Los servicios de protección de menores de los consells insulares de Baleares contaban actualmente con 72 plazas específicas para menores extranjeros no acompañados, lo que representa únicamente un 17,7% de la capacidad ordinaria fijada en 406 plazas por el Gobierno central, como lo indica Europa Press. Así lo explicó este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern.
Costa, también vicepresidente del Govern, recordó que hasta hace pocos años estas cifras podían considerarse suficientes, ya que la llegada de menores migrantes al archipiélago era reducida. Sin embargo, la situación dio un vuelco con un aumento histórico de llegadas que, según subrayó, ha dejado a los servicios de protección “absolutamente desbordados”.
El Govern balear considera que el cálculo realizado por el Ejecutivo central para determinar la capacidad de acogida de la comunidad autónoma no se ajusta a la realidad. Costa criticó que los criterios empleados en el reparto de menores no hayan sido negociados con las instituciones autonómicas y que, en la práctica, las plazas disponibles resulten insuficientes para garantizar una atención en condiciones de dignidad.
Preguntado sobre la posibilidad de habilitar más plazas con fondos autonómicos, el portavoz señaló que los recursos de la comunidad estarán siempre a disposición de los consells para dar respuesta a esta situación excepcional. “No nos pondremos de perfil con los consells para ayudarles. El impacto presupuestario es muy grande, pero el Govern tiene que estar, figure en los próximos presupuestos o no”, afirmó.
Costa puso como ejemplo el caso del Consell de Formentera, cuya viabilidad económica podría verse comprometida por los costes derivados de la atención a los menores migrantes. Recordó que el Ejecutivo balear ya destinó cuatro millones de euros para aliviar esa carga y evitar un colapso financiero. En este sentido, lamentó la falta de implicación del Gobierno central: “No recuerdo que haya enviado ni un euro, y el Consell lo ha pedido muchas veces”, concluyó.
Con estas declaraciones, el Govern volvió a situar en primer plano el debate sobre la capacidad real de acogida de Baleares y la necesidad de un apoyo estatal más equitativo y negociado.