“El voto en contra del PP es el preludio de que van a dar la batalla. A poner trabas, a decir que están saturados”. El 10 de abril, cuando el Congreso acababa de convalidar el real decreto ley que modificaba la Ley de Extranjería para establecer el reparto de menores migrantes no acompañados las entre distintas comunidades autónomas, una destacada figura del Gobierno anticipaba el pulso en los tribunales que estaba por venir. También advirtió de que no contemplaban otra hoja de ruta: “Esto es obligado”.
Ese conflicto jurídico es una realidad desde hace meses, y cada vez va a más: hasta 11 comunidades autónomas han recurrido esta norma ante el Tribunal Constitucional, entre ellas Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page. El Consejo de Ministros aprobó el martes el decreto que fija la capacidad de acogida de cada territorio, y la norma ya está publicada en las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Comunidad de Madrid anunció este miércoles su tercer recurso -el segundo ante el Tribunal Supremo-. Y consideró que la norma únicamente se trata de un “nuevo peaje a los partidos independentistas”, en palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
Baleares anticipó el martes un nuevo recurso, también ante el Supremo, para intentar frenar la llegada de 49 menores, aduciendo que su sistema de acogida ya está al límite. El lunes, el Govern de Marga Prohens (PP) también pidió por carta al Ministerio de Juventud e Infancia que deje a esta región fuera del reparto. Su intención es pedir la declaración de contingencia migratoria, que debe aprobar el Ejecutivo central. Las críticas llegan de buena parte de las comunidades autónomas, pero el Gobierno sostiene que “es ley”, y por tanto “se cumple”.
Fuentes del Ejecutivo asumen también que las comunidades autónomas, particularmente las gobernadas por el PP, mantendrán la ofensiva contra la norma. Pero aseguran creer que los barones conservadores “respetarán la ley” y “serán humanitarios”.
En privado, dicen no contemplar que estos territorios lleven su rebelión más allá del recurso a los tribunales y del plano discursivo, y por eso creen que no tendrán que tomar más medidas para forzar a que la norma se cumpla. “No nos podemos imaginar que vaya a hacer falta”.
En privado asumen que los presidentes no desobedecerán, en público elevan el tono
En su discurso público, sin embargo, ministros como Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres han optado por seguir al PP en la escalada de decibelios a cuenta de la distribución de estos niños y adolescentes.
“No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales”, advirtió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en declaraciones a los medios de comunicación, en Madrid.
El ministro de Política Territorial había ido un paso más allá horas antes, concretando alguna de estas “consecuencias” en una entrevista en La Hora de la 1 (TVE). “Tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, alertó, insistiendo en que no cree que lleguen hasta este punto.
El Gobierno intentó modificar la ley de extranjería ante el colapso de los centros de acogida de algunas regiones, especialmente de Canarias, ya en julio de 2024. Sufrió una sonora derrota parlamentaria a manos del PP, Vox y Junts Per Catalunya. Tras meses de presiones y de reproches cruzados, en marzo aprobó el decreto ley que convalidaría en el Congreso un mes después, en abril.
La norma aprobada este martes, en el primer Consejo de Ministros tras el verano, establece una ratio de 32,6 plazas de acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.
La fórmula empleada para establecer cuántos menores debe alojar cada comunidad autónoma tiene en cuenta las capacidades humanas y materiales con las que ya cuentan, el número de personas ya acogidas, la renta, la población total en esos territorios y otros criterios.
En el Gobierno reiteran que el PP se enfrenta a esta norma espoleado por el temor a que el discurso antiinmigración de Vox les sirva para pescar en su caladero de votantes. Y presumen de que los únicos pronunciamientos judiciales que se han notificado hasta la fecha han servido para denegar las medidas cautelares que reclamaba Aragón. El resto de recursos han sido admitidos, pero no resueltos.
Los conservadores sostienen que el Ejecutivo está beneficiando en el reparto, por interés político, a comunidades como Cataluña o Euskadi, que ya acogen a más menores migrantes que el resto. Creen que el reparto es arbitrario, injustificado.
Las declaraciones de contingencia, desde este jueves
Las comunidades y ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) que multipliquen por tres su capacidad ordinaria de acogida podrán ser declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Esto servirá para activar el protocolo de traslado de menores entre el resto de territorios.
Fuentes del Gobierno prevén que la declaración de contingencia migratoria en Canarias se active a partir de este jueves. Las islas, con una capacidad de acogida fijada en 737 menores, alberga hoy a más de 5.000.
Su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el PP, anunció el miércoles el inicio de las actuaciones. Las comunidades autónomas deben reclamarlo formalmente al Ejecutivo, que es quien promulga la declaración para activar este engranaje.
El Ejecutivo mantiene el pulso con los incendios, pero rebaja el tono
El otro pulso que enfrenta al Gobierno con el PP, y particularmente con algunos de los barones autonómicos conservadores, tiene que ver con la extinción y la prevención de los incendios que han asolado el país durante todo el verano. El Consejo de Ministros del martes aprobó la declaración de zona catastrófica en territorios de hasta 16 comunidades autónomas, y se abrió a incrementar el volumen de las ayudas a los afectados por los incendios, aunque las cifras están por concretar.
Tras semanas de reproches cruzados, el PP se ha valido de su mayoría absoluta para forzar la comparecencia en el Senado de hasta cuatro ministros en esta misma semana. Tras Margarita Robles (Defensa), que mantuvo el nivel de dureza con los barones del PP y con su cúpula estatal, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, exprimió este miércoles su perfil técnico y su tono más sosegado.
El pulso para dirimir responsabilidades políticas y para asentar el relato de cada una de las partes está lejos de terminar, pero Aagesen intentó rebajar el umbral de decibelios. El Gobierno está pidiendo al PP que se sume a un pacto de Estado contra el cambio climático que aún no ha formulado ni como borrador.
Si bien ya ha rechazado alguna de sus recetas -dice que estudiará el resto-, y tiene claro que el partido de Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a llegar al entendimiento en esta materia.
Pero el Ejecutivo aspira a usar como baza política su llamada al pacto de Estado a medio plazo, y a intensificar esfuerzos cuando se extingan los incendios. Intentan que les sirva para desgastar al PP y para cohesionar a sus socios parlamentarios, que ya les han dedicado nuevas advertencias. Cuando ni siquiera ha empezado formalmente el curso.