1.441 millones de euros de 1.964 totales. Es la cantidad de dinero que, correspondiente a las transferencias extraordinarias vinculadas al IVA de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), percibiría Cataluña con el nuevo plan de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una variable que, tal y como reconoce a Artículo14 el autor del análisis de Fedea sobre la propuesta, Ángel de la Fuente, “parece estar diseñada para, a capón, darles a unos más que otros”.
El nuevo instrumento opcional permite que las regiones cuya aportación al IVA recaudado por las Pymes sea superior a su peso en el consumo -el criterio habitual para distribuir este impuesto- puedan recibir transferencias adicionales. Así, Cataluña copará casi el 75% de la dotación. Sin embargo, y a pesar de que estas empresas tengan un peso atípicamente elevado en su economía, Fedea reconoce que “no está nada claro que esto genere algún tipo de beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias”.
El Fondo Climático: 216 millones
Pese a ello, no es el único de los factores que se han incorporado en la reforma y que benefician sobre el resto a la autonomía del noroeste peninsular. El otro es el Fondo Climático. Se trata de un recurso que, con una dotación estimada de 1.004 millones de euros para reforzar la lucha contra esta crisis, reserva dos tercios de la cuantía para las comunidades ribereñas del Mediterráneo. El tercio restante se reparte entre las demás. Así, a Cataluña le corresponderían 216 millones de euros adicionales. Y estaría superada solo por Andalucía, donde la asignación estimada ascendería a 234 millones.
Aunque la propuesta ya ha encontrado detractores. De la Fuente, matiza que “Galicia, por ejemplo, también se quemó el verano pasado y fue a consecuencia del cambio climático. Por lo que no está claro que unas comunidades están más afectadas que otras en este aspecto“. Y critica que la solución no pasa por un fondo de estas características. “Para combatir este problema se precisa de planes de adaptación y de inversión bien diseñados. Esto es todo muy forzado para mejorar sus posiciones”, argumenta.
Estimación por regiones
Bajo el nuevo marco y siguiendo los cálculos elaborados por Fedea, el ranking de financiación por habitante ajustado por comunidades autónomas auparía a Cataluña hasta el tercer puesto, como ya adelantó Junqueras tras la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y seguiría en este caso el principio de ordinalidad, al posicionarse en el mismo lugar que ocupa en cuanto a capacidad tributaria.
Pero hay una cosa que sí se le tiene que reconocer al modelo: la reducción de diferencia en cuanto a financiación por habitante ajustado respecto al sistema anterior. Con el modelo vigente, la brecha entre la más sobrefinanciada, Cantabria, y la más infrafinanciada, Murcia, supera el 28%. En cambio, con el esquema propuesto y, siempre según las aproximaciones de Fedea -ya que el Ministerio de Hacienda no ha compartido la información oficial– la desigualdad se recorta hasta los 18 puntos porcentuales. Una disparidad ahora comprendida entre la ratio de dotación por ciudadano ajustado de Baleares (112,5%), que pasaría a ser la mejor posicionada, y Aragón (94,4%), la nueva autonomía a la cola de la lista.
En paralelo, diez serían las regiones que modificarían sus puestos a la baja en el sistema, con Cantabria anotando el descenso más abrupto al reducir su ratio en casi 14 puntos. Y pasar del primer lugar al cuarto. En la otra cara de la moneda, la Comunitat Valenciana. Esta autonomía, históricamente entre las más infrafinanciadas, alzaría su proporción en más de cinco puntos. Y rozaría la paridad con la media nacional.
Ordinalidad “voluntaria”
Con el fin de evitar que las regiones con mayor asignación por habitante se vieran damnificadas por el nuevo sistema, Montero trasladó ayer a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Lo que supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el actual. Aunque pudiera parecer una invención, la iniciativa no es nueva. En este sentido, el investigador de Funcas, Santiago Lara, reconoce a este medio que existen precedentes: “Ya se hizo y pasó con Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha en el quinquenio de 1997 a 2001. Por aquel entonces, las tres autonomías no aceptaron el nuevo marco del momento”.
Aunque el proceso no es inmediato. Para ello, el Congreso debería antes aprobar la Ley Orgánica en la que se recoge la reforma. Y posteriormente, aclara Lara, “se abriría la posibilidad de que algunas de las regiones que se oponen se quedaran al margen”. Para de la Fuente, la propuesta supone “una forma de presionar a las comunidades para que sus partidos apoyen la medida”. Ya que, a fin de cuentas, no cambiaría nada para ellas.