el 99,95% a las 7:00 horas del 29 de abril
Expediente informativo en marcha
Explicó que la CNMC, como autoridad independiente y en el marco de su marco legal (Ley 3/2013), abrió de inmediato un expediente informativo para esclarecer las causas y posibles responsabilidades del apagón. “Ya hemos cursado requerimientos de información a todos los agentes del sistema eléctrico”, avanzó Fernández. Si se detectan indicios de infracciones, derivará en un procedimiento sancionador. “Nuestra responsabilidad es esclarecer con rigor los hechos y garantizar la seguridad de los mercados, actuando con independencia y en coordinación con las autoridades nacionales y europeas”, apostilló Fernández.
La CNMC tiene capacidad para imponer sanciones de hasta 60 millones de euros en caso de infracciones muy graves. La presidenta recordó que el organismo también puede imponer sanciones accesorias, como la inhabilitación de empresas o la pérdida de la autorización administrativa. “Además, si se demuestra un incumplimiento que haya causado perjuicios al sistema, podríamos exigir la obligación de restituir o indemnizar los daños”, añadió. Estas medidas se sumarían a las posibles reclamaciones particulares de los afectados.
Investigación europea y española
La presidenta de la CNMC explicó que el organismo participa en la investigación internacional abierta por Entso-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), que agrupa a los operadores de transporte eléctrico europeos. Y advirtió que sus informes se dilatarán hasta más de un año: el primer informe factual se publicará en seis meses, pero el definitivo con las causas y las recomendaciones no verá la luz hasta septiembre de 2026.
En el ámbito nacional, señaló que la CNMC participa en calidad de invitado en el comité nacional de análisis, presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, el Consejo de Seguridad Nacional u otros organismos como la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas diligencias secretas para descartar un posible sabotaje informático. Aclaró que la CNMC colabora en calidad de observador técnico para evitar conflictos de interés entre su labor reguladora.
Mercado eléctrico y consumidores
En paralelo, la CNMC también se ha dirigido a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para coordinar las acciones necesarias de reliquidación transfronteriza entre España y Portugal. En su comparecencia, Fernández explicó que la CNMC ha propuesto a OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) la anulación de las liquidaciones del mercado eléctrico entre las 12 horas del 28 de abril y las 24 horas del 29 de abril, ya que la energía casada no se corresponde con la energía realmente consumida. “La liquidación real se realizará en base a los datos reales proporcionados por el operador técnico del sistema”, señaló.
La presidenta reconoció que esta investigación coincide con la preparación del próximo periodo retributivo de electricidad y gas 2026-2031, uno de los hitos regulatorios más complejos del organismo. “Somos conscientes de la sobrecarga, pero garantizamos que no se sacrificará la calidad de ninguno de los trabajos”, aseguró.
“Nuestro objetivo es doble: esclarecer con rigor las causas del incidente y proteger la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, sin renunciar a la independencia que la ley nos otorga”, concluyó.