Las maquinarias de La Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado empiezan a recuperar el movimiento a las puertas del nuevo curso político. Pedro Sánchez, que apenas se ha dejado ver en verano en los escenarios de los devastadores fuegos que han asolado el país, prepara el camino para el anunciado pacto de Estado contra la emergencia climática como herramienta para prevenir los incendios que han marcado estas semanas la actividad -y la bronca- política.
El Consejo de Ministros de este martes, el primero tras el parón estival –casi un mes, desde el 29 de julio-, aprobará alguna medida de peso que estaba pendiente, aunque se prevé que el próximo, ya iniciado formalmente el curso, tenga una mayor carga política.
Y sólo una de las iniciativas a impulsar está directamente relacionada con los incendios: la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil en los territorios más afectados por esta destrucción. Es lo que se conocía anteriormente como zona catastrófica, y es un paso previo para agilizar la concesión de subvenciones y ayudas para los territorios particularmente golpeados por estos fuegos, una vez se cuantifique el impacto económico de la destrucción registrada en provincias de Castilla y León, Galicia o Extremadura.
También aprobará el decreto ley que determina la capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados de las distintas comunidades autónomas, ante el desbordamiento de los sistemas de algunas regiones -fundamentalmente Canarias-. El Ejecutivo pondrá fin así a un accidentado camino que empezó a recorrer en julio de 2024 con una primera -y frustrada- modificación de la ley de extranjería.
Además, servirá para dar luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2025-2027, a iniciativa del Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no comparecerá ante los medios en rueda de prensa.
Según fuentes de La Moncloa, lo que no se espera son grandes novedades sobre su hoja de ruta frente a los incendios. Tampoco sobre el pacto de Estado contra la emergencia climática que anunció hace escasos días Sánchez.
La primera etapa en este recorrido, afirman, es la puesta en funcionamiento de la comisión interministerial que se reúne por primera vez antes del Consejo de Ministros, que no necesita de su aval para echar a andar.
El pasado viernes, desde Asturias, el presidente del Gobierno anticipó que esta comisión trabajará “para definir el pacto de Estado contra la emergencia climática que necesita nuestro país”. En este encuentro estarán presentes 21 de los 22 ministros del Gabinete, con la única excepción de la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
No se prevé que se conozcan las medidas que incluirá el acuerdo, que se intentará articular desde el Congreso de los Diputados. El único pacto de Estado aprobado en los más de dos años que van de legislatura, la reedición del acuerdo contra la violencia machista, se alcanzó en el marco de una subcomisión parlamentaria, como se tramita también la propuesta del PSOE de un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil.
De lograrse un acuerdo, lo firmarán los partidos, asumen en Moncloa. Aunque también destacan que habrá aportaciones “de la comunidad científica”, o de entidades privadas como empresas -previsiblemente, a través de comparecencias en el marco de la subcomisión-.
El Ejecutivo eleva el tono contra el PP
Para iniciar los trabajos en el Congreso y para que entre en funcionamiento, necesita luz verde del pleno del Congreso. Y fuentes del Gobierno y del Partido Popular afirman que, hasta el momento, no han iniciado conversaciones sobre esta iniciativa.
No se espera que el Gobierno contacte formalmente a los grupos hasta después de la Diputación Permanente de este mismo martes en el Congreso. La cita servirá para volver a poner a prueba la solidez de la mayoría de investidura ante las peticiones de comparecencia de Sánchez, dos vicepresidentas y seis ministros, todas ellas cursadas por el PP por distintos motivos.
Ambas partes asumen, además, que hoy están muy lejos de las condiciones necesarias para el entendimiento entre el Ejecutivo y el partido de Alberto Núñez Feijóo. El lunes, tras días de intercambio de dardos y recados entre PSOE y PP, las ministras Margarita Robles e Isabel Rodríguez salieron en tromba contra el Partido Popular y sus presidentes autonómicos.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, en Alcorcón, la titular de Vivienda afeó a los dirigentes del PP de intentar “sacar rédito” electoral de los incendios. Les acusó de “escurrir el bulto”, de no asumir “ninguna responsabilidad” y dedicarse únicamente a “culpar al adversario”.
La ministra de Defensa, por su parte, atribuyó a los presidentes con carnet del PP “no asumir sus obligaciones” para prevenir los fuegos, y les exigió “responsabilidad”.
El PP arrastra a cuatro ministros a comparecer en el Senado
En declaraciones desde la base militar de El Goloso, en Madrid, Robles, que comparece este martes en el Senado, anticipó que explicará la actuación del Gobierno y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el fuego, pero también advirtió de que dirá “lo que no se ha hecho”, en referencia a los conservadores.
El PP se ha valido de su mayoría absoluta en Senado para forzar la comparecencia de hasta cuatro ministros, uno por día de la semana. Sus intervenciones coincidirán -y previsiblemente opacarán- otras, como la del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Parlamento regional, el miércoles.
El enfrentamiento es total. El lunes, Feijóo protagonizó su primera comparecencia tras las vacaciones para vender el plan del PP para combatir y prevenir los incendios, y para cargar contra el Ejecutivo. Aunque afirmó que no quería participar en la trifulca partidista, aprovechó para afear a Sánchez la “paralización” y la “ausencia del Gobierno en esta “crisis nacional”.
El PSOE también ha incrementado el nivel de decibelios. Fuentes de Ferraz hacen extensivo a todos los presidentes conservadores “el paradigma del Ventorro”, en alusión al restaurante en el que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, comió durante la DANA del 29 de octubre.
En esta línea, aluden a las “burradas” de los dirigentes del PP Elías Bendodo y Dolors Montserrat. “Política sucia”, zanjan. El pacto de Estado se antoja más que difícil.