Cruzó una frontera cuando Álvaro García Ortiz fue imputado por un presunto delito de revelación de secretos; lo mantuvo en el cargo cuando el juez lo situó a un paso del banquillo de los acusados, y ahora Pedro Sánchez deja ver que está dispuesto a seguir sosteniendo al procesado fiscal general del Estado hasta que haya juicio. Fuentes del Gobierno apoyarían hacerlo, incluso, hasta que haya sentencia.
El presidente del Gobierno revalidó su apoyo a García Ortiz en su última comparecencia antes del parón de verano, el martes, tras su despacho con el Rey en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca).”Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado”; “creemos en su inocencia”; “Cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”, afirmó el jefe del Ejecutivo.
Escasas horas antes, fuentes de Moncloa aseguraban que “sin duda” se puede mantener a García Ortiz en su cargo hasta que se abra juicio. Cuando se conoció el auto por el que la sala de Apelaciones del Tribunal Supremo rechazaba el recurso de García Ortiz, distintas voces del Ejecutivo defendieron mantener este respaldo, incluso, hasta que haya fallo. “Lo mantendría hasta la sentencia”, plantearon desde el Gobierno a Artículo14.
Para justificar sus posiciones, distintas voces del Ejecutivo se aferran ahora al voto particular del magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, el ponente inicial de la resolución conocida este martes.
Palomo defendió archivar la causa y rechazar la propuesta del instructor, Ángel Hurtado, al considerar que no hay suficientes indicios para juzgar a García Ortiz. Sus dos compañeros de Sala, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres son quienes han suscrito la resolución que le aboca a juicio. “No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”, sostiene el voto particular.
Y el Gobierno se aferra a este voto discrepante para intentar desmontar una causa que, desde el principio, consideran más que viciada. “Es un atropello”, denuncian a Artículo14. Nada, ni siquiera la constatación de que el fiscal general se sentará en el banquillo, han logrado hacer mella en el férreo apoyo que le han brindado hasta ahora. Dentro y fuera de cámara, reiteran su “respeto a la justicia”, y tratan de naturalizar que el máximo responsable de la Fiscalía, responsable de perseguir los delitos, haya sido procesado.
García Ortiz deberá responder por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador. La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció en ese mensaje que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal y exploró un acuerdo con el Ministerio Público.
El Gobierno, pero también sus aliados parlamentarios, incluso los que hoy se muestran más alejados (Podemos), hacen una clara distinción entre los frentes abiertos que afectan a La Moncloa. Están los casos judicializados que consideran devastadores, fundamentalmente el que mantiene en prisión provisional a Santos Cerdán, y en la categoría contraria se encuentra el que ha puesto en una delicadísima situación al fiscal general del Estado, que interpretan como una persecución al Ejecutivo.
Hace escasas semanas, un dirigente de peso en Sumar, la formación de Yolanda Díaz, iba más allá de lo que se atreven a verbalizar en el PSOE y en el Gobierno, aunque compartan la esencia de su advertencia: “El auto [que le situó al borde del banquillo] es un aviso de que por esas razones, sin indicios ni pruebas, pueden empurar a la caza mayor. Que es el presidente del Gobierno”, alertó.
Moncloa aterriza las palabras de Sánchez sobre los Presupuestos y sólo compromete que vayan a Consejo de Ministros
El lunes, en su rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez afirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026, después de dos ejercicios seguidos prorrogando las cuentas públicas de 2023, que vienen de la anterior legislatura. El presidente ya avisó de que no tiene intenciones de convocar elecciones si no logra aprobarlos, y señaló que seguirá apoyándose en los fondos europeos Next Generation, que consideró “otros Presupuestos”.
Este martes, fuentes de Moncloa han precisado que su compromiso se refiere, por el momento, a la presentación de estos números en el marco de su aprobación en Consejo de Ministros. Es decir, que el Ejecutivo no garantiza que vaya a llevarlos a la Cámara Baja, donde hoy no cuenta con los apoyos necesarios y asume que corre un alto riesgo de sufrir una durísima derrota.
“Como mínimo los traemos al Consejo de Ministros”, esquivan. El mensaje oficial, compartido también ante cámaras y micrófonos, es que no quieren “adelantar pantallas”. Aprobarlos en Consejo de Ministros no reviste de riesgo alguno, y únicamente depende de la voluntad política del Ejecutivo. Otra cosa es asumir su desembarco en la Cámara Baja, donde presumen de ganar el 86% de las votaciones, obviando que cuentan y recuentan cada posible voto antes de impulsar cualquier iniciativa. O que retrasan sine die las que tienen difícil salida, salvo que no quede más remedio que votar (fundamentalmente, las convalidaciones de decretos ley, que tienen un plazo tasado de 30 días).
Con la comparecencia de este martes, buena parte del Gobierno, con el presidente a la cabeza, inicia el ansiado periodo de vacaciones. Tras el estallido del caso Cerdán, Sánchez llegó a contemplar cualquier escenario, incluido “tirar la toalla”, según sus propias palabras. En sus filas saben que la capacidad de aproximarse a agotar la legislatura dependerá de los futuros hallazgos en las líneas de investigación abiertas, en especial la que afecta a sus dos exsecretarios de Organización (Cerdán y José Luís Ábalos). La intención es volar bajo radar durante semanas, y tratar de reponer fuerzas para lo que pueda venir en septiembre.