La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que permita congelar la subida de los alquileres, ya sea mediante incentivos fiscales o penalizaciones.
En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rodríguez insistió en la necesidad de avanzar en acuerdos en materia fiscal y en la persecución del fraude en los contratos de temporada, al ser preguntada por la posibilidad de penalizar en el IRPF a los propietarios que incrementen el precio del alquiler.
El Gobierno estudia precisamente utilizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como herramienta para penalizar a quienes suban las rentas. Según la información adelantada por El País, esta medida solo afectaría a las subidas tras la finalización del contrato, no a las actualizaciones anuales permitidas por ley, generalmente vinculadas al IPC.
Desde el Ministerio de Hacienda confirman que la propuesta se está negociando con los grupos parlamentarios, después de que los socios del Ejecutivo rechazaran la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que mantuvieran congelada la renta en las renovaciones.
Rodríguez subrayó que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas que actúa en dos frentes: atender la emergencia habitacional mediante un “escudo social” y aplicar la normativa vigente que permite congelar los alquileres.
La ministra defendió que “en este país hay una ley que permite congelar el alquiler” y aseguró que si no se aplica es por falta de apoyo del PP. En este contexto, insistió en que los mecanismos fiscales —“incentivos o castigos”— deben acompañar la normativa para afrontar la crisis de vivienda.
Actualmente, la Ley por el Derecho a la Vivienda contempla reducciones en el IRPF para propietarios que alquilen su vivienda habitual. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 permiten una reducción del 60% del rendimiento neto, mientras que los posteriores a esa fecha contemplan una reducción general del 50%, ampliable al 60% si la vivienda ha sido rehabilitada o al 70% si está incluida en un programa público de alquiler.
Con las nuevas penalizaciones que estudia el Ejecutivo, esa reducción general del 50% podría disminuir o incluso desaparecer si el propietario decide subir el alquiler.
Rodríguez reiteró su llamamiento al consenso parlamentario y pidió a los grupos ser “sensibles” ante acuerdos sociales y económicos, al considerar que en ocasiones existe más consenso fuera del Congreso que dentro.
En relación con los desahucios, la ministra solicitó al Congreso convalidar el Real Decreto-ley del “escudo social”, que incluye la prórroga de la moratoria antidesahucios para personas vulnerables en 2026. No obstante, recordó que las comunidades autónomas son las responsables de los servicios sociales y de ofrecer alternativas habitacionales.
Al ser preguntada por el caso de un vecino de Madrid que ha logrado paralizar su desahucio, Rodríguez reprochó a la Comunidad de Madrid no haberle brindado protección y pidió a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que atienda “al Madrid real”, en referencia a las personas que atraviesan dificultades.
Asimismo, defendió que los propietarios deben mantener los inmuebles en condiciones dignas de habitabilidad y expresó su deseo de que se alcance un acuerdo que permita al inquilino afectado continuar en su vivienda.
“Vivir en alquiler no es menos digno que vivir en propiedad”, concluyó la ministra, asegurando que el Gobierno prioriza el derecho a la vivienda por encima de todo.