La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha encendido las alarmas entre los empresarios españoles. La propuesta impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido recibida con fuertes críticas desde la patronal. En particular, por parte de las pequeñas y medianas empresas, que consideran la medida “inasumible” en el contexto actual.
Aunque el Ministerio de Trabajo insiste en que esta reducción de la jornada laboral no implicará pérdida salarial para los trabajadores, las organizaciones empresariales temen un golpe directo a la productividad y un incremento de los costes laborales que no todas las empresas podrían afrontar.
La patronal se moviliza contra la medida
Una de las voces más críticas ha sido la de Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), quien en el foro ‘Pioneras14’ organizado por Artículo14 advirtió que la reducción de la jornada laboral supondrá un impacto económico directo del 7% para las pymes. Según la dirigente, las empresas con menos de diez trabajadores serán las más afectadas, poniendo en riesgo su viabilidad.
La situación se complica aún más cuando se contextualiza con el incremento del 20% en los costes laborales acumulado en los últimos cuatro años. De Miguel, respaldada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defiende que una medida de tal calado no puede imponerse desde el Gobierno sin tener en cuenta el pulso real de las empresas.
Pese a las críticas, Yolanda Díaz ha mantenido su hoja de ruta. La ministra considera que la reducción de la jornada laboral sin merma salarial es un paso necesario hacia un modelo más justo, moderno y sostenible. Un modelo que reduzca la precariedad y promueva el bienestar de los trabajadores. No obstante, la falta de consenso político podría bloquear la aprobación de la reforma en el Congreso.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC), ha ironizado con el incierto futuro del proyecto. “Me juego una comida y un café a que no se aprueba”, declaró recientemente, dejando entrever que la medida, lejos de estar blindada, se enfrenta a obstáculos parlamentarios considerables.
Costes, Europa y un contexto económico desfavorable: el contexto de la reducción de la jornada laboral
La principal crítica de la patronal hacia la reducción de la jornada laboral gira en torno a su coste económico. Según De Miguel, España no está en condiciones de asumir los 23.000 millones de euros que, según cálculos internos, supondría aplicar la medida a nivel nacional. “Vamos a pelear para que no se apruebe, porque España no puede con ello”, afirmó contundente en el foro ‘Pioneras14’ de Artículo14.
A este coste se suman los efectos económicos colaterales de la coyuntura internacional. De Miguel subrayó que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump complican aún más el escenario para las empresas españolas, especialmente las exportadoras. En este sentido, argumenta que antes de reducir la jornada se debería actuar sobre la presión fiscal y las cotizaciones sociales.