La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que “las finanzas públicas de España han seguido mejorando“, aunque advierte que “la consolidación fiscal sigue siendo esencial para encaminar la deuda hacia una tendencia a la baja a medio plazo“. La organización propone un conjunto de medidas, incluyendo reformas de pensiones, prestaciones e impuestos, cuyo impacto agregado sería del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros. Según el informe, la reciente mejora de las cuentas públicas se debe a la eliminación gradual de medidas temporales contra la inflación y de apoyo energético, a la contención del gasto primario neto y al sólido crecimiento de los ingresos fiscales.
No obstante, la OCDE señala que “la deuda sigue siendo elevada en comparación con el promedio de la zona euro y de la OCDE”. Y que, pese a la reducción del déficit fiscal general, “el estructural subyacente se mantiene prácticamente sin cambios, cerca del 3% del PIB“. Aunque el plan fiscal a medio plazo del Gobierno describe una trayectoria de reducción del déficit y la deuda hasta 2031, la OCDE apunta que “el plan carece de suficiente detalle sobre las medidas concretas para alcanzar estos objetivos”.
El gasto en pensiones
El organismo recomienda combinar una consolidación fiscal gradual con políticas que fomenten el crecimiento potencial, incluyendo mejoras en el marco fiscal, la eficiencia del gasto, la recaudación y la resolución de los retos del sistema de pensiones. Además, alerta de que las presiones fiscales a largo plazo aumentarán debido al envejecimiento de la población, especialmente en pensiones, y en menor medida en sanidad y cuidados de larga duración. Así como por la transición verde y el gasto en defensa. Según el Consejo Fiscal, el gasto en pensiones crecerá del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050. Y el gasto en sanidad y cuidados del 7,4% al 9,4%.
En este contexto, la OCDE resume: “La consolidación continua es esencial para encaminar la deuda pública bruta a la baja a medio plazo y crear margen para un gasto que impulse el crecimiento”. Así, recomienda reformas presupuestarias y mayor eficiencia en el gasto público frente a los retos derivados de la descentralización administrativa y múltiples reglas fiscales.
La elevada carga de los impuestos
La OCDE subraya la necesidad de un reequilibrio de la combinación tributaria “hacia impuestos menos distorsionadores. Al mismo tiempo, destaca la elevada carga de los impuestos sobre el trabajo, especialmente las cotizaciones a la Seguridad Social, que “desincentiva el empleo y la creación de puestos de trabajo”. Mientras que los impuestos al consumo se mantienen bajos.
Además, la OCDE insiste en la importancia de mejorar la priorización del gasto público. Aunque el gasto se mantiene “alrededor del promedio de la OCDE”, su composición está “muy sesgada” hacia las transferencias corrientes, especialmente pensiones y prestaciones por desempleo. Sin embargo, la inversión pública ha caído significativamente tras las políticas de austeridad implementadas durante la crisis financiera mundial.
“La inversión en educación, servicios públicos y asuntos económicos sigue siendo comparativamente inferior al promedio de la OCDE y la UE. Lo que pone de relieve la necesidad de crear margen para el gasto que impulse el crecimiento”, expone la institución.
Reformas por valor de 7.000 millones de euros
La OCDE advierte que, con las políticas actuales, la ratio deuda/PIB de España disminuiría temporalmente, pero a medio plazo aumentaría significativamente. Por ello, propone reformas fiscales y de pensiones con un impacto agregado del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros, que “encaminarían la deuda hacia una senda decreciente”.
En ingresos, sugiere ampliar la base del IVA, limitar exenciones y armonizar tipos para bienes y servicios (+6.800 millones). Reducir la cuña fiscal para hogares con ingresos bajos (-8.500 millones). Y fortalecer los impuestos ambientales y energéticos (+6.800 millones).
En gasto, plantea eliminar diferencias de edad y cotizaciones para beneficiarios de desempleo (+11.900 millones); restablecer el ajuste de pensiones a la esperanza de vida (+17.000 millones); y ampliar el período de cálculo de las pensiones públicas a 35 años (+15.300 millones). Además, recomienda aumentar el parque de viviendas sociales, invertir en adaptación al cambio climático y en infraestructuras energéticas, buscando eficiencia social y ambiental.