Yolanda Díaz cierra el curso con la aprobación de una versión rebajada de los permisos de natalidad y cuidados que lleva años exigiéndole al PSOE, pero con multa de Bruselas por el retraso en implementarlos. También presume del dato de los 22 millones de empleados como principales victorias políticas.
Y asume que tendrá que inaugurar el próximo año político con el impulso al estatuto del becario, que ya está en la rampa de lanzamiento al Consejo de Ministros. Y, especialmente, con el empujón definitivo a la ley de reducción de la jornada laboral, su norma estrella para esta legislatura.
Después de constatar que Junts per Catalunya mantendría su enmienda a la totalidad, que podía hacer descarrilar la ley, Díaz asumió que debía desdecirse y retrasar este debate hasta lograr un acuerdo con los de Carles Puigdemont. Ella es optimista, pero los suyos admiten que es una batalla sumamente difícil.
Sí logró que el estatuto del becario pasara por al Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en su penúltima reunión del curso. Y ahora necesita su aprobación en el Gabinete para poder llevar la norma al Congreso. Aún tiene pendiente, además, la reforma para encarecer el despido, que no retomará hasta 2026.
En septiembre, Sumar también aspira a que la Cámara Baja empiece a tramitar su ley para crear una agencia independiente contra la corrupción, una propuesta que llevaba meses orillada. Decidieron recuperarla tras el estallido del caso Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE que hoy duerme en prisión provisional. De hecho, exigen al PSOE que vote a favor de esta agencia.
El “reseteo” de la legislatura es hoy más necesario que nunca, a juicio de la vicepresidenta. Lo requiere tras un curso en el que ha tenido que tragarse el sapo de los 10.471 millones de euros de gasto extra para defensa, comprometidos por Pedro Sánchez para éste y para los próximos años.
Tiene el consuelo de que el presidente aspira a llegar a los objetivos de capacidades exigidos por la OTAN sin incrementar aún más la inversión en defensa. Y le ayuda a encajar el golpe que Sánchez promete no recortar gasto social para financiar este incremento.
Pero pasar de invertir el 1,4% al 2,1% del producto interior bruto (PIB) en defensa no es fácil de asumir. Este aumento alimentó el enfado de IU y llevó al límite a la coalición de Antonio Maíllo. Días después, IU amenazó con abandonar la coalición si no se suspendía el contrato millonario para adquirir balas a una empresa israelí, que finalmente acabó descartándose.
El golpe sobre la mesa fue determinante. Y se produjo, como asumen distintos dirigentes del espacio político, por la temeridad del Ministerio del Interior al seguir adelante con este contrato. Pero también porque la cohesión de la alianza de partidos Sumar es cada vez más frágil.
“Ya no es la Yolanda de 2023”
El liderazgo de Díaz se ha resentido, como aseguran distintos dirigentes. “Ya no es la Yolanda de 2023”, apostilla uno de ellos. La salida de Àgueda Micó (Compromís) del grupo parlamentario para pasarse al mixto, o los amagos de Vicenç Vidal (Més per Mallorca) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) reflejan esta pérdida de músculo, afirman.
Hace un año, en junio de 2024, Díaz decidió dimitir por el fiasco de las elecciones europeas, pero sólo dejó el timón de su partido, Movimiento Sumar. Y únicamente a título oficial, porque sigue mandando en su sector del Gobierno. De facto, sigue mandando en el conjunto del espacio. Lo que no está claro es si seguirá haciéndolo en el próximo ciclo político.
En los últimos meses de 2024, Díaz llegó a trasladar a otros dirigentes de los partidos de Sumar su deseo de volver a representar al espacio político en las futuras elecciones generales. Esta voluntad, confirmada por varios dirigentes, no se considera escrita en piedra. Su valoración como ministra ha ido cayendo, y hasta los últimos dos sondeos del CIS también lo ha hecho la expectativa de voto de su formación. En junio y en julio apenas han experimentado un leve repunte.
Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lleva meses siendo señalado como potencial sucesor, aunque ante las cámaras ningún dirigente quiera contemplar siquiera este escenario. “No lo veríamos con malos ojos”, bendice uno de ellos.
Bustinduy está usando todos los resortes de un Ministerio con limitadísimas competencias para sacar cabeza. La última semana de curso, la presión de Bustinduy sobre Airbnb logró la retirada de 65.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales, y su Ministerio redobló el pulso denunciando otras 55.000 más.
Además, tras meses de retrasos, la ministra de Sanidad, Mónica García, puede presumir del aterrizaje en el BOE del primer proyecto de ley impulsado por un Ministerio de Sumar: la Agencia Estatal de Salud Pública. Su partido, Más Madrid, lleva tiempo siguiendo de cerca las actuaciones de Bustinduy. Y el ministro, que no tiene carnet de partido, se ha dejado ver con ellos en algunas de sus actividades.
Díaz y Montero, incompatibles
Uno de los hándicaps de Díaz, más allá del desgaste, es su incompatibilidad manifiesta con Irene Montero, candidata de los morados a las próximas generales. En su día, la vicepresidenta ya la excluyó de la lista a las elecciones generales del 23-J, y la eurodiputada morada no olvida ni perdona.
La hostilidad de los morados hacia la fundadora de Sumar es indisimulada. Hace meses, la propia Montero señaló a Díaz como el mayor “error político” de los suyos. Se refería a su designación por Pablo Iglesias como líder de su espacio político.
La izquierda, también Podemos, sabe que la ley electoral les penalizará si concurren por separado y no agrupados en una misma candidatura, como en los últimos comicios. Su unión les sirvió entonces para salvar los muebles y reeditar la coalición. Pero los morados ignoran las peticiones de Sumar o de Izquierda Unida, favorables a forjar candidaturas de unidad en Andalucía y Castilla y León, donde se prevén los próximos comicios (antes de junio de 2026).
La unidad se antoja difícil en Castilla y León, donde Podemos tiene un solo procurador y según las encuestas lo perderá. El caldo de cultivo es distinto en Andalucía: allí siguen trabajando en un grupo parlamentario compartido, como lo hacen en los ayuntamientos de la mayoría de capitales de provincia de la región. El problema es que las direcciones territoriales no tienen CIF propio, y es la cúpula de Montero e Ione Belarra quien tiene las riendas en lo que respecta a los pactos.
IU fijó en junio el límite temporal para iniciar las conversaciones para configurar esta candidatura. Aunque la puerta sigue abierta para Podemos, desde la coalición de Maíllo advierten de que los morados tendrán que acatar las decisiones que hayan ido tomando los diferentes partidos hasta el momento en el que se decidan a dar este paso. Hace semanas, desde Podemos rechazaron plazos que no consideran fundados.
La llamada de Rufián: “Aprovechemos lo que le quede a esto”
El debate de la unidad es clave también a nivel estatal, y Díaz lo verbalizó por primera vez el 27 de enero. Redobló la presión a los morados en la Asamblea de Sumar (marzo), y desde entonces ha seguido reiterando estos llamamientos.
También ha cargado contra Podemos por su decisión de votar contra el real decreto ley antiapagones en el Congreso de los Diputados, contribuyendo a que descarrilara la norma. En su espacio político acusan reiteradamente a los morados de abusar del “lanzallamas”. Y, aunque no confían en que realmente deseen pactar -“quieren comerse a Sumar”-, sí aceptan que la unidad es necesaria.
En Podemos, centrados en distanciarse del Gobierno, en desgastarlo y marcar posición propia con Palestina o contra la “espiral belicista” del incremento del gasto militar, cierran la puerta a este entendimiento. No es el momento de hablar estos temas, sostienen. Por un lado, dan por “muerta” la legislatura, y por otro lanzan recados a IU para que elija entre ellos y Sumar.
El último en apuntarse al discurso de la unidad de las izquierdas fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara Baja. Hay dirigentes de Sumar que consideran “humo” su llamada al entendimiento, y sólo la entienden desde la premisa de que Rufián tiene poco futuro político en su partido. “Está fuera”, asumen.
Públicamente, Díaz ha recogido el guante. La distancia política y personal con Rufián es enorme desde su enfrentamiento en la negociación de la reforma laboral. Sin embargo, Díaz y el portavoz de ERC han acabado coincidiendo en algunos de sus mensajes más destacados en estas semanas.
El primero es esa llamada a la unidad de las izquierdas como única opción de no ser arrollados electoralmente por PP y Vox. Y el segundo es la advertencia de Rufián de que la legislatura, que ya nació frágil, está herida de gravedad tras el caso Cerdán. “Aprovechemos el tiempo que le quede a esto”, reclamó en los pasillos del Congreso en junio.
Díaz sabe que si no sacan el mayor partido posible al BOE para impulsar políticas sociales, directamente no tendrán la menor opción de reeditar el Gobierno. Las encuestas descartan desde hace mucho que tengan opciones de lograrlo, pero ella lo fía todo a estas políticas. Como fía su futuro a la reducción de jornada, aunque el pesimismo empiece a calar entre los suyos.